En Suaita, Santander, hay una creciente indignación. El pueblo comunero que habita hoy este histórico municipio ve cómo día tras día se consolida un ‘elefante blanco’ entre su comunidad, una obra fallida de la que mucho se ha denunciado pero poco se ha logrado.

En los últimos catorce meses no se ha movido un solo ladrillo en el fallido proyecto de construcción de la nueva sede del Colegio Integrado Lucas Caballero, institución insignia de la provincia que lleva el nombre del prócer liberal y empresario, fundador de la legendaria fábrica de hilados, licores y chocolates de San José de Suaita.

Únase AQUÍ al canal de WhatsApp de METROPOLITANO y reciba en su celular nuestras mejores historias

A pesar de que los recursos destinados para la megaobra superan los $16 mil millones, la infraestructura educativa, prometida y contratada en la administración del gobernador Mauricio Aguilar Hurtado lleva más de un año suspendida como consecuencia de evidentes errores y falencias en los estudios y diseños.

Hace un año, cuando apenas comenzaba su gobierno y recibía como herencia esta problemática obra, el gobernador Juvenal Díaz criticó las condiciones con las que se hicieron sus estudios y diseños: «Qué horror, pagaron 25 millones por su elaboración y dieron solo 45 días para su ejecución, una locura», dijo.

Mientras los habitantes de Suaita siguen sintiéndose burlados, el Gobierno nacional ahora sugiere que se liquide el contrato mientras la actual administración departamental busca salvar el agónico proyecto, para lo cual se necesita una adición de al menos $5 mil millones.

No escucharon al pueblo

Ya han pasado dos años y cuatro meses desde que el entonces gobernador Aguilar Hurtado anunció con bombos y platillos la adjudicación del Contrato 3835, para la construcción de una súper infraestructura educativa como nueva sede del tradicional colegio Lucas Caballero pero hoy en el lote solo se ven algunos movimientos de tierra y desidia.

En el pueblo recuerdan muy bien y reclaman que desde los primeros anuncios se presentó una férrea oposición de la misma comunidad educativa, que no estuvo de acuerdo con el cambio de su sede, pues muchos consideraban que la que tienen está en buen estado, no querían que quedara alejada del casco urbano y sentían desconfianza.

Pero el gobierno de entonces no escuchó a su gente, al parecer lo importante era contratar. La obra, que ya debió estar terminada, hoy es un terreno baldío, la ejecución no alcanza ni el 23 % de avance físico, mientras su costo ya va superando los $20 mil millones.

En su momento la entonces secretaria de Educación del actual gobierno, María Paola Suárez, calificó como inaceptable que Suaita esté viviendo este problema que era innecesario, pues la actual sede del colegio, aunque requiere mejoras, es funcional.

«Los estudiantes desarrollan sus actividades en espacios aptos y suficientes, no refleja un buen juicio de necesidad, hay muchas otras sedes educativas en pésimo estado en el departamento que requieren intervención urgente», señaló.

Lea también: El nuevo lío de Alirio Villamizar: contratos, falsos empleados y desvío de $13 mil millones para su lujosa casa

Aunque el contrato contemplaba un plazo de ejecución de 12 meses, dos años y medio después de firmado la Unión Temporal Colucas 2022 solo ha realizado movimientos de tierra y no ha puesto ni el primer ladrillo de lo que debería ser el nuevo colegio.

Ni la vigilancia especial de la Contraloría General de la República, ni las indagaciones previas de la Procuraduría han logrado destrabar la construcción de la fallida obra, afectada por errores de planeación, cuestionamientos en su adjudicación y críticas a sus contratistas.

Obras en zona de reserva forestal

METROPOLITANO revisó el expediente contractual del fallido proyecto encontrando evidentes errores administrativos y presuntas irregularidades que explicarían el retraso de las obras.

Se trata de posibles fallas en los estudios y diseños de la megaobra, con origen en la consultoría contratada en su momento por el alcalde Javier Chacón (quien ya falleció), socio político y amigo personal del exgobernador Aguilar.

