En vísperas de las elecciones locales del año pasado, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd, en ese momento dirigida por Olmedo López, le giró al municipio de Girón casi $350 mil millones para la ejecución de tres megaobras que tendrían como objetivo la prevención de desastres. Emilio Tapia estaría detrás de toda esta contratación.

Lea también: ¿Quién es Carlos Ramón González, primer alfil del petrismo que cae por escándalo de la Ungrd?

Los contratos de la Ungrd en Girón tenían como marco la atención de la urgencia manifiesta declarada por entonces alcaldesa Yulia Moraima Rodríguez, exesposa de quien también fue mandatario del mismo municipio, John Abiud Ramírez, aliado político y amigo personal de Carlos Ramón González, quien hace apenas dos semanas tuvo que renunciar al cargo que ostentaba como director nacional de inteligencia, una de las más importantes entidades del alto gobierno, tras los señalamientos en su contra por su presunta participación en las irregularidades y el saqueo de recursos públicos en la Ungrd, que habrían sido utilizados para pagar favores políticos, según las propias confesiones de los involucrados.

En el caso de Girón toda esta contratación de finales del 2023 para obras de mitigación fue diseñada y viabilizada por Sneyder Pinilla (exsubdirector de la Ungrd), aliado político y amigo de John Abiud Ramírez, quien el pasado 20 de julio fue reelegido como director administrativo de la Cámara de Representantes.

En círculos del legislativo se dice que la elección de Ramírez se dio gracias al respaldo del representante a la Cámara por Norte de Santander, Wilmer Carrillo, con quien tiene una  cercanía de la que hay varios episodios que han sido cuestionados y de lo que METROPOLITANO contará detalles en próximos informes.

Sneyder Pinilla, quien ha confesado las irregularidades en millonarios contratos durante la época en la que estuvo en la alta dirección de la Ungrd y busca un principio de oportunidad, también enfrenta una imputación de cargos y, al igual que Olmedo López, es uno de los principales involucrados en el escándalo por presuntamente ser el cerebro detrás de los episodios de corrupción en la entidad.

Esta investigación periodística de METROPOLITANO pudo establecer que luego de los procesos contractuales, realizados de manera ‘exprés’, pues se tramitaban en solo un par de días, que pudieron llegar a limitar la participación y pluralidad de oferentes y usaban una recurrente práctica de contratar a través de interpuestas empresas, los dos contratos de mayor valor de la Ungrd para Girón, que sumados superan los $233 mil millones, terminaron en manos de empresas o socios de los controvertidos empresarios Emilio Tapia y los primos Nule, condenados por delitos contra la administración pública en sonados casos de corrupción. 

Un tercer contrato, por valor superior a los $57 mil millones le fue adjudicado a un contratista que recurrentemente gana procesos en Girón y se le reconoce con una gran cercanía al exgobernador de Santander, Didier Tavera.

Al mismo tiempo, Tapia y Nule se habrían beneficiado con un contrato por $42 mil millones, también de la Unidad de Gestión del Riesgo, para obras en el municipio de Oiba, Santander, donde John Abiud Ramírez también, además de Girón, se ha venido consolidando como barón electoral, sobre todo en los últimos años tras su elección como director administrativo de la Cámara de Representantes.

Urgencia manifiesta ‘electoral’

El 13 de septiembre del 2023, en plena época de campaña por el poder local en Girón, la administración de Yulia Moraima Rodríguez, exesposa de John Abiud Ramírez, expidió el Decreto 093, a través del cual declaraba la calamidad pública en varias zonas ribereñas al río de Oro, en el municipio metropolitano, debido a la creciente súbita de la corriente de agua por cuenta de fuertes precipitaciones registradas en la madrugada del 22 de agosto del año pasado.

Según el Comité de Gestión del Riesgo municipal, por las lluvias se había incrementado la lámina de agua del río hasta casi 4 metros, ocasionando afectaciones estructurales en diez viviendas, tal y como también lo reportó la empresa distribuidora de gas natural que tiene cubrimiento en la zona.

De los 17 miembros del Comité Municipal de Gestión del Riesgo de Girón, el entonces comandante de la Segunda División del Ejército fue el único que salvó el voto. El resto de los integrantes del Comité, en su gran mayoría funcionarios de la Alcaldía, aprobaron la declaratoria de la urgencia manifiesta.

