El anunciado aumento en las tarifas de acueducto y alcantarillado para Bucaramanga, Floridablanca y Girón sigue generando controversia. Mientras organizaciones ciudadanas piden suspender o reconsiderar la medida por su impacto en la economía de los hogares, desde la Asamblea de Santander ya se prepara un control político para revisar los fundamentos técnicos y financieros del ajuste.

La discusión se intensificó luego de que el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (amb) confirmara la entrada en vigor de una nueva estructura tarifaria que comenzará a aplicarse desde julio y que se reflejará gradualmente en las facturas a partir de septiembre de 2026. La empresa explicó que el incremento obedece a la implementación de la nueva metodología tarifaria definida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), además del ajuste correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Sin embargo, la explicación no ha logrado disipar las preocupaciones de distintos sectores ciudadanos. La Veeduría Ciudadanía Activa Santandereana solicitó formalmente al amb que reconsidere la decisión y propuso la instalación de una mesa de trabajo en la que participen la empresa, autoridades locales, representantes de los usuarios y organismos de control para analizar alternativas que mitiguen el impacto económico sobre las familias.

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Los veedores sostienen que el incremento llega en un momento especialmente complejo para miles de hogares del área metropolitana, que además enfrentan los efectos de recientes procesos de actualización de la estratificación socioeconómica, situación que también ha significado aumentos en diferentes obligaciones para numerosos usuarios.

La principal inquietud gira alrededor del efecto acumulado que tendría la nueva estructura tarifaria sobre los recibos de los servicios públicos, especialmente para familias de ingresos medios y bajos que destinan una parte importante de su presupuesto mensual al pago de estos servicios.

El gerente del Acueducto Metropolitano, Juan Carlos Suárez, ha insistido en que la empresa no adoptó el incremento por decisión propia. Según explicó, la modificación responde a una regulación nacional de obligatorio cumplimiento para todos los prestadores del servicio de acueducto con más de 5.000 suscriptores, por lo que el operador no tiene facultad para suspenderla o modificarla.

La nueva metodología tarifaria cambia la forma como se calcula el valor de la factura. Entre las modificaciones se encuentra una reducción del cargo fijo, pero un aumento en el componente correspondiente al consumo de agua, lo que, según las proyecciones del amb, se traducirá en un incremento promedio cercano al 25 % en el servicio de acueducto y alrededor del 22 % en alcantarillado al finalizar el periodo de transición previsto para febrero de 2027.

Aunque el incremento será gradual y dependerá del consumo de cada usuario, la magnitud del ajuste ha despertado críticas tanto de organizaciones sociales como de dirigentes políticos.

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Uno de ellos es el diputado de Santander Wilson Danovis Lozano, quien anunció que promoverá un debate de control político para conocer con detalle los estudios técnicos, financieros y regulatorios que respaldan el aumento anunciado por el AMB.

El corporado manifestó que los usuarios tienen derecho a conocer con claridad cuánto del incremento corresponde a la inflación y qué porcentaje obedece exclusivamente a la aplicación de la nueva metodología tarifaria definida por la CRA. Además, pidió que se expliquen los criterios utilizados para proyectar el impacto económico sobre los hogares del área metropolitana.

Como parte de ese proceso de control político, Lozano radicó una solicitud formal de información ante el Acueducto Metropolitano con el propósito de obtener los estudios que sustentan la decisión y verificar si existen alternativas que permitan reducir el impacto para los usuarios.

El debate también pone sobre la mesa un tema de mayor alcance: el nuevo esquema tarifario que comenzó a regir en Colombia. La Resolución CRA 1032 de 2026 modificó la fórmula utilizada desde 2014 para calcular las tarifas del agua potable y el alcantarillado, incorporando nuevos criterios relacionados con eficiencia operativa, costos ambientales, inversiones e indicadores de desempeño de las empresas prestadoras.

Mientras el AMB insiste en que únicamente está aplicando una norma nacional, las organizaciones ciudadanas consideran que aún existen espacios para revisar la forma en que se implementará el ajuste y evitar que el impacto económico recaiga de manera desproporcionada sobre los usuarios.

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Por ahora, el aumento sigue programado para entrar en vigencia de forma gradual durante los próximos meses. No obstante, la solicitud de los veedores y el anunciado debate en la Asamblea de Santander anticipan que la discusión sobre el costo del agua apenas comienza y que la nueva tarifa será uno de los temas de mayor impacto ciudadano en la región durante el segundo semestre del año.

Mientras tanto, crece la polémica nacional por el desmesurado aumento en las tarifas del servicio de acueducto en el país con la entrada en vigencia del nuevo marco tarifario definido por la Comisión de Regulación de Agua, CRA. Lo que el Gobierno nacional presentó como una herramienta para aliviar el bolsillo de los ciudadanos —el nuevo Marco Tarifario de Acueducto y Alcantarillado— se ha convertido en el detonante de una batalla legal y un foco de malestar social en ciudades como Bucaramanga.

Mientras la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, Andesco, busca frenar la norma ante el Consejo de Estado, ciudades como Bucaramanga ya notifican a sus usuarios incrementos que superan el 25 % en el costo del servicio.

Camilo Sánchez, presidente del gremio, se refirió a toda esta situación como la «crónica de una muerte anunciada«. Según Sánchez, la demanda no es una oposición caprichosa a la reforma, sino una respuesta a la falta de rigor técnico y la inseguridad jurídica que, a su juicio, rodeó la creación del documento. El gremio ha solicitado una medida cautelar urgente para suspender la vigencia de la resolución mientras el tribunal decide sobre su nulidad de fondo.

El núcleo del conflicto reside en una paradoja: aunque el Gobierno pretendía reducir las tarifas, la actualización de los costos de referencia obliga a un ajuste al alza. Durante años, las empresas de acueducto operaron con estructuras de costos basadas en precios de 2014. El nuevo marco exige recalcular estos valores con precios de 2024 y 2025, lo que automáticamente absorbe diez años de inflación en insumos químicos, energía eléctrica y mano de obra.