Aunque en el cronograma de la obra se estableció que el 13 de febrero del 2024 debía estar terminada, el 16 de febrero de 2024, tres días después de la fecha límite, la ejecución fue suspendida porque el contratista requería realizar el traslado de una red de media tensión y hacer un ajuste al proyecto para incluir actividades indispensables para la estabilidad y funcionamiento de la nueva infraestructura.

A pesar de ser una obra inconclusa que recibió de la administración anterior, el año pasado el gobernador Juvenal Díaz, con pocas semanas de haber asumido su cargo, anunció que en la primera semana de abril se reanudarían las obras.

Sin embargo, sin que pudieran reactivarse, la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, emitió la Resolución RCA No. 0071 mediante la cual impuso una medida preventiva de carácter ambiental, ordenando la suspensión inmediata de las actividades de tala, remoción de tierra y de capa vegetal en el predio ya que estaba afectando la franja forestal protectora de dos fuentes hídricas y solicitó el aislamiento y reforestación de 30 metros aledaños a cada una de las mismas.

METROPOLITANO confirmó que los estudios y diseños para el nuevo megacolegio contemplaron que las obras estuvieran a menos de ocho metros del cauce de las quebradas Chorreras e Inmaculada, que bordean el terreno establecido para la nueva sede del Lucas Caballero, lo que sería la génesis de los problemas que hoy tiene a esta ‘megapromesa’ empantanada desde hace más de un año.

Revisando el proyecto se encuentra que en su formulación no se tuvieron en cuenta las afectaciones ambientales a las dos corrientes hídricas identificadas por la CAS.

Se contempló la construcción de obras entre 4 y 8 metros de distancia desde el borde de la fuente hídrica, lo cual fue alertado por la autoridad ambiental en la Resolución 0071 del 23 de mayo de 2024, que impuso medidas preventivas por afectar la zona forestal protectora de las dos corrientes hídricas y no respetar los 30 metros de distancia para las obras.

Tras ser notificada, la Gobernación interpuso un recurso el cual fue negado por la CAS, que reiteró que por ser un predio rural la franja de protección no puede ser inferior a 30 metros.

Según los cálculos de la CAS, la franja forestal protectora ocupa 46 % del área total del predio, en otras palabras, el 38 % de las obras de la sede del Lucas Caballero están localizadas en una zona de protección ambiental.

El recurso de apelación de la Gobernación a la CAS buscaba que la autoridad ambiental permitiera que las zonas limítrofes con las fuentes hídricas pasaran de 30 a 15 metros de distancia, pero la corporación lo rechazó y ratificó que la franja forestal protectora debe ser de 30 metros.

Le puede interesar: El arancel de Trump que ‘amargaría’ las exportaciones de limón tahití, cacao y aguacate de Santander

¿Quién responde por las fallas de planeación?

De acuerdo a la trazabilidad del proyecto, en el proceso de selección de mínima cuantía 016-2021, para los estudios y diseños el arquitecto Hugo Fernando Pérez Carrascal se presentó como único oferente.

Así las cosas, el exalcalde de Suaita, Elkin Javier Chacón, y el arquitecto Pérez celebraron el contrato de consultoría 080 de 2021, para los estudios y diseños de la nueva institución educativa, por un valor de $25 millones.

Según la minuta del contrato, Pérez debía realizar el levantamiento topográfico, diseño arquitectónico, estructural, hidrosanitario, y eléctrico de la obra, los cuales, quedarían plasmados en informes, memorias y planos definitivos.

Es decir, el arquitecto se encargaría de realizar todo lo correspondiente a los estudios y los diseños para la nueva infraestructura del principal colegio de Suaita, incluidos los análisis de las afectaciones ambientales y la protección de las fuentes hídricas.

