Aunque legalmente los servidores públicos en Colombia no pueden participar activamente en campañas políticas, en Santander en varias entidades regionales las maquinarias fueron encendidas y puestas al servicios de candidaturas presidenciales y aceitadas con el presupuesto oficial.
El próximo domingo 31 de mayo los colombianos acudirán a las urnas a elegir a un nuevo presidente de la República, comicios que muy posiblemente tendrán que definirse en una segunda vuelta.
Las presidenciales, en un contexto extremadamente polarizado como el actual, tienen marchando a todo vapor a las estructuras de poder político regional que tienen influencia en entidades como la Gobernación de Santander y las alcaldías de Bucaramanga y Barrancabermeja, con un evidente activismo a favor de candidatos como Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.
A dos semanas de las eleciones, Santander no respira un aire de debate democrático sino el viciado aroma de una maquinaria proselitista en plena combustión.
Lo que la ciudadanía percibe hoy en las calles de Bucaramanga, en el puerto de Barrancabermeja y en los despachos del Palacio Amarillo no es una gestión administrativa neutral, por el contrario, se ve a una maquinaria proselitista aceitada que parece trabajar en función de una agenda de poder nacional.
La situación está documentada en los informes de la Misión de Observación Electoral, MOE, y las recientes actuaciones de la Procuraduría General de la Nación dibujan un mapa de riesgos en el que la coacción al votante, el uso de recursos públicos y la publicidad oficial subliminal son el pan de cada día.
Le puede interesar:
- Poder y familia: clan Tavera aumenta su control en la Cdmb y la Empas
- Cuentas de campaña: estos son los financiadores de los nuevos congresistas santandereanos
- La ‘avalancha’ de contratos en el Ministerio de Minas en vísperas de la Ley de Garantías
Mientras en la Gobernación se activó la maquinaria en favor de la candidatura de Paloma Valencia; en la Alcaldía de Bucaramanga se hace lo propio por la aspiración de Abelardo de la Espriella. Entre tanto, en la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja la burocracia se mueve a favor de la campaña de Iván Cepeda.
METROPOLITANO detalla en este informe cómo en entidades territoriales se estaría presionando a contratistas a cambio de votos, obligando a asistir a reuniones a puerta cerrada, se adelantan campañas de desprestigio y hasta se estarían dando movidas estratégicas de los clanes políticos para favorecer a candidatos, utilizando el poder administrativo.
Se trata de la lamentable aplicación de una tradicional fórmula proselitista en los tres entes territoriales que, aunque son los más grandes y poderosos en presupuesto, no son las únicas entidades que encendieron su maquinaria de cara a las elecciones del 31 de mayo.
Únase AQUÍ al canal WHATSAPP y reciba nuestros informes especiales
Plan Candado y culto a la seguridad
La llegada de Cristian Portilla a la Alcaldía de Bucaramanga el 17 de diciembre de 2025 no fue un accidente, sino el resultado de una estrategia de supervivencia política tras la caída de Jaime Andrés Beltrán, quien según la justicia cometió doble militancia.
A Beltrán, quien se presenta como el «Bukele colombiano», le fue anulada su elección por el Consejo de Estado, lo que truncó su ambicioso proyecto de ciudad segura. No obstante, su sombra sigue gobernando la capital santandereana a través de Portilla, quien fue su secretario privado y mano derecha cuando gobernó.
La triada política que controla Bucaramanga es clara: Beltrán aporta la base social y religiosa, Portilla el control administrativo y los recursos, y De la Espriella la proyección nacional y el aval ideológico de la «derecha dura». Esta alianza se selló públicamente cuando el candidato presidencial asistió al cierre de campaña de Portilla, calificándolo como el primer «defensor de la patria» que llegaba al poder regional en este ciclo.
LE PUEDE INTERESAR: Hospital de San Andrés, Santander, en riesgo de convertirse en ‘elefante blanco’
El impacto de esta captura del poder en la ciudad fue evidente en la apatía ciudadana en las elecciones atípicas.
