Santurbán sigue sin consenso: mesa terminó entre enfrentamientos y sin acuerdos

La nueva jornada de concertación para definir la delimitación de Santurbán volvió a fracasar. La reunión terminó en medio de enfrentamientos verbales, denuncias de falta de garantías y profundas diferencias entre comunidades mineras, ambientalistas y el Gobierno nacional.

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El proceso para construir una nueva delimitación del páramo de Santurbán sufrió un nuevo revés. La segunda mesa de concertación convocada por el Ministerio de Ambiente concluyó de forma anticipada y sin acuerdos, luego de que el procurador delegado, Alberto Rivera, ordenara levantar la sesión al considerar que no existían las condiciones necesarias para continuar el diálogo.

El encuentro, desarrollado en la Facultad de Salud de la Universidad Industrial de Santander (UIS), reunió a representantes de comunidades de Soto Norte, organizaciones ambientalistas, autoridades locales y delegados del Gobierno nacional. Sin embargo, el espacio, que buscaba avanzar en la discusión de los seis puntos exigidos por la Corte Constitucional para la nueva delimitación del ecosistema, terminó marcado por los enfrentamientos entre los asistentes.

Durante la jornada se registraron reclamos, interrupciones y acusaciones sobre el manejo del proceso. Varios participantes cuestionaron al Ministerio de Ambiente por, presuntamente, desconocer los acuerdos alcanzados durante las mesas de concertación realizadas entre 2023 y 2024 con comunidades de los municipios del área de influencia del páramo.

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El encuentro liderado por el Ministerio de Ambiente se realizó en el auditorio de la Facultad de Salud de la UIS, con acompañamiento de la Defensoría del Pueblo.

La suspensión representa un nuevo obstáculo para un proceso que ya había mostrado dificultades. El pasado 4 de julio, durante la primera mesa de concertación, solo fue posible discutir dos de los seis temas establecidos debido a las constantes interrupciones que impidieron el normal desarrollo de la reunión.

Uno de los sectores que expresó mayor inconformidad fue el de los pequeños mineros y campesinos de Soto Norte, quienes aseguraron que sus preocupaciones no están siendo tenidas en cuenta dentro de la propuesta presentada por el Gobierno.

Rosa Mira Mendoza, representante de una asociación de mujeres mineras, afirmó que las comunidades que históricamente han habitado la región no pueden ser excluidas de las decisiones que definirán el futuro del territorio.

En la misma línea, Daniel Maldonado, vocero de los pequeños mineros de Suratá, criticó la rapidez con la que se pretende avanzar en una concertación que, según afirmó, no ha logrado consolidarse durante años de discusiones en los municipios directamente involucrados.

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Representantes de los municipios de Soto Norte piden que en la delimitación no se restringa la actividad minera en pequeña escala.

Ambientalistas insisten en proteger el agua

Desde el otro extremo del debate, integrantes del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán señalaron que algunos asistentes llegaron con la intención de impedir el desarrollo de la concertación en Bucaramanga.

La vocera del colectivo, Mayerly López, reiteró que la prioridad debe ser la protección del ecosistema y de las fuentes hídricas que abastecen a más de dos millones de habitantes de Santander y Norte de Santander, insistiendo en que la conservación del agua debe prevalecer sobre cualquier interés extractivo.

En medio de la controversia, la ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez, ha venido defendiendo la propuesta del Gobierno nacional y aseguró que la delimitación progresiva no busca eliminar toda la actividad minera en la región.

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Los ambientalistas insisten en que todo tipo de minería se prohíba en Santurbán para proteger el agua que consumen 2,5 millones de personas en los Santanderes.

Según explicó, la línea que definirá el páramo establecerá el máximo nivel de protección ambiental, donde no se permitirá ningún tipo de explotación minera. En contraste, las zonas que queden por fuera del ecosistema protegido podrán desarrollar únicamente minería tradicional y de pequeña escala, bajo mayores exigencias ambientales.

La funcionaria indicó que la propuesta contempla la delimitación progresiva de 29.199 hectáreas en 19 municipios que ya avanzaron en los seis temas ordenados por la Corte Constitucional, además de incorporar otros nueve municipios beneficiarios del recurso hídrico para fortalecer la coordinación institucional, la protección de las cuencas, la fiscalización y los mecanismos de financiación.

La delimitación participativa de Santurbán responde al cumplimiento de la Sentencia T-361 de 2017, mediante la cual la Corte Constitucional anuló la delimitación expedida en 2014 y ordenó construir un nuevo proceso con amplia participación ciudadana. No obstante, tras dos mesas consecutivas sin consensos, el futuro de la concertación continúa envuelto en la incertidumbre.

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