Mucho antes de los bombardeos de Estados Unidos sobre Caracas y otras regiones de Venezuela, una serie de movimientos irregulares en la frontera colombo-venezolana ya había encendido las alarmas de los organismos de inteligencia en ambos países.

Información recopilada por agencias de seguridad y conocida por EL TIEMPO permitió identificar, desde finales de diciembre de 2025, el desplazamiento inusual de integrantes del Ejército de Liberación Nacional (Eln) desde territorio venezolano hacia la región del Catatumbo, en Norte de Santander. El tránsito de hombres armados fue considerado atípico y generó alertas tanto en Bogotá como en Caracas.

Una fuente de inteligencia explicó que se trató de un movimiento masivo de guerrilleros que no tenía una explicación clara en ese momento. «Sabíamos que ese desplazamiento era extraño. No había una razón evidente para que tanta guerrilla se moviera desde Venezuela hacia Colombia, pero encendió las alarmas por el riesgo de una nueva crisis humanitaria y de violencia en el Catatumbo«, señaló.

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A raíz de estas señales, las autoridades intensificaron el seguimiento a los grupos armados ilegales que operan en la franja fronteriza. Cuando las unidades del Eln ingresaron al Catatumbo, encontraron un escenario distinto al que habían dejado meses atrás: varias zonas que antes controlaban estaban ahora en manos del Frente 33 de las disidencias de las Farc.

La pérdida de dominio territorial y la falta de áreas definidas para establecer campamentos derivaron en enfrentamientos armados, lo que agravó la crisis humanitaria y de orden público en el norte de Norte de Santander, según relataron fuentes de seguridad.

En medio de esta cadena de hechos, algunas versiones señalan como posible detonante el estallido de una fábrica en el estado Zulia. Sobre este episodio, el presidente Gustavo Petro afirmó públicamente que la instalación estaba bajo control del Eln, aunque directivos de la empresa involucrada desmintieron esa versión.

Tras los ataques registrados en la madrugada del 3 de enero, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció la activación del denominado ‘Plan Frontera’. La decisión se tomó luego de una reunión extraordinaria encabezada por el presidente Petro, con participación de entidades encargadas de seguridad y atención humanitaria, para evaluar el impacto de la coyuntura en la frontera con Venezuela.

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Desde el Ministerio de Defensa se indicó que todas las capacidades de la Fuerza Pública permanecen activadas para proteger a la población civil, los activos estratégicos, las embajadas y las unidades militares y policiales. El objetivo es también impedir acciones de organizaciones de crimen transnacional como el Eln, la ‘Segunda Marquetalia’ y otros grupos armados ilegales.

El Gobierno hizo además un llamado a la ciudadanía para suministrar información que permita prevenir atentados o hechos delictivos, en el marco del refuerzo de la seguridad en las zonas fronterizas, mientras se mantiene la alerta por las posibles repercusiones regionales tras la ofensiva militar en Venezuela.

Analistas en seguridad advierten que este reacomodo representa un escenario de alto riesgo para el país, pues podría traducirse en un incremento de acciones armadas, disputas por control territorial y fortalecimiento de economías ilegales, con impacto directo sobre la población civil, como ya está ocurriendo en el Catatumbo donde el Eln y las Farc mantienen choques armados en caseríos de Tibú y El Tarra.