En los comicios de diciembre de 2025, el abstencionismo superó el 70 %, permitiendo que una base de apenas 63 mil votos —altamente disciplinada por las estructuras eclesiales— decidiera el futuro de una ciudad con más de 500 mil habilitados para votar. Esta ‘dictadura de las minorías organizadas’ es el modelo que la administración Portilla parece querer exportar a la campaña presidencial, utilizando la infraestructura de la alcaldía para movilizar a su electorado cautivo.
Si bien el exalcalde Jaime Andrés Beltrán se inscribió como aspirante al Senado de la República por el partido Salvación Nacional, colectividad que avaló a De la Espriella, finalmente Beltrán dimitió a su candidatura y asumió como director para las regiones de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella.
Pero el respaldo de la administración municipal de Bucaramanga a la candidatura de De la Espriella no se dio tan solo con alianzas políticas y electorales, el alcalde Portilla se está moviendo en dos frentes principales: uno de carácter administrativo, enfocado en el aumento de la burocracia, y otro netamente político, marcado por denuncias de clientelismo e intervención electoral a favor del candidato de la extrema derecha para las elecciones presidenciales de 2026.
Paralelo a su gestión oficial, la administración de Portilla está siendo fuertemente cuestionada por actuar como una maquinaria proselitista que desafía la Ley de Garantías.
Se señala a Portilla de convertir la alcaldía en un apéndice de la campaña presidencial del candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella. Como evidencia se ha denunciado que los boletines de seguridad de la alcaldía utilizan eslóganes idénticos a los de esta campaña presidencial, lo que podría configurar publicidad subliminal prohibida.
La MOE ha documentado que la Alcaldía está instrumentalizando una red de iglesias cristianas para coaccionar a los contratistas, a los trabajadores se les exige asistir a reuniones políticas disfrazadas de actos religiosos a favor de De la Espriella. Además, se les obliga a entregar listas de referidos con puestos de votación como condición para renovarles sus contratos después de mayo.
Entre tanto, siguiendo la línea de Beltrán, su jefe político, Portilla ha marcado una gran distancia con el presidente Gustavo Petro, declarándose abiertamente como un «hombre de derecha» y crítico del Gobierno nacional.
Analistas señalan que el alcalde utiliza esta confrontación (culpando al gobierno Petro de crisis locales como la del sistema Metrolínea) no para buscar soluciones técnicas, sino para agitar políticamente a la región y favorecer a un candidato en particular.
Portilla ha preferido ignorar investigaciones graves que recaen sobre la pasada administración de Jaime Andrés Beltrán (como el escándalo por la pérdida de chatarra en Alumbrado Público, un desfalco que la Contraloría ha valorado en 46 mil millones de pesos) para proteger a la estructura política que lo llevó al poder.
El alcalde niega estar moviendo a funcionarios y contratistas en la campaña presidencial: «mantenemos una distancia absoluta frente a las disputas electorales del país», manifestó recientemente.
Sin embargo, la realidad institucional contradice el discurso: el proselitismo se filtra mediante la difusión de consignas y el himno «El Tigre que ruge«, pieza central de la narrativa del candidato De la Espriella, a través de los medios oficiales del municipio.
«Nuestra administración es garante de la autonomía de cada colaborador externo», dijo Portilla en una entrevista hace una semana con una emisora radial local.
Esta supuesta libertad de colaboradores en la Alcaldía se ve empañada por reportes radicados ante la MOE, los cuales señalan presiones indebidas solicitando información privada de núcleos familiares bajo la amenaza velada de no renovar vínculos laborales al finalizar el semestre.
«La capital santandereana se erige como un baluarte de convicciones espirituales». Bajo esta premisa, se evidencia la movilización de estructuras confesionales para fines electorales, orquestando apoyos masivos bajo el lema «Firme por la Patria», desdibujando la frontera entre la fe y la política partidista.