De la misma manera, a través del mencionado acto administrativo, la alcaldesa Rodríguez le solicitó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres ayuda económica para la ejecución de varias obras de gran calado para la mitigación del riesgo en las zonas del municipio más afectadas por el desbordamiento del río de Oro. 

Pocas horas después de radicada la solicitud por el Municipio, con el visto bueno del entonces subdirector para el Manejo de Desastres de la Ungrd, Sneyder Pinilla, fue aprobada la destinación de cerca de $350 mil millones para las obras de mitigación solicitadas por la alcaldesa.

Según el informe con el que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo justificó la destinación de los recursos, dada la magnitud de las afectaciones y la vulnerabilidad a la que se encontraba expuesta la comunidad del municipio de Girón, se hacía necesaria una “intervención inmediata”, por tal motivo, Olmedo López, entonces director de la entidad, ordenó dar inicio prioritario al proceso de cotización.

El proyecto tuvo como objetivo «realizar la ejecución de las obras de emergencia para el control de inundación, socavación y recuperación entre los sectores San Antonio de Carrizal, Carrizal Campestre – vereda Carrizal, en Girón», contrato por $185.441 millones.

Fue de esta manera que en una invitación privada, enviada el 4 de noviembre del 2023 (un sábado), la Ungrd les otorgó a los invitados, KAP Construcciones SAS, Bygga Infraestructura, y Constructora del Norte ING SAS, solo dos días hábiles para presentar sus propuestas. Esto, teniendo en cuenta que el lunes 6 de noviembre del 2023 era festivo por celebrarse el Día de todos los Santos.

Aunque en el documento de legalización del contrato 9677-PPAL001-1405-2023, se registra que al cierre del término para la recepción de propuestas la entidad solo recibió la oferta del Consorcio Servicios de Ingeniería Civil 2023, integrado por Constructora del Norte ING SA y Mavicon Construcción e Ingeniería SAS, como la única interesada en ejecutar el millonario contrato, para la fase de evaluación el comité de la Ungrd calificó dos propuestas, ingresando de manera particular a competir la Unión Temporal Conexión Carrizal, conformada por las firmas Grupo Construccenter SAS, Sociedad Especializada en Ingeniería SAS, Inversiones CCO SAS, Ingeniería Universal Aplicada SAS y Bygga Infraestructura, (sucursal Colombia).

Finalmente, la Ungrd descalificó al Consorcio Servicios de Ingeniería Civil 2023 por no cumplir con los requisitos habilitantes técnicos del proceso, adjudicándole el contrato a la Unión Temporal Conexión Carrizal.

Los rastros de Tapia y Nule en Girón

A pesar de sus líos con la justicia y actualmente estar privados de la libertad por diferentes escándalos de corrupción en el país, Emilio Tapia y los primos Nule, tristemente célebres por haber estado involucrados en el Carrusel de la Contratación en Bogotá en la administración de Samuel Moreno Rojas, continúan vigentes en la contratación pública del país, logrando beneficiarse con millonarias licitaciones en todo el territorio nacional, y en este caso en Santander.

Para tal fin, los cuestionados contratistas han recurrido en una frecuente pero eficaz estrategia: la tercerización empresarial. En otras palabras, camuflan sus empresas con otras firmas, socios o amigos cercanos, lo cual les permite evadir el foco de las autoridades y la opinión pública, y así, lograr quedarse con jugosos contratos, tal y como hicieron con el controvertido convenio de Centros Poblados en el gobierno del presidente Iván Duque.

Lea también: Polémica: representante de víctimas de la Alcaldía defendía a líder del escándalo Manantial de Amor

Recurriendo a esta estrategia, Emilio Tapia y los Nule, estarían detrás de las empresas que se quedaron con el millonario contrato de más de $180 mil millones para mitigación del riesgo en Girón.

Así lo pudo establecer esta investigación periodística de METROPOLITANO al encontrar que la firma Ingeniería Universal Aplicada SAS, integrante de la Unión Temporal Conexión Carrizal, tiene relación directa con Emilio Tapia y los Nule.

Según el registro mercantil, el 17 de mayo del 2016 el controvertido empresario David Ricardo Castillo Baute, constituyó en Cartagena la firma cartagenera Ingeniería Universal Aplicada SAS, con capital de $50 millones, con el objetivo de desarrollar proyectos de infraestructura como actividad principal.