Aunque inicialmente se tenía previsto que el contrato sería ejecutado en mes y medio, los presuntos errores e inconsistencias en los estudios y diseños que fueron presentados por el contratista condujeron a que la consultoría estuviera suspendida por más de año y medio, hasta el 22 de junio del 2023 cuando fueron aprobados por la entonces secretaria de Educación del gobierno Aguilar, María Eugenia Triana.

A pesar del visto bueno de la Gobernación y la Alcaldía de Suaita, el 23 de mayo de 2024 la CAS impuso una medida preventiva que tiene desde hace más de un año suspendidos todos los trabajos de la problemática obra, que está a punto de convertirse en otro ‘elefante blanco’ en Santander.

En octubre del 2023 la Alcaldía de Suaita en sus redes sociales daba como un hecho la megaobra pero año y medio después no hay nuevo colegio. Ver video:

Contrato a punto de la liquidación

Ante este panorama y teniendo en cuenta que el 60 % de los recursos con lo que se financia el proyecto provienen del Sistema General de Regalías, el Gobierno nacional ordenó la cesación de pagos del proyecto hasta que no haya una decisión de fondo.

“La Subdirección de Control de la Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control del Sistema General de Regalías del Departamento Nacional de Planeación el 25 de agosto de 2024 expidió el acto No. SDC 202444600, inicia el Procedimiento Administrativo de Control PAC- 2298-24 y mediante Resolución 2463 del 27 de agosto de 2024 impuso la medida de protección inmediata de suspensión inmediata de pagos”, dice la orden del DNP.

La situación es tal, que incluso la Nación puso a consideración de la Gobernación de Santander la posibilidad de contemplar la liquidación anticipada del millonario contrato, teniendo en cuenta las múltiples fallas y el letargo en las obras.

“Para el efecto, la entidad ejecutora deberá determinar la pertinencia de continuar con la ejecución del proyecto, o por el contrario si se comprueba que la continuación de la ejecución es inviable porque no cuenta con licencias o permisos, asimismo, el Acuerdo 007 de 2022, en su artículo 4.5.2.1. establece cuando, como consecuencia de una sustitución de fuentes proceda la liberación parcial de recursos, corresponderá a la secretaría técnica u oficina de planeación o la que haga sus veces, de la entidad o instancia que aprobó el proyecto de inversión, verificar que el valor por la fuente a sustituir no tenga pagos asociados”, propuso el DNP.

Desde junio de 2024 la Contraloría realiza seguimiento a la fallida obra del Lucas Caballero

Esta postura de la Contraloría fue respaldada por la Procuraduría, que en el marco del seguimiento que hace a este proyecto lo sugirió.

El pasado 6 de noviembre el Ministerio Público realizó una visita a la Gobernación, y dentro de los compromisos adquiridos por el gobierno seccional estuvo la definición final del alcance del proyecto, es decir si se da trámite a ajustes o, por el contrario, se realiza el proceso de desaprobación del proyecto y liberación de los recursos ante el SGR.

Cambios de diseños y millonarias adiciones

A pesar del pésimo panorama, la administración departamental decidió inclinarse por reajustar el diseño arquitectónico, reubicar espacios y disminuir el área de algunos escenarios deportivos como la cancha de fútbol, para cumplir el proyecto y el requerimiento ambiental. 

Lo anterior con el fin de no liquidar de manera anticipada el proyecto, pues no solo se tendrían que devolver los recursos al Gobierno nacional, sino que acarrearía una cadena de investigaciones disciplinarias y fiscales en contra de la administración departamental.

Sin embargo, dichos ajustes al proyecto también exigirán una millonaria inversión adicional por parte de la actual administración.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, para cumplir con el requerimiento ambiental, el contratista presentó una propuesta para ajustar el diseño arquitectónico, reubicar algunos espacios y disminuir el área de la cancha de fútbol, haciendo uso del 54 % del área del predio. Además, la inclusión de actividades de estabilidad y funcionamiento (Obras de estabilización de taludes, sumideros y cárcamos red de aguas lluvias, y traslado de la subestación).