A pesar del discurso de neutralidad oficial, la alcaldía utiliza la retórica de seguridad y el fundamentalismo religioso para coaccionar a contratistas, exigiéndoles asistir a «encuentros de fe» para recolectar listas de votantes a favor de la campaña de De La Espriella.
Varios contratistas de la Alcaldía e institutos descentralizados le confirmaron a METROPOLITANO que están siendo presionados para obtener por lo menos 30 votos por “el tigre” como condición para la renovación de sus contratos en junio, justo después de los comicios presidenciales.
“Tenemos que conseguir por lo menos 30 votos por ‘el tigre’, (Abelardo de la Espriella), como condición para que nos renueven el contrato a mitad de año. Aunque no nos hacen firmar planillas, sí debemos asistir “voluntariamente” a eventos y publicar en las redes sociales personales publicidad del ‘tigre’”, indicó uno de los contratistas de la Alcaldía.
Aunque no tienen que firmar planilla, los contratistas señalan que siempre están siendo vigilados por la “torre de control”, una mujer cercana al alcalde Portilla quien lleva la lista de los contratos para el cumplimiento electoral.
Justamente, al cierre de este artículo este medio conoció varias denuncias de colaboradores del municipio sobre presiones para que asistieran al evento del cierre de campaña de Abelardo de la Espriella, el sábado 16 de mayo a las 3:00 en la plaza Luis Carlos Galán, justo al lado de la Alcaldía.
METROPOLITANO pudo constatar que en el palacio municipal y los institutos descentralizados fueron entregadas boletas para el evento de cierre de campaña de Abelardo de la Espriella, dichas entradas iban numeradas para poder llevar el control de la asistencia y cumpliemiento del contratista.
“Nos entregaron de a diez boletas y camisetas por contratista. Debemos llevar amigos o familiares para poder llenar la plaza”, explicó una de las contratistas con boleta en mano.
Las boletas para el cierre de campaña van numeradas para llevar el control de asistencia por parte de cada uno de los contratistas y sus acompañantes.
Curiosamente, el pasado viernes en la plazoleta Luis Carlos Galán se llevó a cabo un evento de matrimonios masivos en Bucaramanga. Para la boda colectiva se utilizó una tarima instalada con recursos del municipio, la misma que fue utilizada el sábado para el cierre de campaña de Abelardo de la Espriella.
LEA TAMBIÉN: El ‘contratadero’ de Cúcuta: $150 mil millones tercerizados y una curul en el Senado
‘Es Tiempo’ con Paloma Valencia
Al otro lado del parque García Rovira la Gobernación de Santander se está moviendo estratégicamente en dos frentes muy marcados: uno administrativo, enfocado en mostrar alta ejecución de recursos y defensa de los intereses regionales frente al Gobierno nacional, y otro netamente político en el que, incluso, se han conocido denuncias de instrumentalizar la inversión social para favorecer a la derecha tradicional de cara a las elecciones presidenciales de 2026, especialmente a la candidata Paloma Valencia con quien tiene una gran relación gracias a su cercanía con el expresidente Álvaro Uribe.
Tras reponerse de los dos fracasos electorales en las elecciones atípicas en Bucaramanga y Girón, el gobernador Juvenal Díaz logró sumar (con la maquinaria y burocracia departamental) los votos necesarios para la elección de su hermano, Luis Eduardo Díaz, como senador, y a su amigo, el coronel en retiro Guillermo Blanco, como representante a la Cámara de Representantes.
Esta resurrección electoral le permitió a Díaz Mateus tomar un nuevo aire de cara a las presidenciales, campaña en la que respalda la candidatura de Paloma Valencia.
A pesar de su rol institucional, informes de análisis político y de la Misión de Observación Electoral, MOE, advierten que el «Palacio Amarillo» está operando como un cuartel de operaciones electorales.
La Misión Electoral alerta que desde la Gobernación se estaría desvirtuando el propósito de programas sociales como las becas de bilingüismo en el exterior, para ser utilizadas como incentivos o recompensas para los hijos de líderes comunitarios que aseguren bloques de votaciones en sus respectivas veredas.