En los registros mercantiles, Ingeniería Universal Aplicada SAS fue constituida por la firma Obras Maquinarias y Equipos Tres A SAS, que ostentaba el 100 % de las acciones de la compañía.

Obras Maquinarias y Equipos Tres A SAS, es una firma cartagenera, propiedad de los hermanos Miguel Camilo y David Ricardo Castillo Baute, reconocidos contratistas de la costa atlántica y el país, gracias a sus alianzas con cuestionados clanes como los Nule.

Antes de pasar a manos de los hermanos Castillo Baute, Obras Maquinarias y Equipos Tres A tuvo como socio a Juan Carlos Aldana Aldana, primo de Emilio Tapia, también procesado por el escándalo de Centros Poblados. Aldana pagó en su momento $9.999.000 por el 99 % del control de la empresa. 

Además, Obras Maquinarias y Equipos Tres A SAS tuvo como representante legal a Wilson Bula Ramos, quien en sus redes sociales se presenta como contratista de Suárez y Silva Ltda, hoy conocida como Odeka SAS, que tiene el 2 % de las acciones de Global Designs And Buildings Sas Zomac, esta última, empresa que hace parte del consorcio del escándalo de Centros Poblados.

En octubre de 2013, Obras Maquinarias y Equipos Tres A pasó a manos de los Castillo Baute, Desde esa época se convirtieron en megacontratistas de la región caribe del país. Tanto así, que la firma y sus dueños, hacen parte de la malla empresarial que a través de Uniones Temporales y Consorcios monopolizaron la contratación pública por más de $20 billones, correspondientes al 21 % de los recursos provenientes de las regalías del país entre el 2014 y 2016, como lo denunció la Auditoría General de la República.

Según dicho informe, Ricardo Castillo Baute y Miguel Camilo Castillo Baute, quienes además tienen negocios en 29 de los 32 departamentos del país y a través de 124 uniones temporales y consorcios han tenido contratos por más de $514.000 millones.

Lea también: Denuncian irregularidades en contrato de $1.231 millones en la Secretaría de Desarrollo de Bucaramanga

Los caminos a los Nule

La relación entre los primos Nule y los Castillo Baute se remonta al 2009, cuando conformaron el Consorcio Chicó 2009 para la construcción de dos casas militares para el comandante y el subcomandante de la Fuerza Aérea Colombiana, FAC, por valor de $4 mil millones. El contrato inicialmente le fue otorgado a Tecniciviles (empresa relacionada por la Fiscalía como propiedad de los hermanos Nule), a través de una invitación directa, es decir, sin licitación pública.

Posteriormente los Nule se asociaron con Grandes Vías e Ingeniería, empresa propiedad de los hermanos Castillo Baute; junto a ABS Materiales y Servicios, propiedad de los contratistas santandereanos Gustavo Adolfo Barajas Martínez; y Leonardo Silva Sárquez, para formar el Consorcio Chicó 2009.

El diario El Tiempo, reveló en su momento que el anticipo del contrato para las casas fiscales de las FAC terminó siendo desviado para las obras de la calle 26 de Bogotá, emblema del ‘Carrusel de la Contratación’, que culminó con los primos Nule condenados.

Relación con John Abiud

Gustavo Barajas y Leonardo Silva, también integrantes del Consorcio Chicó 2009, no son desconocidos en la política de Santander y, particularmente, en el municipio de Girón. De hecho, a lo largo de los años se consolidaron como megacontratistas de ese municipio desde la llegada de John Abiud Ramírez al poder en 2015.

En 2019 la empresa ABS Materiales y Servicios, con la cual Gustavo Barajas se consorció con los Nule y los Castillo Baute, entró en liquidación y fue absorbida por Molek Ingeniería y Diseño SAS, propiedad precisamente de Carlos Andrés Barajas, hermano de Gustavo Barajas.

En varios registros fotográficos se observa a Carlos Barajas acompañando la visita técnica de Olmedo López y Sneyder Pinilla a Girón el año pasado para revisar las afectaciones en el marco de la urgencia manifiesta declarada por la entonces alcaldesa, Yulia Rodríguez, proceso previo para aprobar la millonaria inversión de la Ungrd en el histórico municipio.

