En un golpe jurídico que altera por completo el reordenamiento administrativo impulsado por el alcalde designado, Javier Sarmiento Olarte, el Juzgado Quinto Administrativo Oral de Bucaramanga ordenó suspender temporalmente los actos con los que fueron declarados insubsistentes 16 funcionarios entre secretarías, subsecretarías, asesorías y direcciones.
La juez concluyó que las decisiones violaron de manera directa la Ley de Garantías Electorales, la cual —según la providencia— entró en vigencia en Bucaramanga desde el 14 de octubre, fecha en la que la Registraduría fijó el calendario de las elecciones atípicas del 14 de diciembre.
La determinación responde a una acción popular presentada por el ciudadano Andrés Felipe Parra Rivera, quien advirtió que los cambios realizados por la administración en noviembre representaban un riesgo para la moralidad administrativa y el patrimonio público en plena contienda electoral.
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El punto de choque: cuándo comenzó la Ley de Garantías
La juez Andrea Catalina Serrano Arenas fue enfática en que la restricción de modificar la nómina comenzó el 14 de octubre, cuando la Registraduría Nacional publicó el calendario electoral.
Esto contradice la postura del alcalde designado Javier Sarmiento, quien sostuvo públicamente que la Ley de Garantías solo empezaría a regir el 15 de noviembre, cuatro semanas antes de la elección atípica.
El fallo señala que, al tratarse de una elección extraordinaria y no del calendario regular, la fecha determinante no es el tradicional conteo de cuatro meses previos, sino el día en que el proceso electoral fue oficialmente convocado. Desde entonces, cualquier cambio en la nómina —incluidas insubsistencias— queda prohibido, salvo excepciones expresas que no aplicaban en ninguno de los 16 casos.
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Los 16 funcionarios que deben ser restituidos
Estos son los funcionarios cuyos actos de insubsistencia quedan suspendidos y deberán volver a sus cargos mientras avanza el proceso judicial:
- Ana María Vargas, secretaria administrativa
- Alix Cecilia Chinchilla Rueda, secretaria de Educación
- Iván Darío Torres Alfonso, secretario de Desarrollo Social
- Paola Andrea Mateus Pachón, secretaria Jurídica
- Stephany Soto Gómez, subsecretaria del Interior
- Liliana Serrano Henao, subsecretaria de despacho (dependencia no especificada en el fragmento)
- Rosemberg Sanabria Vesga, subsecretario de Salud
- Carlos Javier Méndez Suárez, subsecretario de Infraestructura
- Manuel Eduardo Parada Rueda, asesor del despacho del alcalde
- Diego Alonso Reyes Patiño, asesor del despacho del alcalde
- Neyla Soleidy Parra Suárez, asesora del despacho
- Jaime Andrés Otero Mantilla, asesor del despacho
- Wilson Andrés Díaz Hernández, asesor del despacho
- Diego Orlando Rodríguez, director del Cuerpo de Bomberos
- César Augusto Cordero Cáceres, gerente del Invisbu
- Edna Liliana Díaz Murillo, tesorera general
Todos ellos ocupaban cargos de libre nombramiento y remoción, pero ninguno de los actos de insubsistencia cumplía con las excepciones permitidas en época preelectoral (muerte, renuncia irrevocable o aplicación de carrera administrativa). Tampoco, según la juez, existía motivación excepcional que justificara una desvinculación en plena vigencia de la Ley de Garantías.
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El argumento central: la moralidad administrativa
La providencia advierte que las 16 insubsistencias —expedidas todas entre el 6 y 7 de noviembre por un alcalde encargado temporal— podrían vulnerar el derecho colectivo a la moralidad administrativa, pues fueron decisiones “rápidas, concentradas y adoptadas por un mandatario transitorio” en un contexto electoral sensible.
El despacho judicial considera que permitir su ejecución podría afectar la transparencia, la neutralidad del aparato estatal y la igualdad entre los candidatos que aspiran a suceder a Jaime Andrés Beltrán, cuya elección fue anulada por doble militancia.
La decisión choca directamente con la reciente reestructuración anunciada por Javier Sarmiento, quien posesionó 14 funcionarios esta semana para estabilizar la administración mientras se elige al nuevo alcalde. Con la suspensión judicial, ese proceso queda parcialmente en pausa.
La juez determinó que la medida cautelar era urgente, pues si el fallo de fondo llegaba después de la elección del 14 de diciembre, la protección de los derechos colectivos perdería efecto. Por eso ordenó la suspensión inmediata de los 16 actos administrativos cuestionados. El fallo ya fue notificado y deberá ser cumplido de inmediato por la Alcaldía.
El alcalde designado de Bucaramanga, Javier Sarmiento Olarte, reaccionó al fallo del Juzgado Quinto Administrativo Oral asegurando que la decisión judicial “no tiene efectos inmediatos” y que la Alcaldía activará los mecanismos legales para controvertir la medida.
Sarmiento insistió que la ley otorga al alcalde la facultad de nombrar y retirar a los funcionarios de libre nombramiento y remoción, por lo que insistió en que las insubsistencias se ajustaron a las competencias del nominador. “Estos cargos pueden ser conformados y relevados a discreción”, señaló.
El mandatario interino también anunció que la Alcaldía ejercerá los recursos procesales disponibles para defender su actuación y garantizar, según dijo, “los derechos colectivos en cabeza de los ciudadanos”. Mientras tanto, precisó que la decisión judicial debe surtir los trámites legales antes de entrar en vigencia.
“Hasta tanto, la administración no se detiene”, afirmó Sarmiento, indicando que la prestación de los servicios públicos y el funcionamiento de las dependencias continuarán con normalidad. Además, sostuvo que no existe “el menor indicio” de afectación al derecho colectivo de la moralidad administrativa, como lo advirtió la juez en su fallo.
