Cuando Bucaramanga enfrenta una de las peores crisis en la historia de su sistema de transporte masivo, el presidente Gustavo Petro sorprendió con una idea que podría redefinir la movilidad del área metropolitana: transformar las troncales de Metrolínea en rutas de tranvía.

La propuesta fue publicada en su cuenta oficial de X, donde planteó que el Estado podría financiar los nuevos vehículos mediante vigencias futuras.

«El pasaje saldrá mucho más barato y no habrá contaminación ni ruido”, escribió el mandatario. Además, dejó abierta la posibilidad de aplicar tarifas gratuitas para estudiantes y personas en situación económica vulnerable.

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Sin embargo, mientras la iniciativa presidencial genera expectativa, las autoridades locales aún no han emitido una posición oficial. El silencio de las alcaldías de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta refleja la complejidad del momento, justo cuando el operador privado Metrocinco Plus se retira del sistema ante la imposibilidad de continuar por una deuda pendiente de $2.400 millones.

La salida de esta empresa marca el inicio de una nueva etapa para Metrolínea, que desde el 26 de abril operará bajo un esquema transitorio. Una sesión extraordinaria de su Junta Directiva —con participación del Gobierno nacional, alcaldes del área y el Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB)— definió un plan de emergencia para garantizar la continuidad del servicio.

En este nuevo modelo, Metrolínea se encargará únicamente de la operación, mientras el AMB asumirá de forma definitiva la planeación y coordinación del sistema, rol que le corresponde como autoridad de transporte masivo.

La Alcaldía de Bucaramanga aportará $5.040 millones al Fondo de Estabilización y Subvención Tarifaria (FES), con los que se iniciará una operación inicial con diez buses padrones alquilados y uno de reserva. Estas unidades cubrirán el trayecto entre el Portal del Norte y Provenza, con monitoreo continuo por parte del AMB.

El gerente de Metrolínea, Emiro Castro, explicó que el plan de contingencia tiene alcance metropolitano y requiere el compromiso financiero de los cuatro municipios socios. «Sin ese respaldo, no habrá estabilidad ni eficiencia en la operación«, advirtió.

El proyecto contempla una implementación por fases: primero la ruta UIS–Provenza; luego hasta Piedecuesta; y finalmente hasta Girón. Una vez completadas las tres etapas, se espera operar con 32 buses padrones, lo cual reduciría los tiempos de espera a entre cinco y ocho minutos, frente a los actuales 45.

De forma paralela, el sistema será apoyado por buses convencionales mientras se define la adquisición de nueva flota, aunque estos vehículos no ingresarán a los carriles exclusivos debido a las restricciones físicas de las estaciones.

El alcalde Jaime Andrés Beltrán aseguró que se trabaja en un modelo transicional mientras una consultoría define el futuro del sistema, considerando opciones como tranvía, monorriel, metro o buses eléctricos. «Estamos reconstruyendo desde cero, con el Gobierno, una salida técnica y realista para la ciudad«, afirmó.

El panorama sigue siendo crítico. Metrolínea acumula deudas judiciales superiores a los $519 mil millones y no ha recibido recursos de los municipios socios en lo corrido del año. Actualmente, apenas dos buses operan en el sistema, y el contrato con Metrocinco Plus vence este sábado.

La presión política también crece: el Concejo de Bucaramanga dio al alcalde plazo hasta el 29 de mayo para completar la liquidación del sistema, pero el veto del Gobierno Nacional a esa medida ha dejado a la ciudad atrapada entre decisiones encontradas, sin operador claro, sin recursos frescos y con un sistema que se sostiene con medidas de urgencia.