Las investigaciones sobre presuntos nexos entre estructuras criminales y sectores de poder político en Norte de Santander, así como el crecimiento de organizaciones delictivas con influencia en la frontera con Venezuela, se convirtieron en uno de los principales focos de atención de la Fiscalía tras el asesinato del periodista judicial Cristian Herrera en Cúcuta.

El comunicador, reconocido por sus denuncias sobre criminalidad organizada en la región, fue atacado frente a su familia y su muerte ha puesto bajo la lupa el contenido de los reportes e investigaciones que desarrollaba en los meses previos al crimen. Para los investigadores, varias de esas publicaciones podrían aportar pistas sobre los móviles del homicidio.

La Fiscalía ya logró la captura de tres personas presuntamente vinculadas al caso: Jhon Sebastián Duque, señalado como el autor material del ataque; Wilmer Portillo, quien habría participado en la logística del crimen; y Angélica Vesga. Los tres se declararon inocentes durante una audiencia reservada solicitada por el ente acusador.

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De acuerdo con la hipótesis preliminar de las autoridades, el asesinato estaría relacionado con el ejercicio periodístico de Herrera. La Fiscalía reveló que el comunicador había recibido amenazas atribuidas a integrantes de la organización criminal conocida como ‘La Familia P’, una de las estructuras con mayor capacidad de influencia en Cúcuta y el área metropolitana.

Fuentes cercanas al caso indicaron que el periodista adelantaba indagaciones sobre presuntas relaciones entre actores políticos de la región y organizaciones ilegales. Además, recopilaba información sobre el alcance que estas estructuras habrían logrado en distintos escenarios de poder y sobre la manera en que mantenían influencia pese a los operativos y capturas de algunos de sus integrantes.

Otra de las líneas investigativas que seguía Herrera estaba relacionada con el fortalecimiento de grupos criminales transnacionales en la frontera colombo-venezolana. En sus publicaciones alertó sobre el crecimiento de organizaciones como ‘Los AK-47’, ‘Los Lobos’ y el ‘Tren de Aragua’, señaladas por las autoridades de participar en actividades como extorsión, tráfico de migrantes, trata de personas, secuestro, contrabando y microtráfico.

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Personas cercanas al comunicador aseguraron que una de sus principales preocupaciones era documentar cómo las economías ilegales habían evolucionado y consolidado redes de influencia que trascendían el ámbito estrictamente criminal. Su interés, afirman, era identificar quiénes ejercían el poder detrás de estas estructuras y cómo operaban en una de las regiones más complejas del país.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) envió una comisión a Cúcuta para recopilar información sobre el asesinato y evaluar las condiciones de seguridad para el ejercicio periodístico. Daniel Chaparro, subdirector de la organización, le dijo a El Tiempo que Herrera era reconocido por abordar temas de alto riesgo y por mantener un seguimiento permanente a las dinámicas criminales de la frontera.

El crimen ocurre en medio de un complejo panorama de violencia en Norte de Santander, una región donde, según organizaciones de derechos humanos, operan al menos 17 estructuras ilegales. En este contexto, las autoridades buscan establecer si las investigaciones que adelantaba Cristian Herrera sobre narcotráfico, corrupción y poder criminal están directamente relacionadas con el asesinato que hoy conmociona al periodismo colombiano.