La creciente manipulación de menores por parte de grupos armados ilegales en el Catatumbo ha puesto en alerta a la Organización de Naciones Unidas. Scott Campbell, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, exigió medidas urgentes para frenar el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes en esta zona del nororiente colombiano, donde el conflicto armado se recrudece.
Durante su visita a Cúcuta, el funcionario condenó el uso de plataformas como Facebook y TikTok por parte de los grupos armados no estatales para seducir y cooptar menores. Aseguró que solo en lo corrido de 2025 se han registrado 70 casos de reclutamiento infantil, varios de ellos con víctimas migrantes.
«Estos crímenes comprometen el futuro de una generación entera y perpetúan la violencia del conflicto armado«, declaró Campbell.
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#Catatumbo l Scott Campbell, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, alertó sobre el uso de redes sociales, como TikTok y Facebook, que estarían haciendo los grupos armados para vincular ilegalmente a niños en sus filas subversivas.
— Metropolitano Noticias (@metropolitano_X) May 13, 2025
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La ONU advirtió que el conflicto entre disidencias de las Farc y el Eln, que estalló nuevamente en enero, ha intensificado la disputa territorial y multiplicado los riesgos para la niñez en la región. De hecho, según el Puesto de Mando Unificado del Catatumbo, hasta el 9 de mayo se reportaron 127 homicidios, más de 66.000 personas desplazadas y 28 menores arrebatados por estructuras criminales.
Campbell también reveló que la ONU entablará diálogos con Meta y TikTok para exigir que restrinjan contenidos que promuevan la vinculación de menores a grupos armados. Al mismo tiempo, instó al Estado colombiano a reforzar su presencia institucional y garantizar protección a la niñez en riesgo.
Además del drama infantil, el alto comisionado respaldó las denuncias de la Defensoría del Pueblo, que ha documentado 62 casos de violencia sexual contra mujeres, en su mayoría migrantes. Alertó sobre la estigmatización de mujeres acusadas de colaborar con algún grupo armado y el uso de redes sociales para difundir listados que las exponen a amenazas, violencia sexual o incluso feminicidio.
El panorama también es desolador para los líderes sociales: 50 casos de amenazas se han registrado en el primer trimestre del año. Varios defensores de derechos humanos han abandonado la zona por falta de garantías.
