La Misión de Observación Electoral (MOE) concluyó que no existen evidencias de irregularidades en el censo electoral, la conformación de puestos de votación ni en el número de mesas instaladas durante la primera vuelta presidencial del pasado 31 de mayo, desmintiendo así varias de las denuncias que han circulado en las últimas horas sobre un posible fraude en el proceso.

A través de un informe técnico presentado este miércoles, la organización analizó los resultados del preconteo electoral y revisó una a una las principales afirmaciones que han generado controversia tras la jornada electoral. La conclusión fue contundente: los datos oficiales muestran consistencia técnica y no evidencian anomalías que comprometan la transparencia de las elecciones.

Uno de los aspectos examinados por la MOE fue el comportamiento de las mesas de votación donde determinadas candidaturas no obtuvieron votos. Según el análisis, este fenómeno es completamente normal dentro de una elección de carácter nacional.

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La organización explicó que existe una relación inversa entre el volumen de votos obtenidos por un candidato y la cantidad de mesas donde aparece con cero sufragios. Es decir, entre mayor sea la votación alcanzada por una candidatura, menor será el porcentaje de mesas sin registros para esa opción política.

Otro de los cuestionamientos abordados fue la supuesta inclusión irregular de 885.409 cédulas en el censo electoral, una tesis que ha sido mencionada públicamente por el presidente Gustavo Petro.

Frente a esa afirmación, la MOE indicó que el censo electoral definitivo quedó conformado por 41.421.973 ciudadanos habilitados para votar y que esa cifra coincide plenamente con la utilizada para calcular la participación electoral nacional del 57,88 %, equivalente a 23.978.304 votantes.

La organización enfatizó que no existe ninguna variación entre el número de ciudadanos habilitados para sufragar y el censo electoral oficialmente aprobado para estas elecciones.

Respecto al caso de los colombianos en el exterior, la MOE explicó que el censo está integrado por 1.414.661 personas. Los 885.400 registros adicionales que aparecen en algunos archivos entregados a partidos políticos y organismos de control corresponden a una proyección operativa relacionada con la votación en consulados entre lunes y sábado, y no a nuevos electores incorporados al censo.

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La veeduría aclaró que dichos registros ya hacen parte del censo oficial y fueron incluidos únicamente para facilitar la organización logística de las jornadas de votación en el exterior.

El informe también respondió a las versiones sobre la supuesta creación de 696 puestos de votación adicionales. Según la MOE, para estas elecciones fueron habilitados 13.742 puestos en total, una cifra que no sufrió modificaciones irregulares.

La explicación radica en que 116 consulados en el exterior funcionaron durante toda la semana previa a la jornada electoral. Al multiplicar esos puestos por los seis días de operación se obtienen los 696 registros que algunos sectores interpretaron erróneamente como nuevos puestos de votación.

De igual manera, la organización desmintió la versión según la cual existían 1.493 mesas adicionales que no habrían sido escrutadas.

La MOE detalló que las 122.020 mesas instaladas corresponden a la suma de las mesas previstas en la división político-electoral del país, las habilitadas para votación anticipada en el exterior, dos mesas especiales ordenadas mediante una tutela para personas en Centros de Detención Transitorios y dos mesas de protocolo en el Congreso de la República.

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Otro de los puntos polémicos tuvo que ver con la afirmación de que más de 5.300 mesas superaron los 300 votantes, lo que algunos sectores interpretaron como una posible irregularidad.

Sin embargo, la organización recordó que en los puestos de votación en el exterior el límite legal es de hasta 700 electores por mesa, razón por la cual es normal encontrar registros superiores a los observados en Colombia.

A nivel nacional, la MOE aseguró que ninguna mesa superó el límite establecido de 360 votantes, salvo los denominados puestos censo, que cuentan con autorizaciones especiales para atender entre 500 y 1.200 sufragantes.

La entidad también explicó que, debido a la alta participación ciudadana, la Registraduría aplicó procedimientos previamente socializados con las autoridades electorales para agilizar la atención de votantes sin alterar los topes legales establecidos.

Tras revisar cada uno de los cuestionamientos surgidos luego de las elecciones, la Misión de Observación Electoral concluyó que los datos oficiales son coherentes y respaldan la transparencia del proceso democrático, una valoración que coincide con los pronunciamientos emitidos por las misiones internacionales de observación electoral que acompañaron la jornada.