Una fuerte advertencia lanzaron la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo al Ministerio de Ambiente por la forma en que declaró una zona de reserva de recursos naturales en el macizo de Santurbán. Ambas entidades solicitaron al Tribunal Administrativo de Santander suspender de inmediato los efectos de la Resolución 0221 de 2025, por presuntas irregularidades que afectarían a más de 35 mil personas en siete municipios del departamento.
El extenso informe entregado al Tribunal señala, lo que serían, serias omisiones por parte del Gobierno nacional en el proceso de delimitación ambiental. Entre los hallazgos más graves se destaca la exclusión de más de mil observaciones presentadas por las comunidades, lo que representaría una posible violación del derecho fundamental a la participación ambiental, consagrado en el Acuerdo de Escazú y en la Sentencia T-361 de 2017.
«La resolución fue expedida sin una consulta efectiva, sin información clara y sin escuchar a las comunidades. Esta imposición vulnera nuestros derechos y pone en riesgo la supervivencia de las familias que por generaciones han vivido de la minería en Soto Norte», denunció Ivonne González, presidenta de Asomineros Vetas.
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En el documento, tanto la Procuraduría como la Defensoría cuestionan que la resolución fue firmada por la exministra Susana Muhamad en su último día en el cargo, pese a estar recusada por posibles conflictos de interés. Además, el acto administrativo contiene errores sustanciales en las cifras del área protegida, que abarca 75 mil hectáreas, y fue tramitado en un tiempo récord de 97 días.
Contrario a esa rapidez, las entidades de control recuerdan que han pasado más de siete años desde que la Corte Constitucional ordenó la delimitación del Páramo de Santurbán, sin que se haya cumplido. De siete mesas de concertación prometidas con las comunidades, solo una se ha realizado, lo que ha incrementado el malestar social, las protestas y la desconfianza hacia las instituciones.
El informe no solo cuestiona la validez legal de la resolución, sino que también plantea la posibilidad de que se impongan sanciones por desacato contra la ministra saliente, debido al incumplimiento reiterado del mandato constitucional.
Las comunidades afectadas —entre ellas las de Vetas, California, Suratá, Charta, Tona, Matanza y Bucaramanga— ya habían protestado en repetidas ocasiones por lo que consideran una decisión impuesta, antitécnica y que podría condenarlas a la pobreza o al desplazamiento forzado.
La petición de suspender la resolución busca frenar sus efectos mientras se reinicia el procedimiento con garantías reales de participación ciudadana. El Tribunal Administrativo de Santander tiene ahora la responsabilidad de evaluar la solicitud y decidir si detiene los alcances de una resolución que, según los entes de control, nació sin legitimidad ni sustento legal.
Ambientalistas defienden la zona
El debate sobre la protección del páramo de Santurbán se reavivó hace tres meses tras la petición del gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, de suspender la creación de una zona de reserva temporal en este ecosistema estratégico. La solicitud, enviada a la entonces ministra de Ambiente saliente, Susana Muhamad, generó el rechazo del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, que calificó la acción como una amenaza para la conservación ambiental.
En su carta, el gobernador argumentó que la medida podría afectar la agricultura y la economía de los municipios de la provincia de Soto Norte, razón por la cual pidió evaluar su viabilidad. Sin embargo, Mayerly López, vocera del Comité, cuestionó duramente la solicitud, considerándola una «desfachatez» que pone en riesgo la protección del páramo.
El tema ha generado un fuerte debate entre sectores políticos, ambientalistas y comunidades locales. El Ministerio ha insistido en que el proyecto de resolución de la zona de reserva temporal en Santurbán es para proteger el agua.
Efectos: esta resolución tendrá una duración de 2 años y es temporal. se soporta bajo el principio de precaución, para proteger las cuencas de los ríos alto Lebrija y Cáchira Sur, así proteger la biodiversidad y la regulación hídrica que garantiza el suministro de agua potable para más de un millón 300 mil personas de Bucaramanga, su área metropolitana y de los 7 municipios que constituyen el área. Previniendo daños irreversibles.
Se ha aclarado que no afecta la agricultura, la ganadería, la infraestructura, ni las licencias de construcción, actividades que continúan bajo las disposiciones del ordenamiento territorial y vigilancia de la autoridad competente.
Reconoce la tradición minera de los municipios de Vetas, California y Suratá y garantiza la continuidad de procesos de formalización que se vienen adelantando con los pequeños mineros tradicionales en formalización.
No afecta, no frena, las actividades mineras que cuentan con título minero e instrumento minero y ambiental vigentes.