“Es así, que, para continuar con la ejecución de la obra, se debe presentar un ajuste del proyecto a la Dirección de Proyectos de Regalías de la Secretaría de Planeación que incluya los cambios arquitectónicos, los ítems no previstos y las mayores cantidades de obra. Este ajuste requeriría una adición de recursos que se estima cercana al 30 % del valor contratado”, señala la propuesta.

En tal sentido, para poder reanudar la construcción la Gobernación de Santander deberá adicionar por lo menos $5 mil millones más para financiar los cambios y reactivar las obras.

Aunque desde enero pasado ya existía un consenso para el reajuste del proyecto, los trabajos de obra continúan suspendidos por la falta de viabilidad por parte de la Secretaría de Educación departamental que funge como oficina gestora del contrato.

El pasado 14 de marzo la Gobernación prorrogó por séptima vez la suspensión del contrato 3835 para la construcción del megacolegio Lucas Caballero por un término de dos meses más, por lo que las obras continuarán paralizadas hasta el próximo 14 de mayo, mientras la comunidad estudiantil, que siempre se han opuesto al cambio de sede ante el miedo de posibles incumplimientos por parte de los gobernantes, observan como todos sus temores se están confirmando.

Los contratistas

En la historia y varios videos en redes sociales quedó registrada la oposición de la comunidad al cambio de sede del colegio, pero sin tenerlo en cuenta la Secretaría de Infraestructura, en ese momento en cabeza de Jaime René Rodríguez, adjudicó el contrato con un presupuesto de $16 mil millones.

Sobre el papel se presentaron cuatro oferentes, todos con una relación directa o indirecta con la administración Aguilar.

Al final la Unión Temporal Colucas 2022, integrada por dos firmas costeñas: JL Agudelo Construcciones SAS y Discep SAS, que obtuvo una calificación perfecta (100 sobre 100 puntos posibles), fue la escogida.

Las firmas del consorcio presentaron como experiencia la ejecución previa de contratos de obras que estuvieron marcados por millonarias adiciones e incumplimientos en los plazos.

Lea además: Carlos Ramón González y Luz Dana Leal: dos millonarios en el gobierno Petro

El diputado de Santander, Giovanni Leal, ha denunciado en varias oportunidades las presuntas irregularidades en el proyecto del nuevo colegio. Ver video:

En septiembre del 2023, siete meses después de firmada el acta de inicio, la unión temporal aseguró que los estudios y diseños distan del proyecto original del megacolegio, por lo que pidió una modificación en el presupuesto de $6.567 millones adicionales.

“Realizado el análisis preliminar de las memorias de obra se evidencia un faltante de $6.567 millones para realizar el proyecto en su totalidad”, dice en el acta.

La Procuraduría inició investigación disciplinaria por presuntas irregularidades en el proyecto

Dos meses después, el 14 de noviembre de 2023, la unión temporal suscribió el Acta de Modificación de Cantidades No. 1, que en lo concerniente a los capítulos de preliminares y movimientos de tierra aumentaron en un 323 %, pasando de tener un costo de $885 millones a más de $2.865 millones.

Todo esto, con el guiño del consorcio interventor, integrado por las firmas: Consultoría e Interventorías Técnicas profesionales SAS, de La Paz, Cesar; y Laboratorio de Negocios Bizlab SAS, interventoría con un costo superior a los $620 millones.

Al igual que las empresas encargadas de la ejecución, la interventoría también está integrada por empresas con origen en la costa atlántica.

Así va esta historia de una promesa educativa incumplida para los habitantes de Suaita, mientras la Gobernación encuentra una solución definitiva, ya sea reajustando los diseños y realizando millonarias adicionales, o acatando la sugerencia de DNP y declarando la finalización anticipada del contrato, los estudiantes del colegio Lucas Caballero continúan recibiendo clases en la que ha sido su histórica sede educativa, en pleno centro del municipio, en donde no tienen problemas y como ellos mismos dicen, no quieren salir.