Gustavo Barajas y Leonardo Silva también han sido socios del excontralor de Santander, Fredy Anaya y el contratista Miller Castaño, particularmente en un negocio en el que lograron convertir un lote que servía de botadero de escombros, avaluado en $130 millones, en un proyecto habitacional de más de $48 mil millones en Girón, Santander, proyecto que hoy está en líos por una orden judicial que tumbó la licencia de construcción por presuntas irregularidades en su trámite.

Petrolabín, empresa propiedad de Miller Castaño hace parte del Consorcio RCG, al que se le adjudicó el año pasado un contrato por $130 mil millones suscrito por la Ungrd, con el guiño de Sneyder Pinilla, para atender la emergencia en el sector de Caregato, en La Mojana, Bolívar. Se trata de obras que ya colapsaron y hoy son objeto de investigaciones por parte de organismos de control.

Actualmente Vivian Paola Campo Villota aparece como la actual propietaria de Ingeniería Universal Aplicada SAS.

Los otros socios de Tapia

Otro de los vasos comunicantes de Tapia y los hermanos Baute con la Unión Temporal Conexión Carrizal es la Sociedad Especializada en Ingeniería, Sening SAS, otra de las firmas consorciadas para ejecutar un contrato para obras de mitigación en Girón, que fue constituida en 2011 por Alberto Andrés Barroso Cabarcas y Luis Abelardo Hoyos Aguirre con un capital de $100 millones y con el objeto de desarrollar obras civiles.

Para el 2015 el capital de la empresa aumentó a $1.500 millones, apalancado principalmente por su ‘buena fortuna’ en la contratación estatal, en la cual incursionó con las alianzas empresariales que realizó con la firma Grandes Vías, la empresa de los Castillo Baute y Tapia. 

En 2012, Sening SAS y Grandes Vías se consorciaron para ejecutar tres contratos por más de $16 mil millones con el Ministerio de Educación del gobierno Santos para la construcción de colegios en la costa atlántica.

De la misma manera, Sening ha sido mencionada en diferentes escándalos por abandono de obras que terminaron en elefantes blancos en la infraestructura educativa del país, como sucedió con la resolución 3929 del 8 de julio del 2021, con la que el Secretario de Infraestructura de Cartagena, Luis Villadiego Cárcamo, ordenó “liquidar unilateralmente el contrato de obra pública No. 35.36.37.38 de 31 de marzo de 2017, cuyo objeto fue la construcción del Megacolegio San Felipe Neri, en la capital de Bolívar, suscrito con el Consorcio Colegio Neri 2017, conformado Sening SAS, y Pavimentos, Construcciones e Inversiones SAS, por valor superior a los $8.495 millones.

Socio principal, pero sin experiencia

A pesar de no tener experiencia en el sector público, la firma bogotana, Inversiones CCO SAS, es el socio mayoritario del Consorcio Prosperidad Oiba, con el 75 % de participación de la unión empresarial. Curiosamente, Inversiones CCO es la única de las empresas consorciadas que no tiene experiencia en la contratación pública, de hecho el Registro Único de Proponentes, RUP, que Inversiones CCO SAS presentó en el proceso contractual con la Ungrd para demostrar su experiencia para ejecutar el millonario contrato en Girón no registra ningún otro proceso el sector público.

Inversiones CCO fue constituida en 2014, por Jorge Alexander Reyes Cortés con un capital de $10 millones. Una década después, en su más reciente reporte de renovación mercantil, la empresa cuenta con un activo total de $19.783 millones, apalancados por $26.967 millones de ingresos por su actividad ordinaria.

Al cierre de esta investigación, Inversiones CCO es propiedad de Rubén Darío Parada Calderón, quien desde el 2022 asumió el 100 % de la próspera empresa. 

Curiosamente, Inversiones CCO también es el consorciado con mayor participación accionaria en el Consorcio Prosperidad Oiba con el 80 % y la Unión Temporal Alianza Girón, con el 75 %, uniones empresariales que el año pasado se ganaron dos contratos con la Ungrd por $42 mil millones y $97 mil millones, respectivamente, en plena época electoral.

De hecho, Miguel Eduardo Otalora Rivera, representante legal de Inversiones CCO es el representante de la Unión Temporal Conexión Girón. 

