El senador Gustavo Moreno elevó una solicitud formal al Gobierno nacional para que los reclusos de la cárcel Modelo de Bucaramanga sean trasladados a la nueva cárcel que se construye en el corregimiento El Centro, en Barrancabermeja, Santander.
La prisión, que será la primera de carácter productivo en Colombia, avanza en su construcción desde hace dos meses y contará con una capacidad para albergar a 1.620 internos.
Moreno señaló que esta nueva infraestructura, que cuenta con una inversión de 200 mil millones de pesos y se levanta sobre un terreno de 93 hectáreas, no solo permitirá aliviar el hacinamiento en Bucaramanga, sino también transformar el enfoque del sistema penitenciario.
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«En la cárcel de Barrancabermeja, los privados de la libertad podrán trabajar en actividades como agricultura, piscicultura, lombricultura y fabricación de calzado, entre otras. Se trata de que produzcan, aprendan y no sigan delinquiendo«, afirmó.
El senador fue enfático en que tanto la cárcel Modelo de Bucaramanga como la antigua prisión de Barrancabermeja representan focos de inseguridad. «En La Modelo hay más de mil internos y está ubicada en plena ciudad. Es un riesgo para la comunidad porque desde allí delinquen. La nueva cárcel tiene 1.320 cupos disponibles; podríamos trasladar a los internos de allá y resolver dos problemas de seguridad de una sola vez«, explicó.
Además, Moreno planteó que la ubicación de la nueva cárcel, cercana a la refinería de Ecopetrol, abre la posibilidad de implementar proyectos productivos ligados a la industria del petróleo. «Podríamos transformar derivados en productos como pintura o fabricar tubería, todo dentro del penal, con participación del sector privado«, añadió.
¿En qué consiste la ley de cárceles productivas?
La ley impulsada por Moreno busca que las personas privadas de la libertad se vinculen activamente a procesos de producción y formación, con el objetivo de reducir la reincidencia y lograr su verdadera resocialización.
Establece que los reclusos participen en programas de capacitación técnica, tecnológica o profesional según las necesidades del territorio, y promueve alianzas con el sector privado para integrar a los internos a actividades laborales.
Uno de los puntos clave de la legislación es la exención del IVA (19 %) para los productos generados en estas cárceles, lo que incentiva la inversión empresarial. Asimismo, prevé beneficios administrativos y tributarios para las empresas que participen en estos procesos productivos.
«El sistema penitenciario le cuesta al país cerca de 3 billones de pesos al año. Con este modelo, buscamos que las cárceles sean autosostenibles y que esos recursos puedan destinarse a educación, salud o infraestructura«, señaló el senador. También enfatizó que un interno cuesta al Estado alrededor de 2,6 millones de pesos mensuales, mientras que un niño en un colegio público representa el mismo costo pero en un año.
Finalmente, Moreno aseguró que sin cárceles seguras no puede haber ciudades seguras, ya que una gran parte de las actividades delictivas, como la extorsión y el sicariato, se siguen ordenando desde dentro de los penales. Con esta ley, se apuesta por transformar el sistema carcelario colombiano desde sus cimientos.
