El limbo en el que se encuentra el proceso de elección de nuevo contralor de Santander, que ya debió ser escogido por la Asamblea departamental pero continúa frenado por demandas, recusaciones y peleas políticas, terminó siendo el escenario propicio para que un megacontratista regional lograra poner sus fichas en el organismo de control fiscal y aumentara su poder, con las complejidades y riesgos que esto significa.
Una medida cautelar concedida por el Tribunal Administrativo de Santander, que mantiene suspendido desde octubre el proceso de elección del próximo contralor, y varias jugadas políticas y burocráticas, tienen hoy como cabeza del control fiscal del departamento, en encargo, a la abogada María Alejandra Ramírez, quien hace parte del círculo familiar del empresario Julián Serrano Gómez, actualmente considerado uno de los más poderosos contratistas de Santander.
En este informe METROPOLITANO detalla cómo alianzas secretas, movimientos burocráticos y traiciones terminaron siendo determinantes para la llegada de la actual contralora encargada y de paso una oportunidad para el súper contratista, reconocido en el mundo político local como un gran financiador de campañas e influyente en varias alcaldías que, al parecer, busca ampliar su poder.
Justamente, todo este ajedrez político propició un duro pulso con el gobernador Juvenal Díaz.
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CONTEXTO: Suspenden elección de contralor de Santander tras demanda de polémico abogado
Mientras el proceso judicial que no ha permitido la elección del contralor para los próximos cuatro años sigue a paso lento, en medio de tutelas y recusaciones en el Tribunal Administrativo de Santander, la entidad que debe garantizar el control fiscal en el departamento continúa en interinidad y con la sombra del contratista.
Alianzas secretas, movimientos burocráticos y traiciones terminaron siendo determinantes para la llegada de la actual contralora encargada y una oportunidad para el súper contratista
El acuerdo
Aunque la elección de Reynaldo Mateus a finales de 2023 como contralor departamental de Santander se dio gracias al respaldo que tuvo de Juvenal Díaz, en ese momento gobernador electo, quien pudo influir a su favor en la Asamblea, esa relación política comenzó a resquebrajarse pocos meses después cuando el propio Mateus declaró insubsistente en el cargo de contralora auxiliar a Ana Milena Beltrán, pareja sentimental del entonces jefe jurídico de la Gobernación, Alexander Robledo.
Aunque funcionarios cercanos al gobernador, como Andrés Harker, continuaron vinculados a la entidad y las cuotas se respetaban, en los últimos meses del 2025, ya con sus días contados tras no haber podido atornillarse al cargo con maniobras legales, el excontralor Reynaldo Mateus realizó varias jugadas administrativas para abrir el camino a la llegada de la actual contralora encargada, por supuesto, con el respaldo del empresario Serrano.
La contralora encargada, María Alejandra Ramírez, es esposa de Óscar Julián Moreno Hernández, primo de Diana Carolina Sanabria Hernández, esposa de Julián Serrano.
Al interior de la Contraloría departamental se habla de un acuerdo tipo enroque: Serrano ponía sus fichas en el organismo de control regional y Mateus tendría un empujón para llegar a la Contraloría de Floridablanca, municipio donde el megacontratista tiene gran influencia por una muy cercana relación con el alcalde José Fernando Sánchez.
CONTEXTO: La pelea jurídica del contralor Reynaldo Mateus por quedarse cuatro años en el cargo

La primera movida de la alianza Mateus – Serrano se dio a comienzos de diciembre del año pasado cuando el entonces contralor declaró insubsistente a Andrés Augusto Harker, quien se desempeñaba como contralor auxiliar departamental. Harker era reconocido dentro de la entidad como cercano al gobernador Juvenal Díaz.
Ya la relación de Reynaldo Mateus con el mandatario estaba completamente fracturada, incluso había pasado al enfrentamiento, por lo que el saliente contralor se aseguró de que ante la inminente interinidad, ninguna cuota del gobernador quedara al frente de la entidad.
Las normas disponen que cuando hay falta absoluta del cargo de titular, es el contralor auxiliar del departamento quien debe asumir provisionalmente.

