La Procuraduría General de la Nación impuso una sanción económica superior a los 53 millones de pesos al exalcalde de Puerto Wilches, Jairo Demis Toquica Aguilar, tras determinar que incumplió una orden relacionada con un proceso de desalojo de ocupantes de un sector de espacio público en ese municipio santandereano.

La decisión fue adoptada por la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Bucaramanga, que encontró responsable disciplinariamente al exmandatario por no atender los requerimientos formulados por el inspector central de Policía durante el trámite de un proceso policivo adelantado contra invasores de una vía pública.

Según el organismo de control, en el marco de dicho procedimiento se solicitó el apoyo de la Alcaldía para adelantar las caracterizaciones socioeconómicas de las personas involucradas en el proceso, requisito necesario para ejecutar la orden de desalojo emitida por la autoridad competente. La investigación estableció que, pese a los requerimientos realizados, Toquica Aguilar omitió cumplir con el deber legal de apoyar la ejecución de la medida policiva, lo que terminó retrasando el cumplimiento de la orden.

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Para la Procuraduría, la conducta representó un incumplimiento de las obligaciones propias del cargo y afectó el desarrollo de una actuación administrativa que buscaba recuperar un espacio público ocupado de manera irregular. Durante el proceso disciplinario, el ente de control recopiló pruebas y verificó que el entonces alcalde tenía la responsabilidad de brindar el respaldo institucional solicitado por la autoridad de Policía.

Con base en esos hallazgos, la Procuraduría calificó la conducta como una falta grave cometida a título de culpa gravísima. Inicialmente, la sanción impuesta corresponde a una suspensión de 10 meses en el ejercicio del cargo. Sin embargo, debido a que el exfuncionario ya no ocupa la Alcaldía de Puerto Wilches, la medida no podrá hacerse efectiva mediante suspensión.

Por esta razón, la sanción fue convertida en una multa equivalente a los salarios que devengaba al momento de los hechos investigados. De acuerdo con la decisión disciplinaria, el monto de la multa asciende a 53.760.600 pesos.

La Procuraduría señaló que las autoridades territoriales tienen la obligación de colaborar con las actuaciones policivas y garantizar el cumplimiento de las decisiones adoptadas por los inspectores de Policía dentro de sus competencias legales.

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Asimismo, recordó que los servidores públicos deben actuar de manera diligente frente a los requerimientos de otras autoridades para asegurar la efectividad de las medidas administrativas y judiciales.

La sanción se suma a las actuaciones que adelanta el Ministerio Público para vigilar el cumplimiento de las funciones de los mandatarios locales y el respeto por las decisiones emitidas por las autoridades competentes.

Con esta decisión, el organismo de control reafirmó la responsabilidad disciplinaria de los funcionarios que incumplen órdenes oficiales o dejan de ejercer las funciones que les corresponden por ley.

El fallo disciplinario se convierte en uno de los procesos más relevantes conocidos recientemente en Puerto Wilches, al involucrar a quien estuvo al frente de la administración municipal durante el periodo 2020-2023.