Un fuerte debate político se desató en el Congreso tras la muerte de siete menores de edad en el bombardeo ejecutado esta semana contra las disidencias de alias Mordisco en zona rural del Guaviare.

La operación, ordenada por el Gobierno para frenar el avance de un grupo armado que, según el Ejecutivo, representaba un riesgo inminente para tropas jóvenes desplegadas en la región, terminó derivando en un llamado a moción de censura contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Legisladores de distintos partidos cuestionaron los resultados del operativo y anunciaron que pedirán explicaciones formales sobre las decisiones que llevaron a la acción militar, que suma hasta ahora 20 personas muertas, entre ellas varios menores reclutados por las disidencias.

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El presidente Gustavo Petro defendió la instrucción dada a las Fuerzas Militares, pero lamentó públicamente la muerte de los menores e insistió en que la operación buscaba evitar una emboscada contra soldados del Estado.

La Defensoría del Pueblo rechazó que el ataque se realizara pese a la presencia de menores víctimas del reclutamiento forzado y recordó que el Derecho Internacional Humanitario impone límites estrictos en escenarios de hostilidad.

La entidad, dirigida por Iris Marín, reportó además que hay cuatro cuerpos aún sin identificar y advirtió que en ningún caso está permitido causar más muertes o lesiones de las necesarias para neutralizar una amenaza.

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En respuesta al pronunciamiento de la Defensoría, Petro señaló que detener el avance de los 150 hombres de la estructura de ‘Iván Mordisco’ era imprescindible para proteger a los uniformados que se encontraban a pocos kilómetros. Aseguró que la decisión fue tomada “a riesgo” con el propósito de evitar una tragedia mayor.

No obstante, el impacto del operativo generó indignación en sectores políticos y de control que insisten en que el uso de la fuerza debe garantizar la protección de menores reclutados.

El Ministerio Público reiteró que sí hay menores entre las víctimas y responsabilizó en primer lugar a las disidencias por instrumentalizar a niños, niñas y adolescentes en acciones de guerra, lo que calificó como un crimen grave. La discusión ahora se traslada al Congreso, donde el ministro Sánchez deberá rendir cuentas en una moción de censura que promete una sesión de alto voltaje político.