La Fiscalía delegada ante la Corte Suprema le imputó cargos al exgobernador de Santander Mauricio Aguilar Hurtado como presunto responsable de los delitos de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros, pero el exmandatario no aceptó ninguno de los cargos relacionados con presuntas irregularidades en la ejecución del proyecto de construcción del megacolegio Lucas Caballero, en el municipio de Suaita.
Ante el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Juan Carlos Arias López, (que actúa como juez de garantías), fue legalizada la imputación de cargos en contra del exfuncionario por las aparentes fallas en el proyecto en el que se invirtieron más de 16 mil millones de pesos.
El ente acusador señala al exmandatario como presunto responsable de graves inconsistencias en la planeación y ejecución de un colegio con énfasis agrícola en el municipio de Suaita, proyecto financiado con recursos de regalías nacionales y que hoy se traduce en un detrimento patrimonial estimado en 3.339 millones de pesos.
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El análisis de la Fiscalía concluye que los pagos efectuados representan una pérdida total para el erario, ya que la infraestructura ejecutada carece de valor funcional o legal.
| Concepto | Monto (Pesos Colombianos) |
|---|---|
| Valor de compra del lote | $551 millones |
| Valor del contrato original | $15.280 millones |
| Adición presupuestal (Octubre 2023) | $6.500 millones |
| Pagos ejecutados (Lote, preliminares, tierras) | $3.339 millones |
| Detrimento patrimonial (Estimación Fiscalía) | $3.339 millones |
La investigación judicial arroja que el proyecto fue concebido con deficiencias estructurales de planeación. Los estudios y diseños estaban incompletos, no contaban con las licencias ambientales obligatorias y el presupuesto fue estructurado de manera deficiente, sin contemplar la totalidad de las obras requeridas para mitigar las restricciones del terreno.
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Desde la perspectiva del impacto social, la obra se configura como una redundancia innecesaria. La Fiscalía evidenció que en Suaita ya operaba una institución educativa con 10 sedes adicionales que satisfacían la demanda local.
El proyecto del colegio agrícola se impulsó sin una justificación socioeducativa real: no existía presupuesto para la planta docente ni una población estudiantil suficiente para llenar las aulas, consolidando las características de un «elefante blanco«.
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Según la Fiscalía, la administración departamental en cabeza del entonces gobernador, Aguilar Hurtado, destinó 551 millones de pesos a la adquisición de un lote que nació con una sentencia de inviabilidad. La Fiscalía resalta que la Gobernación incurrió en una omisión de advertencias técnicas críticas, pues un arquitecto de la propia Secretaría de Infraestructura había notificado previamente las dificultades del terreno.
La gravedad de la ubicación del proyecto sobre fuentes hídricas y bosque nativo ha llevado a la Fiscalía a sostener una tesis de pérdida total. Lo poco que se alcanzó a edificar —correspondiente a movimientos de tierra y trabajos preliminares— deberá ser demolido por razones ambientales.
La insostenibilidad legal de construir en áreas protegidas convierte la inversión de 3.339 millones de pesos en un daño patrimonial irreversible, ya que el terreno no puede ser saneado para el fin educativo propuesto.
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Aunque el exgobernador Mauricio Aguilar no aceptó lo cargos que le endilgó el ente acusador y a pesar de su negativa el proceso penal en su contra, por la fallida construcción del megacolegio de Suaita, continúa adelante en la Corte Suprema de Justicia.
