Una protesta ciudadana obligó a replantear la agenda institucional de la ministra de Ambiente, Lena Estrada, durante su visita al municipio de Vetas, Santander. Algunos habitantes recibieron a la funcionaria con un tapabocas negros con una X pintada sobre ellos. La molestia se desató luego de que la ministra apareciera en un acto público luciendo una camiseta con el mensaje «Sí a la Consulta Popular«, en un espacio que, según los organizadores, debía ser técnico y no político.

La situación escaló rápidamente. Cerca de mil personas alzaron su voz para rechazar lo que consideran una imposición desde el Gobierno nacional en torno a la delimitación del páramo de Santurbán, un proceso que —según denunciaron— ignora los aportes técnicos y jurídicos de las comunidades, incumple la Sentencia T-361 de 2017, y amenaza con acabar la vocación minera del municipio.

«Fue evidente que la ministra vino a leer un concepto que no conoce. No respondió a los argumentos ni a los documentos que ya habíamos entregado. Incluso tuvo que pausar la reunión por media hora para reorganizar su presentación”, declaró Ivonne González, presidenta de Asomineros Vetas y de la Fundación Dignidad Minera.

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El encuentro, que debía ser un espacio de concertación, se convirtió en una crítica abierta al manejo del proceso de delimitación. Según la comunidad, mientras la creación de una Zona de Reserva Temporal fue tramitada en tan solo 97 días, la delimitación ordenada por la Corte Constitucional ya completa más de siete años de retraso.

La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación también estuvieron presentes y coincidieron en advertir que el Ministerio de Ambiente ha incumplido sistemáticamente los plazos y garantías del proceso participativo que exige la sentencia judicial. El reclamo de Vetas, por tanto, no es aislado ni infundado.

«La ministra debe declararse impedida para seguir liderando este proceso. Ha perdido legitimidad y está repitiendo las mismas prácticas políticas que ya hemos rechazado antes. No puede haber concertación real si se desconoce el territorio y su historia«, agregó González.

La comunidad también criticó un reciente comunicado del Ministerio en el que respalda al Comité de Santurbán por supuestas estigmatizaciones, mientras —según los vetanos— se continúa señalando injustamente a los mineros del territorio. «Nos han tratado como delincuentes por ejercer un oficio que llevamos haciendo desde hace más de 400 años. Eso no es justicia ambiental, es discriminación«, dijo la líder.

Respaldo al Comité de Santurbán

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expresó su preocupación ante las amenazas y actos de intimidación dirigidos contra integrantes del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, en relación con su labor de protección de los derechos humanos y la defensa del territorio frente a posibles afectaciones, producto de  megaproyectos mineros en el departamento de Santander, impulsados por las corporaciones Aris Mining Corporation y MDC Industry Holding Company LLC.

Estos hechos han sido denunciados por organizaciones internacionales y expertos de la Organización de Naciones Unidas -ONU-, quienes han solicitado medidas de protección urgentes.

«Colombia no puede permitir que quienes defienden el agua y la vida sean perseguidos. Las voces que protegen los páramos son fundamentales para la democracia ambiental que estamos construyendo. Escazú no es un discurso, es una obligación ética y legal que estamos haciendo cumplir en el territorio», afirmó la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Lena Estrada Añokazi.

En un comunicado, el ministerio reconoció el papel histórico que ha desempeñado el Comité en torno a la defensa de la vida, el agua y, principalmente, el ecosistema del páramo de Santurbán, vital para el abastecimiento de agua de más de dos millones de personas en el nororiente de Colombia.

«En tal sentido, y en cumplimiento de nuestras obligaciones, armonizadas por los mandatos derivados de la ratificación del Acuerdo de Escazú, este Ministerio reitera su compromiso con la protección de las personas defensoras del ambiente, garantizando un entorno seguro para el ejercicio de su labor. Adicionalmente, solicita a las autoridades competentes, particularmente a la Unidad Nacional de Protección (UNP), la implementación de medidas colectivas de protección adecuadas al carácter comunitario del Comité, y hace un llamado a todas las entidades del Estado a actuar con celeridad para garantizar la integridad y continuidad de sus labores», señaló el Minambiente.