Días después, el 12 de diciembre de 2025, el entonces contralor Mateus expidió la Resolución 969, mediante la cual nombró en comisión a Javier Steve Maluendas García como subcontralor y en encargo de las funciones de Harker.
Maluendas es abogado con alta formación, profesional de carrera administrativa, pero su trabajo se ha concentrado principalmente en desarrollar comisiones y participar en concursos de méritos en municipios como Girón y Bucaramanga.
En su hoja de vida se destaca que a finales de 2023 la entonces procuradora general, Margarita Cabello, lo nombró en la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Bucaramanga.
En su labor como procurador Maluendas tuvo en sus manos investigaciones contra mandatarios y funcionarios en el área metropolitana de Bucaramanga como por ejemplo el proceso disciplinario IUS-E-2024-197016, mediante el cual la Procuraduría Provincial formuló cargos al alcalde de Floridablanca, José Fernando Sánchez, por presuntas irregularidades en el nombramiento y posesión de Karol Mishelle Contreras, (nuera del actual congresista santandereano Luis Eduardo Díaz Mateus) como secretaria de Turismo de Floridablanca, al parecer sin cumplir con requisitos.
la relación de Reynaldo Mateus con el GOBERNADOR estaba completamente fracturada, incluso había pasado al enfrentamiento
Aunque el llamado a juicio disciplinario en el caso del alcalde se dio en mayo de 2024, año y medio después el proceso tenía pocos avances en la Procuraduría Provincial, dirigida por Maluendas, de hecho, luego de que el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, lo declaró insubsistente el proceso tuvo avances. El pasado 16 de diciembre la Procuraduría expidió el auto que ordena dar traslado del expediente para los alegatos de conclusión previo al fallo en primera instancia.


La contralora y Serrano
La segunda movida para garantizarle el poder al megacontratista Julián Serrano en la Contraloría regional se dio en vísperas de Navidad cuando el entonces contralor Reynaldo Mateus, a través de la Resolución 1010 del 23 de diciembre de 2025, nombró a María Alejandra Ramírez Ayala como contralora auxiliar de Santander en propiedad, dando por terminado el encargo de Maluendas en dicho cargo.
Ramírez Ayala venía de fungir como funcionaria de la Personería de Floridablanca, a donde se dice había llegado con apoyo del alcalde José Fernando Sánchez y el empresario Julián Serrano Gómez.

María Alejandra Ramírez es esposa de Óscar Julián Moreno Hernández, primo de Diana Carolina Sanabria Hernández, esposa de Julián Serrano.
La relación familiar y gran cercanía entre el contratista Serrano y la contralora encargada queda en evidencia en las redes sociales del fiscal Óscar Julián Moreno Hernández en las que se ven fotografías de frecuentes encuentros y eventos familiares.
Moreno Hernández es fiscal delegado ante los jueces del Circuito de Bucaramanga.
Consultada por METROPOLITANO, la actual contralora encargada, María Alejandra Ramírez, negó que su llegada a la entidad haya sido por influencia o tenga que ver con su cercanía con el megacontratista Julián Serrano, aseguró que fue escogida por su hoja vida y perfil profesional.
María Alejandra Ramírez es esposa de Óscar Julián Moreno Hernández, primo de Diana Carolina Sanabria Hernández, esposa de Julián Serrano.

El nombramiento de Mateus
En medio de toda esta historia de movimientos de poder, el 29 de diciembre el excontralor Reynaldo Mateus fue nombrado jefe de la Oficina de Control Interno de la Alcaldía de Floridablanca para el periodo 2026 – 2029.
Esta designación no deja de llamar la atención teniendo en cuenta la estrecha relación del contratista Serrano con el alcalde Sánchez.
Según el acto administrativo, Mateus cumplió con todos los requisitos académicos, experiencia en asuntos de control y las competencias para asumir el cargo de jefe de control interno de la Alcaldía, el cual quedaba en vacancia desde el primero de enero.
Con base en el más reciente escalafón salarial establecido por el Gobierno nacional en junio de 2025, a través del Decreto 610, Mateus ahora tendrá un salario superior a los $10 millones mensuales.

El 29 de diciembre el excontralor Reynaldo Mateus fue nombrado jefe de la Oficina de Control Interno de la Alcaldía de Floridablanca
La molestia del gobernador
El nombramiento de María Alejandra Ramírez como contralora encargada de Santander cayó muy mal en la Gobernación de Santander pues no solo impidió la llegada al cargo a Andrés Harker, ficha del gobernador Juvenal Díaz, sino que además terminó siendo una amenaza para el propio mandatario ya que la Contraloría departamental es la encargada de auditar a su gobierno.

