A pocas semanas de que los colombianos elijan un nuevo Congreso, el presidente Gustavo Petro firmó un decreto que reduce el salario de senadores y representantes al eliminar la prima especial de servicios, una decisión que reavivó el debate político y jurídico en el Capitolio y ya genera tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo.

La medida, que suprime un pago mensual cercano a los $16 millones, impacta directamente el ingreso de los congresistas, cuyo salario ronda los $52 millones. El anuncio se dio en medio de la campaña electoral y abrió un nuevo frente de discusión sobre el alcance del decreto, que podría terminar siendo demandado ante el Consejo de Estado.

Desde el Congreso, las reacciones no se hicieron esperar. El presidente del Senado, Lidio García, cuestionó la decisión del Gobierno y aseguró que se trata de una represalia política contra un Legislativo que ha frenado varias reformas del oficialismo. Además, recordó que el propio Gustavo Petro recibió esta prima durante años cuando fue congresista, sin haberla cuestionado públicamente.

Aunque varios legisladores califican la medida como populista y con tinte electoral, otros sectores la celebran, pues la reducción del salario de los congresistas ha sido una discusión recurrente en el Congreso, con al menos 18 intentos fallidos en el pasado. Incluso miembros del oficialismo habían expresado dudas sobre su viabilidad, especialmente por las deudas de campaña y los gastos personales de los parlamentarios.

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Analistas advierten que la decisión podría convertirse en una herramienta política del petrismo de cara a las elecciones. Para algunos expertos, aunque habrá intentos de demandar el decreto, pocos congresistas saldrán a defender públicamente la prima eliminada, debido al costo político que esto implicaría ante los electores.

Más allá del Congreso, el decreto tendría efectos colaterales. Los salarios de los magistrados de las altas cortes y otros altos funcionarios judiciales están indexados al ingreso de los legisladores, por lo que también resultarían afectados por la reducción, sin que esto implique impedimentos para pronunciarse en eventuales demandas.

En el plano jurídico, abogados señalan que uno de los principales argumentos para tumbar la medida sería la presunta vulneración de derechos adquiridos y el principio de no desmejoramiento salarial. Mientras tanto, el Gobierno defiende la decisión como parte de una política de austeridad y equidad salarial, en un contexto de estrechez fiscal y alta sensibilidad política.

La última palabra la tendrá el Consejo de Estado, pero, incluso si la medida se revierte, el Gobierno ya capitaliza el impacto político de una decisión que vuelve a poner el salario de los congresistas en el centro del debate nacional.