La senadora Martha Isabel Peralta Epieyú fue capturada este jueves 18 de junio en las instalaciones de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
La detención de la congresista se produjo de manera inmediata después de que se presentara a la diligencia de indagatoria por su presunta vinculación con el escándalo de saqueo de recursos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.
La captura fue ordenada por la magistrada Cristina Lombana, ponente del caso, quien instruyó a la Policía Nacional para que condujera a la senadora a la diligencia, luego de que Peralta solicitara dos aplazamientos previos de su indagatoria.
Según fuentes del proceso, la medida de aseguramiento procede mientras se completa la diligencia judicial, la cual se estima finalizará este viernes, cuando deberá definirse su situación judicial.
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#Video | #EnLaDiana | Los chats entre la senadora Martha Peralta y Sneyder Pinilla, que demostrarían la participación de la congresista del Pacto Histórico en el entramado de corrupción en la UNGRD.
— Metropolitano Noticias (@metropolitano_X) June 19, 2026
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El expediente: tráfico de influencias y cohecho
La Corte Suprema de Justicia investiga a la congresista Peralta, actual presidenta del partido MAIS y figura prominente del Pacto Histórico, por los delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio.
El eje central del caso es el presunto direccionamiento de contratos de emergencia para favorecer intereses políticos y personales, especialmente en el departamento de La Guajira.
El entramado de corrupción en la UNGRD, confesado en parte por los exdirectivos Olmedo López y Sneyder Pinilla, revela que la entidad fue instrumentalizada como una «caja menor» para la política regional.
Entre las evidencias más graves se encuentra el festín de los jagüeyes, una promesa de llevar agua a las comunidades Wayúu que se convirtió en una red de contratos por 75.000 millones de pesos. Particularmente, se señala a Peralta de haber presionado para adjudicar contratos a empresarios cercanos, como los hermanos Rizcala, cuya empresa de papelería recibió 2.125 millones de pesos para proveer maquinaria amarilla, labor para la cual carecía de idoneidad.
Asimismo, la investigación abarca el presunto uso de 20 mil millones de pesos del programa de «Ollas Comunitarias» en el municipio de Albania, fortín político de la senadora, y el presunto desvío de 434 millones de pesos para financiar la logística de la «Marcha por la Vida» en septiembre de 2023.
Implicaciones políticas: Un sismo en la coalición de gobierno
La captura de Martha Peralta tiene profundas implicaciones políticas para el Gobierno nacional y la coalición del Pacto Histórico. Al ser Peralta una de las congresistas que más ha defendido las reformas del presidente Gustavo Petro y líder de la colectividad MAIS, su detención debilita la narrativa de transparencia del Gobierno del Cambio.
Este hecho no es aislado; se suma a los procesos que ya enfrentan otros pesos pesados del legislativo como Iván Name y Andrés Calle. Además, Peralta apoya activamente la candidatura presidencial de Iván Cepeda, por lo que este escándalo judicial genera un ruido considerable en las proyecciones electorales de la izquierda colombiana para 2026.
La posible caída de Peralta a tres días de la segunda vuelta presidencial maquinaria, sin duda, causará efecto en las proyecciones electorales en la Giajira.
La investigación de METROPOLITANO y EnLaDiana
La primicia de la captura fue revelada por Diana Saray Giraldo en su plataforma informativa EnLaDiana, en alianza con METROPOLITANO, anticipando el desenlace de la diligencia. Este reporte es la culminación de una exhaustiva investigación periodística que, el pasado domingo, publicó los «chats inéditos» entre la senadora y Sneyder Pinilla.
Dicha investigación reveló evidencias forenses que comprobarían que Peralta coordinaba directamente con Pinilla el pago de buses, tarimas y refrigerios para movilizaciones políticas, además de presionar por reuniones nocturnas en su propia casa para favorecer a contratistas «recomendados» como Álvaro Celedón.
Los documentos y capturas de pantalla de WhatsApp publicados por METROPOLITANO fueron claves para desmentir la versión inicial de Pinilla, quien intentaba mantener a la senadora al margen del escándalo, y hoy constituyen la base probatoria que tiene a Peralta respondiendo ante la justicia.
