El drama vial que enfrenta la región llegó a los estrados judiciales. El Juzgado Quinto Administrativo de Bucaramanga admitió una acción de tutela que exige al Gobierno nacional restablecer la movilidad en las carreteras que conectan a Bucaramanga con Bogotá y al sur del departamento, especialmente la Transversal del Carare, hoy gravemente afectadas por derrumbes, hundimientos y falta de mantenimiento, en un verdadero colapso vial en Santander.
La tutela, presentada por el abogado Sergio Arenas, en representación de la Fundación Ciudadano Metropolitano, busca proteger los derechos fundamentales a la vida, salud, locomoción y seguridad de miles de personas afectadas por el colapso de la Ruta Nacional 45A y la Transversal del Carare, especialmente entre Landázuri y Barbosa.
El despacho judicial ordenó requerir a más de una docena de entidades, entre ellas el Ministerio de Transporte, el Invías, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), para que en un plazo máximo de dos días informen qué medidas han adoptado frente a la emergencia vial.
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El juzgado también pidió aclarar si alcaldías y líderes comunales habían advertido con anterioridad sobre el deterioro de las vías y si esas alertas recibieron respuesta o fueron ignoradas por el Gobierno.
De acuerdo con el abogado Arenas, la crisis vial “no solo está afectando el tránsito y la economía, sino poniendo en riesgo la vida de comunidades enteras que quedaron aisladas por los derrumbes y sin acceso a servicios básicos como salud o educación”.
Esta acción judicial se suma a la presión que las comunidades del sur y occidente de Santander vienen ejerciendo desde hace meses, ante la ausencia de soluciones estructurales. Líderes locales han solicitado la intervención urgente de la Ruta de los Comuneros y la reactivación controlada de los peajes suspendidos para financiar parte de las reparaciones.
El panorama más crítico se vive en la Troncal del Carare, donde un deslizamiento destruyó más de tres kilómetros de vía entre Vélez y Landázuri, dejando incomunicadas varias veredas y forzando la reubicación de al menos 90 familias.
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Según el director departamental de Gestión del Riesgo, Eduar Jesús Sánchez, el terreno continúa inestable y existe riesgo de que el río Quirata cambie su cauce. “Estamos verificando si el agua se está filtrando por debajo del terreno, lo que podría generar una nueva emergencia o una avenida torrencial”, explicó.
Ante el colapso, el Invías y la Gobernación de Santander acordaron tres medidas inmediatas: habilitar rutas alternas, reforzar puentes y alcantarillas para el paso de vehículos livianos y garantizar ayuda humanitaria a las familias afectadas.
Una de las rutas propuestas conecta los municipios de Landázuri, Palo Blanco y Bolívar, aunque se encuentra en malas condiciones. Por ahora, esta vía será clave para restablecer el transporte de alimentos, el desplazamiento de estudiantes y la atención de emergencias médicas.
Mientras tanto, las comunidades esperan que el pronunciamiento judicial obligue al Estado a tomar acciones de fondo y no solo medidas temporales, pues la crisis vial de Santander ya se traduce en pérdidas económicas, desabastecimiento y un creciente malestar ciudadano.