Además, la MOE advierte que en varias secretarías, especialmente en las provincias de Soto Norte y Guanentá, se estaría presionando a los contratistas (CPS) para que entreguen bases de datos de sus familias y amigos. Se les amenaza con no renovarles sus contratos en junio de 2026 si no garantizan votos para la fórmula presidencial de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo.
“La directriz es clara: o conseguimos los votos para Paloma Valencia o nos dan más contratos. Aunque la orden es impartida por nuestros supervisores ellos dicen que la directriz viene directamente de la Gobernación, por eso nos toca ir a reuniones y pedirle a la familia y a los amigos que voten por Paloma y Oviedo o no me renuevan”, contó a METROPOLITANO una contratista.
La orden también se habría impartido en los diferentes entes e institutos descentralizados del orden departamental.
El respaldo de la administración departamental a la candidatura de Paloma Valencia es tal que la campaña de la aspirante presidencial en Santander se adelanta bajo el eslogan de “Es Tiempo”, la marca posicionada por el gobierno Díaz Mateus durante la campaña que lo llevó al poder y parte de la administración.
LE PUEDE INTERESAR: Poder y familia: clan Tavera aumenta su control en la Cdmb y la Empas
No sería la primera vez que desde el Palacio Amarillo recurren a dicho eslogan para promover campañas políticas, durante la campaña para las elecciones atípicas en Bucaramanga el grupo del Gobernador promovió activamente la candidatura de Carlos Bueno con el lema “Es Tiempo”. Finalmente, Bueno se quemó con algo más de 27 mil votos.
Ruptura en el Palacio
Si bien desde la administración Díaz Mateus niegan estar participando en política electoral, la reciente salida de Carlos Román Ochoa, director de contratación de la Gobernación, dejaría en evidencia la orden de que, quien no esté alineado con las órdenes del despacho será retirado.
Aunque la versión oficial dice que Román presentó su renuncia voluntaria, en los pasillos del Palacio Amarillo se lee la salida del exalcalde de Girón como una represalia ya que estaría haciéndole campaña abiertamente a Abelardo de la Espriella.
“Acá todos sabemos que salió porque está con Abelardo, el general dio la orden de que quien no esté con Paloma se va o no le renuevan el contrato y eso pasó con Carlos Román, porque le está haciendo campaña al ‘tigre’”, explicó otro contratista.
Carlos Román Ochoa llegó a la administración de Juvenal Díaz como cuota del megacontratista Martín Tavera Rodríguez, quien acaba de llevar de la mano a su hermano, Nelson López, a ser elegido senador de la República, con aval de Cambio Radical.
Toda la estructura de Martín Tavera respalda la candidatura de Abelardo de la Espriella. Es por eso que todo su grupo político, en el que están el diputado Leonardo Ardila y los concejales de Bucaramanga, Luis Ávila y Cristian Reyes, están con la campaña del ‘tigre’.
“Solo Cepeda en Barrancabermeja”
Luego de lograr que su esposa, Laura Ahumada, fuera elegida senadora, con aval del Pacto Histórico, el alcalde distrital de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, cerró filas alrededor de la candidatura de Iván Cepeda.
Vásquez, señalado y quien enfrenta un proceso por presunta compra de votos, ha puesto en funcionamiento toda la maquinaria electoral del Distrito Especial para lograr consolidar al Magdalena Medio como el fortín del petrismo en el departamento de Santander.
Y como fórmula que gana no se cambia, el mandatario de los barranqueños está repetiendo la estrategia que le permitió hacer que su esposa fuera elegida como una de las aspirantes más votadas en la consulta del Pacto Histórico, con 68.940 votos.
La estrategia es simple pero efectiva: presionar a los contratistas y aumentar la burocracia por prestación de servicios para que terminen no solo promoviendo las campañas políticas sino que además consigan votos.