Ecos en las regiones tras la captura de Peralta
La captura de la senadora Martha Peralta, ocurrida este jueves en las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia, no solo representa un sismo político para el Pacto Histórico, sino que pone bajo la lupa las repercusiones sociales y económicas en las regiones donde el presupuesto de la UNGRD fue presuntamente saqueado.
La situación judicial de Peralta abre la puerta a un escrutinio detallado de cómo recursos destinados a mitigar el hambre y la sed habrían terminado financiando maquinarias electorales.
La Guajira
El departamento de La Guajira es, sin duda, el epicentro de las irregularidades más dolorosas. La investigación periodística de METROPOLITANO y EnLaDiana reveló que la promesa de llevar agua a las comunidades sedientas se transformó en un «festín» de 75 mil millones de pesos destinados a la construcción de 1.626 jagüeyes.
Sin embargo, la realidad en el territorio es desoladora: en municipios como Maicao, contratos por 1.700 millones de pesos adjudicados a la firma Equipos y Construcciones Celedón SAS —cuyo socio era un «recomendado» de Peralta— se pagaron por obras que, según fuentes en la región, nunca se construyeron.
La repercusión inmediata para el pueblo Wayúu es la persistencia de la crisis hídrica. Mientras la senadora y el exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, coordinaban presuntamente el direccionamiento de estos fondos, las comunidades continuaron padeciendo la falta de reservorios de agua.
A esto se suma el escándalo de las «Ollas Comunitarias», en el que al parecer se asignaron más de 60 mil millones de pesos para combatir la desnutrición. Solo en el municipio de Albania, fortín político de la congresista, se destinaron 20 mil millones, pero los testimonios judiciales indican que los alimentos e insumos financiados por el Estado jamás llegaron a las rancherías.
Barrancabermeja, Santander
En Santander, específicamente en Barrancabermeja, las repercusiones del entramado de la UNGRD afectan la integridad de la salud pública.
Según las evidencias forenses, el aval del partido MAIS se utilizó como moneda de cambio para obtener financiación ilegal para la campaña de Elkin Bueno Altahona a la Alcaldía.
El pacto revelado en los chats entre Pinilla y su entonces esposa, Ana María Martínez, es alarmante: Olmedo López, siendo director de la UNGRD habría enviado mil millones de pesos en efectivo para la campaña de Bueno a cambio de que, de resultar elegido, entregara el manejo del Hospital de Barrancabermeja.
Esta transacción no solo vulnera la transparencia electoral, sino que ponía en riesgo la estabilidad administrativa de la principal red hospitalaria del puerto petrolero, subordinándola a intereses corruptos.
La captura de Peralta también pone de relieve el nivel de descaro en la contratación. Uno de los casos que más ha sorprendido a la justicia es el de la firma Inversiones IRL SAS, a la cual se le adjudicó un contrato de 2.125 millones de pesos para el suministro de maquinaria pesada. La investigación detectó que el objeto social de esta empresa era el comercio de libros, papelería y útiles de oficina, careciendo de cualquier idoneidad técnica para operar maquinaria amarilla en zonas de emergencia.
Implicaciones políticas y sociales
La captura de la senadora Peralta cuando comparecía a su indagatoria genera un vacío de liderazgo en el movimiento MAIS y debilita la representación política de las comunidades indígenas que ella decía defender.
Políticamente, el escándalo ya ha arrastrado a figuras como los expresidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle, quienes también enfrentan procesos dentro del escandaloso caso judicial.
En el ámbito social, la mayor consecuencia es la pérdida de confianza en las instituciones de emergencia. La denominada «Marcha por la Vida» del 27 de septiembre de 2023, que se presentó como una movilización espontánea en varias ciudades del país, en el caso de Riohacha, al parecer habría sido una operación logística de 434 millones de pesos pagada con recursos la UNGRD, lo que deslegitima el activismo social en la región.
En conclusión, la captura de Martha Peralta no es solo un episodio judicial que enreda una carrera política bajo sospecha, sino el inicio de una etapa de verdad para regiones como La Guajira y Santander, que vieron cómo sus recursos más vitales —agua, comida y salud— fueron sacrificados en el altar de la corrupción electoral.