La molestia de Díaz por las jugadas burocráticas de Reynaldo Mateus y Julián Serrano fue tal, que según confirmaron cinco fuentes dentro de la administración departamental a METROPOLITANO, después de las festividades de Año Nuevo se presentó una fuerte discusión entre el gobernador y el excontralor Mateus en la que se hicieron duros señalamientos.
A lo anterior se suma la distancia que en los últimos días marcó el alcalde de Floridablanca con el gobierno departamental tras la decisión de la Lotería de Santander de reactivar el parque Acualago como una atracción turística acuática (recuperando los toboganes y piscinas), y no con el enfoque de revivir el tradicional parque El Lago con las atracciones mecánicas por las que fue reconocido.
El alcalde Sánchez manifestó públicamente su molestia porque venía trabajando en su promesa de campaña sobre el escenario y ahora no iba a ser viable.
La puja ahora pasó al escenario electoral pues desde la gobernación se está promoviendo la candidatura del coronel en retiro Guillermo Blanco, como candidato a la Cámara de Representantes (Partido Conservador), mientras que Julián Serrano y su grupo promueve la aspiración del exalcalde Mario José Carvajal, también candidato a la Cámara pero por el Partido Liberal.
METROPOLITANO intentó comunicarse en varias oportunidades con el contratista Julián Serrano pero no fue posible la comunicación.
El poder de Serrano
Julián Serrano Gómez es reconocido hoy en círculos políticos y empresariales de Santander como un megacontratista del sector de infraestructura, desarrollador de grandes proyectos de alcantarillado, de hecho, es el operador de la planta de tratamiento de lixiviados en el relleno sanitario El Carrasco, entre otros grandes negocios en la región.
Su historia en la contratación pública comenzó de la mano del criticado político y empresario Fredy Anaya Martínez pero después terminaron apartándose.
Serrano Gómez es recordado por haber logrado millonarias licitaciones para grandes proyectos en el gobierno del exalcalde de Bucaramanga Luis Francisco Bohórquez, como la construcción del intercambiador de la avenida Quebradaseca.
También ha estado involucrado en la contratación con la empresa de servicios públicos de Santander, Empas, la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb, la Gobernación de Santander y los municipios de Piedecuesta y Floridablanca donde, entre otros contratos, logró la concesión del Parque Internacional del Parapente por 20 años, en un polémico proceso.

Serrano es además un jugador electoral, reconocido financiador de campañas. En 2023 terminó siendo un ganador político pues candidatos que apoyó en municipios como Floridablanca y Piedecuesta, entre otros, fueron elegidos.
En el caso de Floridablanca, José Fernando Sánchez, su amigo personal, fue el triunfador a pesar de la maquinaria que tenía el hoy concejal de la oposición, Sergio Eduardo Flechas, primo del exalcalde Miguel Ángel Moreno.
El poder e influencia del megacontratista en Floridablanca fue público en las recientes ferias y fiestas del municipio, pues en eventos y conciertos se le vio disfrutando en el entorno del alcalde Sánchez.
Uno de los últimos grandes contratos de Serrano fue por más de $22 mil millones en la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja para construir el Centro Educativo San Marcos, en el tradicional corregimiento en El Llanito, en un proceso criticado porque terminó con único oferente y fue adjudicado a través del fondo mixto Foncolombia, ‘contratadero’ escogido por el alcalde Jonathan Vásquez.
Serrano es además un jugador electoral, reconocido financiador de campañas.
Alcalde Sánchez se desmarca
Consultado por METROPOLITANO, el alcalde de Floridablanca, José Fernando Sánchez, negó que sus decisiones o nombramientos tengan alguna relación con las movidas políticas en la Contraloría departamental a finales del año pasado.
Según el mandatario, su relación personal con el empresario Julián Serrano, de hace más de 20 años, no tiene nada que ver con sus decisiones administrativas.
“Julián es más que mi amigo, lo considero un hermano, y lo he manifestado públicamente, nunca voy a negar una amistad. Desde hace más de 20 años lo conozco, él conoce a mí familia y yo conozco la suya, sin embargo, ni él tiene injerencia en la administración municipal ni yo conozco ni influyo en sus negocios”, afirmó el alcalde.