Para tal fin, desde el despacho del alcalde distrital se impartió una orden corta pero concisa: “solo Cepeda en esta mond*” una frase que se hizo famosa semanas atrás en redes sociales, pero que ha servido como eslogan para impulsar la campaña presidencial de Iván Cepeda en Barrancabermeja, uno de los bastiones del Pacto Histórico en el país.
“Solo Cepeda en esta mond*. Desde mediados del año pasado que se oficializó que la doctora Ahumada iba a aspirar al Congreso por el Pacto, desde la Alcaldía nos dieron la orden para respaldar su candidatura en la consulta interna del Pacto Histórico. Además de nuestro voto debemos traer por lo menos 30 personas más para mantener el contrato”, revelaron dos fuentes en Barrancabermeja a este medio.
Si en Bucaramanga y la Gobernación la participación política es sutil y estética, en Barrancabermeja es estructural y cínica. Jonathan Vásquez Gómez se encuentra en el ojo del huracán ya que afronta un proceso penal en su contra por delitos de corrupción al sufragante, concierto para delinquir y constreñimiento al elector.
Lo que está ocurriendo electoralmente en el puerto petrolero no es un hecho aislado, sino una metodología de captura del voto que pone en duda la legitimidad de cualquier resultado electoral en la región.
La evidencia recopilada por el CTI de la Fiscalía incluye videos y audios que muestran una logística de guerra electoral. Durante el día de las elecciones que llevaron a Vásquez a la alcaldía, se operaron casas de apoyo cercanas a los puestos de votación donde los electores entregaban su certificado electoral a cambio de «fichos» o vales de colores. Estos vales no solo garantizaban refrigerios, sino que eran canjeables por sumas de dinero que oscilaban entre los 50.000 y 100.000 pesos.
Pero la estrategia proselitista de Vásquez va más allá. Además de haber sido suspendido provisionalmente por la Procuraduría por participar indebidamente en la campaña de su esposa al Senado, en los últimos meses Vásquez ha recurrido a los controvertidos fondos mixtos para evadir la Ley de Garantías y firmar contratos por más de $50 mil millones en la semana previa a las elecciones legislativas, como lo reveló esta redacción.
Según las fuentes en el puerto petrolero, la labor del alcalde distrital es consolidar la votación masiva no solo de Barrancabermeja sino de todos los municipios de Santander que hacen parte del Magdalena Medio como Puerto Wilches, Puerto Parra y Sabana de Torres, entre otros. Esto, como contraprestación por la elección de su esposa como senadora de la República por el Pacto.
Barrancabermeja fue el único municipio de Santander donde el hoy presidente Gustavo Petro ganó en las dos vueltas presidenciales.
Contratos al servicio de votos
Para poder mover toda esa maquinaria electoral, la Gobernación de Santander y las alcaldías de Bucaramanga y Barrancabermeja aumentaron de manera significativa la contratación de personal por prestación de servicio, CPS, robusteciendo el apartado burocrático de cara a las elecciones legislativas y presidenciales.
METROPOLITANO revisó el comportamiento contractual de los tres entes territoriales para finales de 2025 y comienzos de 2026 y pudo constatar que en el mes de enero, justo antes de entrada en vigencia la Ley de Garantías la Gobernación y las alcaldías aumentaron de manera exponencial la contratación directa.
Según el reporte del Secop, de los 1.654 contratos que el actual gobierno departamental suscribió previo a la Ley de Garantías el 95 %, (1.566) fueron bajo la modalidad de prestación de servicios.
La mayoría de los contratos (1.342) se encuentran actualmente en ejecución.
Un grupo significativo de 230 contratos ha sido modificados, mientras que 104 están en estado aprobado.
El valor total acumulado de estos contratos asciende a más de $152.618.893.869.00.
Siguiendo la misma estrategia, la Alcaldía de Bucaramanga puso el acelerador contractual y en enero firmó 2.817 contratos por un valor de $214.148.579.200.00.
