El Juzgado Veintiuno de Familia de Bogotá negó en las últimas horas un recurso de hábeas corpus interpuesto por la defensa de la senadora Martha Peralta Epieyú, con el que buscaba que se le dejara en libertad, tras ser detenida en medio de la diligencia de indagatoria a la que comparece en la Corte Suprema de Justicia.
Con este fallo la justicia ratifica que la detención provisional de la congresista, ordenada por la Corte Suprema de Justicia en medio de su diligencia de indagatoria, en la que está respondiendo por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, UNGRD, se ajusta plenamente a la legalidad.
La senadora Peralta buscaba su libertad inmediata argumentando que su detención, cumplida en su lugar de residencia bajo custodia de la DIJIN, era una «privación ilegal» de la libertad, dado que ella había comparecido de forma voluntaria ante el alto tribunal.
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CONTEXTO: El Entramado Guajiro: la sombra de Martha Peralta en el saqueo de la UNGRD
Sin embargo, la juez Sandra Isabel Bernal Castro determinó que la medida no fue un acto arbitrario, sino una decisión reglada bajo los artículos 336 y 341 de la Ley 600 de 2000, con el fin legítimo de asegurar la culminación de la indagatoria.
Con esta decisión, a dos días de la segunda vuelta presidencial, la senadora Peralta no podrá continuar con las actividades de proselitismo que desarrollaba de manera muy activa en La Guajira para la campaña presidencial del candidato del gobierno Petro, Iván Cepeda.
Detención en plena indagatoria
La captura de Martha Peralta se produjo el pasado jueves 18 de junio en las instalaciones de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema.
La magistrada Cristina Lombana, ponente del caso, ordenó la conducción de la senadora después de que esta solicitara dos aplazamientos previos para su declaración. La medida de aseguramiento provisional fue dispuesta para garantizar que la diligencia, dada la complejidad del expediente, pudiera continuar sin contratiempos durante los días subsiguientes.
El juzgado que resolvió el hábeas corpus subrayó que este recurso es de carácter excepcional y residual, y no puede ser utilizado para sustituir los procedimientos ordinarios ni para que un juez constitucional califique las pruebas del juez natural. En consecuencia, mientras exista una orden escrita de autoridad competente motivada en la ley, el amparo resulta improcedente.
Los cargos contra Peralta
La Corte Suprema de Justicia investiga a la senadora Peralta por su presunta responsabilidad en los delitos de tráfico de influencias de servidor público, cohecho impropio e interés indebido en la celebración de contratos.
La tesis de la magistrada Lombana sugiere que la lideresa del Pacto Histórico y presidenta del partido MAIS fue una «pieza clave» en la instrumentalización de la UNGRD para favorecer intereses electorales y personales.
El expediente se centra en el direccionamiento de millonarios contratos en el departamento de La Guajira, donde la senadora habría actuado como el puente determinante entre empresarios y la directiva de la entidad, entonces encabezada por Olmedo López y Sneyder Pinilla.
Chats revelados por Metropolitano y EnLaDiana
Gran parte del acervo probatorio que hoy tiene a la senadora bajo detención fue revelado recientemente en una investigación periodística de METROPOLITANO y EnLaDiana.
Se trata de conversaciones inéditas entre la congresista y el exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, que despojaron de cualquier carácter espontáneo a eventos políticos clave, esepcialmente en el departamento de La Guajira.
- Financiación de la «Marcha por la Vida»: Los chats entre Peralta y Sneyder Pinilla demostrarían que la movilización del 27 de septiembre de 2023 en Riohacha fue financiada con 434 millones de pesos de la UNGRD para cubrir buses, tarimas y refrigerios.
- El festín de los jagüeyes: Testimonios y mensajes indican que Peralta presionó para adjudicar contratos a empresarios «recomendados». Destaca el caso de Álvaro Celedón, quien recibió un contrato de 1.700 millones de pesos tras reuniones nocturnas en la casa de la senadora, por obras que nunca se construyeron.
- Contratistas de papel: Otro contrato por 2.125 millones de pesos fue otorgado a la firma Inversiones IRL SAS, de los hermanos Rizcala. La investigación periodística reveló que esta empresa tenía como objeto social el comercio de libros y útiles de oficina, careciendo de toda idoneidad para suministrar maquinaria pesada.
- Ollas Comunitarias: Se investiga el direccionamiento de 20.000 millones de pesos para el programa de ollas comunitarias en Albania, fortín político de Peralta, donde los chats la muestran dando instrucciones exactas sobre las asociaciones que debían recibir los recursos.
Con la negativa del hábeas corpus, la senadora Martha Peralta permanecerá privada de la libertad mientras se define formalmente su situación jurídica al término de la indagatoria.
El caso representa un sismo judicial que busca esclarecer cómo una entidad técnica de gestión de riesgos terminó convertida en una maquinaria política a costa de las comunidades más vulnerables del país.