Sánchez asegura que la designación del excontralor Reynaldo Mateus como jefe de Control Interno de la Alcaldía de Floridablanca no tiene nada que ver con las movidas políticas en la Contraloría de Santander.
“La convocatoria para jefe de Control Interno es por ley, fue abierta, se presentaron 15 aspirantes, el proceso lo adelantó la Agencia de Empleo de Cajasan, al final la mejor hoja de vida fue la de Mateus, quien había sido jefe de Control Interno en la Cdmb y contralor, pero eso nada tiene que ver con lo que pasó en la Contraloría, allá el nominador es el Contralor y en la Personería es el Personero, no yo”, respondió el alcalde Sánchez.
Dijo enfáticamente que no tuvo nada que ver con la llegada de María Alejandra Ramírez a la Contraloría de Santander.
Por otro lado, desestimó que su oposición a la reactivación del parque acuático de Acualago como lo planteó la Lotería tenga algún interés político, más allá de respetar las promesas que le hizo a la comunidad en campaña, devolverle a los florideños el tradicional parque El Lago.
Demandas y recusaciones
La demanda de nulidad simple en contra de la Resolución 077 de 2025, por medio de la cual se convocó la elección del cargo de contralor departamental de Santander fue instaurada por el polémico abogado Carlos Guevara, el mismo que logró tumbar la elección de Fredy Anaya como contralor de Santander por irregularidades en el proceso de elección.
Según la demanda, la Asamblea de Santander se extralimitó en sus funciones al exigir requisitos que no existen en la norma, situación que viciaría de legalidad todo el proceso de elección de Contralor departamental.

En octubre pasado, con ponencia de la magistrada Claudia Patricia Peñuela, el Tribunal Administrativo de Santander admitió la demanda contra la convocatoria para elección de contralor departamental y concedió la medida cautelar elevada por la parte demandante, razón por la cual, el proceso quedó suspendido provisionalmente, al menos hasta que exista un fallo definitivo.
Aunque en su solicitud de la medida cautelar el demandante argumentó por lo menos tres inconsistencias en el proceso de elección, el Tribunal solo concedió la medida por infringir las disposiciones constitucionales y legales al exigir requisitos generales y mínimos de experiencia no contemplados en la ley.
«A juicio del despacho el requisito de haber ejercido funciones públicas en un lapso no menor a dos años dista de la exigencia contemplada por la Asamblea en el acto administrativo cuestionado, toda vez que lo plasmado en dicha resolución, daría lugar a que se certifique experiencia dentro de la administración pública que propiamente no comporta el ejercicio de funciones públicas«, se lee en el auto de la magistrada Peñuela.
Dicha medida cautelar no fue ratificada por el Consejo de Estado que consideró que la suspensión provisional debía ser aprobada por la sala en pleno del Tribunal y no únicamente por la magistrada ponente.
A pesar de que el expediente fue devuelto al tribunal, el trámite judicial se volvió a interrumpir ya que el demandante recusó a todos los diputados, razón por la cual el proceso de elección ahora está suspendido hasta tanto la Procuraduría Regional decida de fondo la recusación contra los corporados y que el Tribunal no tome una decisión con respecto a la solicitud de medida cautelar solicitada por el demandante, Carlos Guevara.
EN OCTUBRE PASADO El Tribunal Administrativo de Santander admitió la demanda contra la convocatoria para elección de contralor departamental

Hasta que esto no suceda, el proceso de elección del nuevo contralor de Santander continuará suspendido y la abogada María Alejandra Ramírez, del círculo familiar del contratista Serrano, seguirá como contralora encargada de Santander con todas las facultades que el cargo le concede para auditar a la Gobernación y todas las entidades descentralizadas del departamento.
La magistrada ponente de la demanda de nulidad que tiene frenada la elección del nuevo Contralor es Claudia Peñuela, esposa del exalcalde de Girón, Luis Alberto Quintero.
En el proceso de selección del nuevo contralor para el periodo 2026 – 2029, está siendo liderado por Ana Milena Beltrán, esposa del exjefe jurídico de la Gobernación, Alexander Robledo, funcionario de confianza del gobernador Juvenal Díaz y actual gerente de la campaña al senado del representante, Luis Eduardo Díaz Mateus.
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