‘Pintando’ a megacontratista

La Unión Temporal Conexión Carrizal también tiene como uno de sus integrantes al Grupo Construccenter SAS, una firma bogotana que originalmente fue constituida por  Ana Verónica Salamanca Molina y Manuel Antonio Vega Sandoval bajo el nombre Pinturas Color Center Ltda, que tenía como objeto principal la fabricación de pinturas arquitectónicas e industriales como actividad principal. 

En 2009 Ana y Raúl le cedieron sus acciones a Andrés Julián y David Santiago Salamanca Rodríguez que por ser menores son representados por sus padres Jaime Salamanca Molina (quien también representó legalmente a Construdeco Alianza Logística SAS, empresa que integra la Unión Temporal Alianza Girón que se ganó el otro millonarios contrato de la Ungrd en Girón por más de $93 mil millones) y Yamile Rodríguez Moreno.

Para el 2013 la empresa cambió su nombre a Grupo Color Center Ltda, un año después, los socios reformaron la razón social adoptando el nombre de Grupo Construccenter SAS con el objeto principal de realizar obras civiles e infraestructura.

Entre el 2022 y el 2024 Construccenter SAS aumentó su capital de $3 mil a $26 mil millones.

El curioso caso de Bygga Infraestructura 

Con solo seis años de constitución, Bygga Infraestructura, originalmente constituida en Panamá y que en 2016 se estableció en Colombia con su sede en Sabaneta, Antioquia, donde es representada legalmente por Carmelo Espinosa Gutiérrez se convirtió en el socio estratégico para aportar la experiencia que necesitaba la Unión Temporal para adjudicarse el millonario contrato con la Ungrd en Girón.

Espere en una próxima entrega de esta investigación de METROPOLITANO las dudas que hay sobre Bygga Infraestructura, que aunque era una de las tres empresas invitadas por la Unidad de Gestión del Riesgo para ejecutar las obras de mitigación del riesgo en Girón, en los dos días hábiles que otorgó la entidad para la presentación de los oferentes interesados, la compañía panameña, a pesar de contar con la experiencia contractual, prefirió asociarse con los Tapia, Nule y Castillo Baute, en la Unión Temporal Conexión Carrizal, que, a pesar de no haberse presentado en el término oficial, finalizó siendo la adjudicataria del millonario contrato.

Con esta misma técnica, Bygga Infraestructura también terminó siendo ganadora de otro contrato por más de $97 mil millones de la Ungrd en Girón.

La defensa de Conexión Carrizal

Al ser consultado por esta redacción, Miguel Eduardo Otálora, representante legal de la Unión Temporal Conexión Carrizal, defendió la transparencia del proceso a través del cual el consorcio de empresas que representa ganó el contrato con la Ungrd.

“El consorcio está conformado por empresas de construcción, la empresa más importante tiene 18 años de constituida aquí en Bogotá. Nosotros recibimos una invitación de la Ungrd, participamos y ganamos. Todo lo que se ha hecho en esa obra de movilización, cantero, todo eso, se ha hecho con recursos propios. Hasta el día de hoy no hemos recibido ni anticipo, ni pago adelantado, nada por parte de la unidad. Todo lo que se ha hecho ha sido con recursos de los consorciados, debido a que se firmó el acta de inicio y contractualmente teníamos que comenzar”, explicó en su momento Otálora.

Otálora, también es el representante legal del Consorcio Prosperidad Oiba, el cual se ganó un contrato por parte de la Ungrd por $42 mil millones (el doble del presupuesto anual de Oiba), para ejecución de obras de mitigación en el municipio de la provincia Comunera, unión temporal que también está integrada por socios cercanos a Emilio Tapia y los primos Nule.

La redacción de METROPOLITANO intentó comunicarse en varias oportunidades con el representante legal de la Unión Temporal para poder hablar sobre los avances de la obra y la relación indirecta de los cuestionados Emilio Tapia, Nules y Castillo Baute en el consorcio de empresas, pero no hubo respuesta.

Espere en una próxima entrega de esta investigación, como Emilio Tapia logró beneficiarse con otro contrato por más de $97 mil millones de la Ungrd en Girón, para atender emergencias en ese municipio, priorizado cuando Olmedo López y Sneyder Pinilla estuvieron al frente de la entidad.