La educación pública en el histórico municipio de Girón nuevamente está en el centro de una fuerte controversia que este miércoles 14 de enero se trasladará a las calles.

Docentes, padres de familia y comunidad educativa anunciaron una jornada de protesta en rechazo a la decisión de la Alcaldía de entregar la operación de tres colegios oficiales a un operador privado mediante contratos que superan los $192 mil millones.

La movilización fue convocada por el Sindicato de los Trabajadores del Sector Educativo de Santander (SES), que denuncia que la administración municipal comprometió por 12 años el manejo de las instituciones educativas Mario Morales Delgado, Gabriel García Márquez y Nuestra Señora de Belén, donde estudian más de 4.200 niños y jóvenes, a través de contratos firmados con la Corporación Crecer Educados (Cocredu).

Según el sindicato, cada uno de los acuerdos alcanza los $64 mil millones y se celebró bajo la modalidad de contratación directa, con vigencias futuras hasta 2037. Para el SES, esta decisión constituye una “privatización encubierta” de la educación pública y pone en riesgo recursos del Sistema General de Participaciones durante más de una década.

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El presidente del sindicato, Heriberto Delgado, aseguró que se detectaron presuntas irregularidades en el proceso contractual, entre ellas la falta de experiencia del operador privado, que —según la personería jurídica conocida— no cumpliría con el mínimo de 10 años exigido por la ley. “Se está entregando la administración educativa a un operador sin trayectoria suficiente, comprometiendo recursos públicos y la estabilidad del magisterio”, advirtió.

La inconformidad llevó al SES a interponer una acción popular con solicitud de medidas cautelares para frenar de inmediato la ejecución de los contratos. Las denuncias también fueron trasladadas a la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía y al Ministerio de Educación, bajo el argumento de una posible vulneración a la moralidad administrativa y a derechos colectivos.

Desde las aulas, la preocupación se extiende. Gladys González, directiva del SES en Girón, alertó que el nuevo modelo no contempla la ampliación de la planta docente y podría afectar la calidad educativa. “No hay garantías claras de cómo se va a prestar el servicio ni de las condiciones laborales de quienes estarán al frente de las instituciones”, señaló.

De acuerdo con las circulares sindicales, la jornada del 14 de enero contempla anormalidad académica en todas las instituciones educativas del área metropolitana desde las 9:00 de la mañana y una concentración frente a la Alcaldía de Girón a partir de las 9:30 a. m., donde exigirán la suspensión inmediata de los contratos y el respeto a los acuerdos sindicales.

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Los contratos fueron firmados el 23 de septiembre, en los últimos días de la administración de Campo Elías Ramírez, cuya elección fue anulada por doble militancia y quien nuevamente aspira a la Alcaldía en las elecciones atípicas del próximo 18 de enero. Hasta ahora, Ramírez no se ha pronunciado sobre la polémica.

Desde la administración municipal, la secretaria de Educación, Adela Silva, ha defendido la legalidad del proceso y sostiene que se actuó bajo la autonomía que otorga la Ley 715. Sin embargo, para el sindicato y amplios sectores de la comunidad educativa, la decisión abre un debate de fondo sobre el futuro de la educación pública en Girón.

Mientras los jueces deciden si frenan los contratos, el municipio se prepara para una jornada de protesta que promete agitar aún más el ambiente político y social, en un momento clave para el futuro administrativo de Girón y de miles de estudiantes.