El Ministerio de Ambiente dejó sin efecto la delimitación parcial del páramo de Santurbán que había sido expedida en agosto de 2026 en una decisión que se tomó luego de identificar irregularidades en el proceso, especialmente relacionadas con la participación de las comunidades de la provincia de Soto Norte, en Santander, y el cumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional.
La medida quedó establecida en la Resolución 1278 del 28 de septiembre de 2026, mediante la cual se revocó directamente la Resolución 0992 del 6 de agosto, adoptada en el gobierno del expresidente Gustavo Petro. El Ministerio señaló que la revisión encontró problemas que comprometían las garantías de participación ambiental, publicidad, transparencia y debido proceso.
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la denominada “delimitación progresiva”, una metodología que, según MinAmbiente, no está prevista en la ley ni fue ordenada por la Corte Constitucional.
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El mecanismo permitió avanzar con decisiones sobre determinados sectores del complejo mientras las concertaciones con comunidades de al menos 14 municipios todavía estaban pendientes. Para el Ministerio, esto se apartó de lo establecido en la Sentencia T-361 de 2017.
Dicha sentencia ordenó adelantar un nuevo proceso de delimitación con participación amplia y efectiva de las comunidades de los 40 municipios involucrados, antes de adoptar una nueva decisión sobre el territorio.
La revisión también encontró diferencias entre el proyecto que fue sometido a comentarios ciudadanos y el texto finalmente convertido en resolución. Entre las modificaciones aparecen cambios en el ámbito territorial y cartográfico, el número de municipios afectados y el alcance de la sustitución de la delimitación de 2014.
También se introdujeron modificaciones relacionadas con el sistema de fiscalización, la instancia de coordinación y el modelo de financiación. Según MinAmbiente, esos cambios tenían tal alcance que debieron ser sometidos nuevamente a consideración pública.
Otro de los puntos señalados por el Ministerio está relacionado con los municipios de Vetas y California, donde, según la revisión, se modificó el límite del páramo sin que existiera suficiente sustento técnico o jurídico y sin incorporar plenamente acuerdos alcanzados previamente con las comunidades.
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La decisión llega después de cuestionamientos judiciales al proceso de delimitación parcial. Un juez administrativo de Bucaramanga había señalado afectaciones a derechos de las comunidades, entre ellos la participación ambiental efectiva, el acceso a la información y el debido proceso.
La alcaldesa de Vetas, Angélica García, celebró la decisión y pidió que se dé cumplimiento a las órdenes del Tribunal Administrativo de Santander para avanzar en una nueva etapa de concertación con las comunidades del municipio.
Desde el sector minero también hubo pronunciamientos. Ivonne González, presidenta de Asomineros Vetas, sostuvo que la anterior delimitación desconoció acuerdos alcanzados con habitantes de Soto Norte y pidió que las comunidades sean escuchadas durante el nuevo proceso.
El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, manifestó que la delimitación debe realizarse conforme a las normas y planteó que los diferentes actores trabajen para alcanzar decisiones de fondo sobre el páramo antes de marzo de 2027.
MinAmbiente aclaró que la revocatoria no significa levantar la protección ambiental del Complejo de Páramos Jurisdicciones–Santurbán–Berlín. Ambientalistas y defensores del agua han insistido en que la delimitación es clave para proteger el ecosistema de páramo y manifestaron que preparan manifestaciones en Bucaramanga.
El proceso deberá continuar bajo las reglas constitucionales, legales y jurisprudenciales, con participación de las comunidades y medidas para garantizar la protección del ecosistema.