Del total de contratos firmados, el 99 % (2.795) fueron por prestación de servicios.
El 92 % de los contratos (2.594) se encuentran actualmente «en ejecución», lo que refleja una alta actividad vigente en la administración.
Pero sin duda el caso más diciente de la maquinaria electoral vía contratación se dio en la administración de de Joanhtan Vásquez que como alcalde de Barrancabermeja suscribió en el pasado mes de enero, justo antes de que entrara en rigor la Ley de Garantías
La administración distrital suscribió 3.126 contratos en el mes de enero, previo a la Ley de Garantías por valor de $132.174.024.183.00. Todos los contratos firmados de manera directa, a dedo.
El 99 %, (3.099) de los contratos fueron bajo la modalidad de prestación de servicios.
Si bien la gran mayoría de los contratos (2.657) se encuentran en ejecución, un volumen significativo de contratos en estado modificado (356) y suspendido (124).
Estas cifras sugieren la necesidad de ajustes frecuentes en los términos iniciales o interrupciones en el desarrollo de las actividades contratadas.
Ante este panorama, mientras Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda comienzan su gira para terminar su participación en plazas públicas, las maquinarias en Santander continúan aceitando toda su burocracia de cara a la primera vuelta presidencial que se tendrá lugar el próximo 31 de mayo.
***
¿Tiene una denuncia o una historia para contar? Escríbanos al correo info@metropolitano.com.co
Aquí otras investigaciones de METROPOLITANO:
- El ‘contratadero’ de Cúcuta: $150 mil millones tercerizados y una curul en el Senado
- El rastro de Aremca en Santander: en vilo un acueducto de $1.183 millones en Rionegro
- Muelle de Topocoro: líos, retrasos y una adición de tres mil millones
- La ‘avalancha’ de contratos en el Ministerio de Minas en vísperas de la Ley de Garantías
- El ‘yo con yo’ en el contrato del megacentro de eventos Arena Bonita
- Un cartel de contratación de Pymes ‘nómadas’ en Santander
- El lío del baldío del congresista santandereano Luis Eduardo Díaz
- Richard Aguilar ‘aterriza’ en el Partido Liberal para las legislativas de 2026
- Corredor Agroforestal: $180 mil millones, un primo contratista y un regalo de cumpleaños para Richard Aguilar
- Los contratos ‘fantasma’ de la poderosa Juliana Guerrero con la UIS
- Golpe de mano en la CAS: alcalde de Barrancabermeja quiere su propia autoridad ambiental
- Un puente ‘invisible’ en Santander que costaría más de $4 mil millones
- Los juguetes ‘fantasma’ de Hugo Aguilar y una nueva imputación por corrupción
- Caso chatarra se quedó sin testigo estrella: Edgardo Rodríguez desiste del principio de oportunidad
- El pasado en presente: Carlos Ramón González y su condena por corrupción hace 25 años en Bucaramanga
- Girón: un alcalde en vilo, el negocio de los servicios públicos en la mira y dos ‘contrataderos’
- Un polémico contratista en la nueva operación del peaje de la Mesa de Los Santos
- La ‘feria’ de problemas de ‘Topito’, el polémico alcalde de El Playón que con una condena encima sigue gobernando
- Un ‘pacto’ que no cuadra en la UTL de la representante Mary Anne Perdomo
- Las cuentas no tan claras en la campaña de Ferley Sierra
- Carlos Ramón González: poder, nepotismo y los testimonios que lo enredan en el escándalo de la Ungrd
- Caso ‘La Cerve’: impunidad en la Cuadra Play de Bucaramanga
- Tres mil millones en alquiler de helicópteros para el gobernador: gasto por las nubes y un contrato con inconsistencias
- Los ‘fichos’ y la presunta compra de votos del alcalde de Barrancabermeja
- Caso estadio Alfonso López: la pieza que falta en un gran entramado de corrupción en Santander
- La millonada que costará reconstruir Metrolínea
