Con el reloj en contra y un sistema de transporte al borde de la parálisis, la junta directiva de Metrolínea se reunirá este miércoles para comenzar a diseñar un plan de contingencia temporal, luego de que el Gobierno nacional negara la solicitud de liquidación presentada por los alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga.

La decisión del Ejecutivo, que ostenta el 70% de la participación accionaria en el ente gestor, desarmó por completo la hoja de ruta planteada por las autoridades locales para reestructurar el sistema de transporte masivo y avanzar hacia un modelo más eficiente y sostenible. La negativa fue impuesta por los ministerios de Transporte y Hacienda, pese al reconocimiento formal de que Metrolínea es inviable financieramente.

«Nos tocó empezar de cero», reconoció el alcalde Jaime Andrés Beltrán, quien señaló que la discusión de este miércoles buscará acordar medidas transitorias que permitan mantener el mínimo funcionamiento del sistema mientras se concreta una solución de fondo.

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«Nos tocó retomar de cero y con el Gobierno garantizar no solamente poder idear un mecanismo transicional, mientras la consultoría nos da cual es el nuevo modelo de transporte masivo, si es un monorriel, un metro, o si son buses eléctricos como lo dijo alguna vez el presidente Petro cuando se hablaba de lo que pasaba con la movilidad en Bucaramanga«, aseguró Beltrán.

La administración local descarta de plano el uso de buses convencionales dentro del carril exclusivo, debido a las restricciones físicas de las estaciones y la configuración de las puertas de acceso. «Lo que sí esperamos es que esos buses complementarios puedan seguir trayendo usuarios a la troncal, como parte de una integración mínima mientras resolvemos el futuro del sistema», explicó Beltrán.

El panorama es crítico: este sábado vence el contrato con el único operador actual, Metrocinco Plus, que hoy apenas opera con dos vehículos. Además, Metrolínea arrastra una deuda que supera los $519 mil millones solo por concepto de fallos judiciales, y no ha recibido aportes financieros de ninguno de los municipios socios durante lo corrido del año.

El Gobierno argumentó que su decisión se fundamenta en preservar la institucionalidad y explorar salidas técnicas, pero para los mandatarios del área metropolitana la situación es insostenible. Incluso, se estudia interponer acciones judiciales por lo que consideran un abuso de mayoría en la Asamblea de Accionistas, al imponer una postura que contradice la voluntad de las autoridades territoriales.

La renuncia del gerente Emiro Castro, quien dejará su cargo el próximo 27 de abril, fue la más reciente señal del profundo desgaste institucional del sistema. Castro advirtió que mantenerse en el cargo podría poner en riesgo su tarjeta profesional, ante la imposibilidad de tomar decisiones frente a un sistema quebrado.

El tiempo corre y la presión aumenta. El Concejo de Bucaramanga le dio al alcalde plazo hasta el 29 de mayo para com pletar el proceso de liquidación, pero tras el veto del Gobierno, la ciudad quedó atrapada en un limbo administrativo, sin operador, sin recursos y sin un rumbo claro. La reunión de este miércoles será apenas el primer intento por salir de esta encrucijada.