El proceso de delimitación del páramo de Santurbán enfrenta una nueva tormenta. Por un lado, el municipio de Vetas denunció un supuesto giro inesperado del Ministerio de Ambiente en los acuerdos previamente concertados sobre la delimitación del ecosistema, mientras que el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán interpuso una denuncia penal contra el exministro Carlos Eduardo Correa por presuntas irregularidades en un acuerdo que, según ellos, favoreció intereses mineros en la zona protegida.

La controversia estalló el pasado 2 de julio durante una audiencia de seguimiento del proceso de delimitación participativa, presidida por la magistrada Luisa Fernanda Flórez del Tribunal Administrativo de Santander. Según la alcaldesa de Vetas, Angélica García Rodríguez, el Ministerio de Ambiente cambió abruptamente su postura, pasando de ratificar los acuerdos con el municipio a desconocerlos en cuestión de minutos, supuestamente por presión política y mediática de sectores ambientalistas.

«Esta falta de seriedad e imparcialidad del Ministerio nos llena de preocupación. ¿Cómo confiar en una entidad que no puede mantener su palabra ni en una audiencia judicial?», expresó la mandataria local, respaldada por líderes mineros y autoridades del municipio.

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Vetas también cuestionó las declaraciones de la ministra Lena Estrada, quien afirmó que en una reunión previa se había acordado con el municipio presentar «garantías de gobernanza» sobre lo pactado. La alcaldía lo desmintió rotundamente, indicando que no se llegó a ningún acuerdo en ese encuentro, tal como consta en las relatorías y grabaciones entregadas al Tribunal.

La administración municipal pidió al Ministerio Público y al Tribunal que garanticen un proceso transparente, técnico y sin interferencias externas. A su vez, reclamó respeto por su vocación minera, asegurando que la estigmatización ha puesto en riesgo la integridad de líderes locales.

De manera simultánea, el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán anunció una denuncia penal ante la Fiscalía General contra el exministro Carlos Eduardo Correa. Lo acusan de prevaricato por acción y fraude a resolución judicial por haber firmado, entre 2021 y 2022, un acuerdo que permitió la sustracción de más de 800 hectáreas del páramo para facilitar 16 títulos mineros, 12 de ellos en manos de empresas multinacionales.

«El Acuerdo de Vetas fue una jugada para viabilizar la minería en una zona protegida. Violó normas ambientales y fallos de la Corte Constitucional”, afirmó el Comité, que también criticó los criterios técnicos con los que se hizo la delimitación, por ignorar el rol de las aguas subterráneas y los bosques altoandinos.

El Comité exigió al Gobierno Petro que cumpla con su promesa de ordenar el territorio alrededor del agua y solicitó estudios científicos rigurosos para garantizar una verdadera protección del ecosistema de Santurbán.

Este nuevo capítulo en el largo conflicto por el páramo refleja el choque de visiones entre comunidades que defienden la minería como sustento económico y sectores que reclaman una protección ambiental estricta. En medio del cruce de denuncias y desacuerdos, el futuro de uno de los ecosistemas más estratégicos del país vuelve a estar en el centro del debate.