La Misión de Observación Electoral (MOE) descartó un posible fraude electoral al confirmar una coincidencia del 99,8 % entre el preconteo y el escrutinio de laselecciones legislativas de 2026, atribuyendo las anomalías reportadas a «errores humanos«.
El organismo electoral presentó un balance detallado sobre la transparencia de los comicios legislativos celebrados el pasado 8 de marzo de 2026. Tras realizar un análisis técnico, la entidad desmintió la narrativa de fraude electoral impulsada por el presidente Gustavo Petro, asegurando que no se encontraron inconsistencias de fondo en el proceso.
El informe de la MOE se centró en la revisión de 16 publicaciones (trinos) realizadas por el mandatario, en las cuales señalaba presuntas irregularidades y manipulación en los formularios E-14.
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Alejandra Barrios, directora de la MOE, explicó que tras verificar cada uno de estos casos, se determinó que en la mayoría de ellos no existía discrepancia alguna entre lo observado por las comisiones escrutadoras y lo reportado oficialmente.
La entidad aclaró que las fallas detectadas (como tachaduras, correcciones visibles o errores aritméticos) obedecen a «errores humanos« derivados de la alta carga de trabajo de los jurados de votación, quienes deben diligenciar manualmente tres copias iguales de formularios con múltiples apartados.
«Los errores que se están moviendo en redes sociales no hacen referencia a líos con el software, sino a marcaciones manuales«, enfatizó Barrios.
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A diferencia de las elecciones legislativas de 2022, donde la variación entre el preconteo y el escrutinio fue del 5,49 %, en 2026 se registró un alto nivel de correspondencia del 99,8 %. La diferencia de votos contabilizada hasta el 17 de marzo es de apenas 37.516 sufragios (0,20 %), una cifra que la MOE califica como estadísticamente no significativa.
Asimismo, se informó que en este proceso no se advirtieron los comportamientos atípicos de mesas con votación nula para ciertos partidos que sí se presentaron hace cuatro años.
La MOE lanzó una advertencia sobre la responsabilidad de los altos funcionarios del Estado al cuestionar la validez del proceso electoral sin sustento técnico. Frey Muñoz, subdirector de la organización, recordó que los servidores públicos deben mantener un «estándar reforzado de prudencia« para no afectar la confianza ciudadana ni degradar el debate democrático.




