El general (r) Rodolfo Palomino, uno de los oficiales más influyentes en la historia reciente de la Policía Nacional y oriundo del municipio de Bolívar, Santander, cumple sus primeros días privado de la libertad. El exdirector de la institución, condenado por tráfico de influencias, permanece recluido en una casa fiscal de la Escuela de Posgrados de Policía Miguel Antonio Lleras Pizarro, en el norte de Bogotá.

Palomino, quien llegó por voluntad propia a la Fiscalía para acatar la orden de captura, enfrenta así el capítulo más difícil de una carrera de 38 años marcada por altos reconocimientos, liderazgos estratégicos y una amplia exposición pública. Su condena lo convierte en el segundo director de la Policía en ir a prisión.

La Corte Suprema determinó que el hoy general en retiro intervino de manera ilegal para obstaculizar la captura del ganadero Luis Gonzalo Gallo Restrepo, investigado por delitos graves como enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y lavado de activos, y señalado de haber adquirido predios despojados por el ‘clan Castaño’ en Córdoba.

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El episodio clave ocurrió el 8 de febrero de 2014, cuando Palomino visitó sin conducto formal el apartamento de la fiscal del caso, Sonia Lucero Velásquez, el mismo día en que se habían expedido las órdenes de captura contra Gallo. Aunque no pidió abiertamente archivar el proceso, la fiscal aseguró sentirse “intimidada” por la presencia del alto oficial, quien destacó la supuesta honorabilidad del ganadero y sus conexiones con figuras de alto nivel, entre ellas el expresidente Andrés Pastrana.

La sentencia contrasta con la trayectoria ascendente del general, quien nació en una familia campesina en Santander e ingresó a la Escuela de Cadetes en 1978. A lo largo de su carrera acumuló 95 condecoraciones, 110 felicitaciones y ocupó cargos de máxima responsabilidad, como comandante de la Metropolitana de Bogotá, director de Tránsito y Transporte y, finalmente, director general de la Policía entre 2013 y 2016.

Durante su servicio, Palomino obtuvo visibilidad por operaciones contra el paramilitarismo, especialmente por su testimonio en el caso del excongresista Álvaro ‘Gordo’ García, condenado por la masacre de Macayepo. Sin embargo, también enfrentó controversias que empañaron su legado. Su salida del cargo en 2016, en medio del escándalo de la llamada “comunidad del anillo”, marcó el inicio del declive de su figura pública.

Tras su retiro, la Procuraduría lo destituyó e inhabilitó por 13 años en 2021, señalando presiones indebidas sobre un subalterno en medio de denuncias de acoso. Paralelamente, el exdirector mantiene una demanda contra el Estado en la que reclama $12.000 millones por daños a su buen nombre, de acuerdo con un informe publicado por el diario El Tiempo.

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La reclusión de Palomino se cumple en un espacio históricamente reservado para altos oficiales y figuras de la justicia, entre ellas el también exdirector de la Policía William René Salamanca y, actualmente, la fiscal general Luz Adriana Camargo.

Mientras avanza su permanencia en la Escuela de Posgrados, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema realizó la audiencia de lectura formal del fallo, requisito indispensable para activar los recursos. La defensa del general, al igual que la Fiscalía, las víctimas y el Ministerio Público, deberá decidir si interpone apelación dentro de los próximos cinco días.

Una vez sustentado el recurso, el expediente pasará a la Sala de Casación Penal, que tendrá en sus manos la última palabra sobre la confirmación, modificación o revocatoria de la condena que hoy mantiene al general santandereano bajo custodia.