Declaran en desacato a la ministra (e) de Ambiente, Irene Vélez, por incumplir delimitación del páramo de Almorzadero

Un juez de Málaga declaró en desacato a la ministra y a dos funcionarios por incumplir la orden de delimitar el páramo del Almorzadero. El fallo advierte que, pese a la orden emitida en 2019, el Ministerio no ha mostrado avances.

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El Ministerio de Ambiente vuelve a quedar en el ojo del huracán judicial. El Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Málaga declaró en desacato a la ministra (e) Irene Vélez Torres y a dos altos funcionarios de la entidad por no cumplir la orden de expedir una nueva resolución de delimitación del páramo del Almorzadero, ubicado entre Santander y Norte de Santander.

La decisión judicial concluyó que, pese a que desde 2019 el Tribunal Superior de Bucaramanga ordenó definir los límites del complejo de páramos bajo un proceso participativo, el Ministerio no ha mostrado avances reales. Según el fallo, las gestiones presentadas se limitaron a reseñar reuniones y mesas de trabajo, sin cumplir con los pasos mínimos de convocatoria amplia, análisis de observaciones y concertación efectiva que exige la Corte Constitucional.

Por esa omisión, el juez impuso una multa equivalente a cinco salarios mínimos contra Vélez y declaró también en desacato a Delio Mendoza Hernández, director de Bosques y Biodiversidad, y a Mauricio Cabrera Leal, viceministro de Políticas y Normalización Ambiental. El fallo pasará a consulta del Tribunal Superior de Bucaramanga.

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El caso de Almorzadero no es aislado. El Ministerio de Ambiente enfrenta un proceso similar por el páramo de Santurbán, donde se acumulan ocho años de retraso y serios cuestionamientos por el incumplimiento de cronogramas y la falta de participación ciudadana.

Tanto la Procuraduría como la Defensoría han instado al Gobierno a culminar los procesos y suspender medidas transitorias que, según las comunidades, vulneran sus derechos.

Los tribunales advierten que la indefinición en Santurbán y Almorzadero mantiene en la incertidumbre a campesinos, agricultores y mineros, además de dejar sin respaldo jurídico las decisiones de conservación ambiental. Organismos de control y habitantes de las zonas han reiterado que la protección de los páramos no puede seguir postergándose.

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