El golpe fue seco. Una caída en bicicleta que, para cualquier niño de siete años, habría significado apenas un susto y quizá un moretón. Pero para Kevin Torres, un niño santandereano con hemofilia, fue el inicio de una hemorragia que su cuerpo no pudo detener. Murió días después y en su sepelio, en Charalá, centenares de personas le dieron el último adiós.
Su familia asegura que la tragedia pudo evitarse: desde noviembre pasado, la Nueva EPS no le estaba suministrando el medicamento esencial para controlar su enfermedad.
Kevin Torres creció sabiendo que su sangre necesitaba ayuda para coagular. La hemofilia, un trastorno genético que impide que el organismo detenga adecuadamente las hemorragias, hacía parte de su historia familiar. No estaba solo en ese diagnóstico: cuatro de sus parientes también la padecen.
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Durante años, el tratamiento le permitió tener una infancia activa. Montaba bicicleta, jugaba, corría. Tal como lo recuerda su tío, Sergio Torres, de 40 años, quien también vive con la misma condición y que asegura que, gracias al medicamento, pudo llevar una vida normal en el campo santandereano.
Pero a finales de 2025, algo cambió. Según la familia, desde el 2 de diciembre dejaron de recibir el medicamento. En el caso de Kevin, la interrupción del tratamiento se extendió por cerca de dos meses. El 31 de diciembre, les informaron que el contrato con la IPS que los atendía en Huila, donde vivían, había finalizado.
“Nos dicen que esperemos, que no hay contrato, que no hay medicamento”, relata Sergio. Él y su hermano gemelo completan más de 70 días sin tratamiento. Su primo de 10 años y un sobrino de 30 meses también están en la misma situación. Todos afiliados a la misma EPS, todos con la misma incertidumbre.
Expertos en hemofilia han señalado que una hemorragia interna tras un golpe puede ser controlable si el paciente recibe oportunamente el factor de coagulación. Sin ese soporte, el riesgo aumenta de forma crítica.
Tras la muerte de Kevin, el caso tomó relevancia nacional. Diferentes medios de comunicación recogieron la denuncia de la familia y el debate escaló al plano político. Desde el Gobierno se hicieron declaraciones que desataron polémica, luego de que se sugiriera que la responsabilidad podría recaer en el entorno familiar.
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Las palabras del presidente Gustavo Petro y del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, generaron reacciones encontradas. Mientras desde el Ejecutivo se plantearon cuestionamientos sobre el manejo del caso, la familia insiste en que el menor llevaba meses sin recibir el medicamento que necesitaba para vivir.
La Nueva EPS, en medio de la controversia, ha sido señalada por los parientes de Kevin como responsable de la interrupción del tratamiento. La entidad atraviesa un momento complejo en el debate nacional sobre el sistema de salud, lo que ha intensificado el escrutinio público sobre este caso.
Sergio recuerda que ni siquiera en los momentos más duros de la pandemia les faltó el medicamento. “Nos lo llevaban hasta la zona rural”, afirma. Por eso, asegura que jamás imaginaron que la escasez llegaría justo ahora.
La historia de Kevin no solo expone el drama de una familia marcada por una condición genética, sino también el temor de quienes hoy siguen esperando el mismo tratamiento que a él le fue negado. Cuatro vidas más dependen de una entrega que no llega.
Mientras el país debate responsabilidades y el caso se convierte en símbolo de la crisis del sistema, en Santander una familia guarda una bicicleta que quedó inmóvil y un vacío que, dicen, pudo evitarse con una dosis a tiempo.
