Una compleja tormenta política y educativa estalló en Girón tras la decisión de la Alcaldía de entregar la operación de tres colegios públicos a un operador privado mediante contratos que superan los $192 mil millones. La medida no solo encendió las alertas entre los maestros, sino que llevó al Sindicato de Educadores de Santander (SES) a interponer una acción popular con solicitud de medidas cautelares, con la que piden frenar de inmediato la ejecución de los acuerdos firmados.
Los contratos, cada uno por $64 mil millones, fueron suscritos con la Corporación Crecer Educados (Cocredu) para administrar durante 12 años las instituciones educativas Mario Morales Delgado, Gabriel García Márquez y Nuestra Señora de Belén, donde estudian más de 4.200 niños y jóvenes. Antes del cambio, la operación estaba en manos de Fe y Alegría, entidad reconocida por su trayectoria educativa.
El presidente del SES, Heriberto Delgado, aseguró en rueda de prensa que la organización detectó “serias anomalías” en la contratación. Entre ellas, sostiene que el operador beneficiado no cumple con la experiencia mínima de 10 años exigida, pues —según su personería jurídica— solo acumula dos años de existencia. “Estamos frente a un proceso que no respetó los estándares de contratación educativa y que compromete recursos públicos durante cuatro administraciones futuras”, afirmó.
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#Girón l El Sindicato de Educadores de Santander (SES) instauró una acción popular solicitando medidas cautelares y suspensión de un contrato por $192 mil millones con el que la @AlcaldiaGiron pretende ceder a un operador privado el manejo de tres colegios públicos.
— Metropolitano Noticias (@metropolitano_X) December 9, 2025
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Delgado explicó que, tras conocer la suscripción de los contratos por anuncios públicos de la propia Alcaldía, el sindicato trasladó la denuncia a los entes de control —Contraloría, Fiscalía y Procuraduría— y al Ministerio de Educación. Posteriormente, radicaron una acción popular argumentando que los contratos “afectan derechos colectivos y vulneran la moralidad administrativa”.
La preocupación también se trasladó a las aulas. Gladys González, directiva del SES en Girón, advirtió que la entrada de un operador sin experiencia podría golpear la calidad educativa y precarizar al magisterio. “No hay ampliación de la planta docente, como se había pactado. ¿Cómo garantizarán un buen servicio si apenas inician en este campo?”, cuestionó.
El sindicato anunció además una movilización el 14 de enero, con la que la comunidad educativa empezará un ciclo de protestas para exigir la suspensión del contrato. “Es el momento de salir a las calles”, expresó González.
Según los documentos oficiales, los contratos fueron firmados el 23 de septiembre, en los últimos días de la administración de Campo Elías Ramírez, cuya elección fue anulada por doble militancia y actualmente es candidato para las elecciones atípicas del próximo 18 de enero. Hasta el momento Ramírez no se ha pronunciado sobre el particular.
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Los acuerdos se celebraron mediante contratación directa y utilizarán vigencias futuras hasta 2037, dejando el manejo de los colegios en manos privadas por más de una década.
Desde la administración municipal, la secretaria de Educación, Adela Silva, defendió la decisión. En entrevista con Vanguardia Señaló que el proceso se adelantó “bajo la autonomía administrativa y jurídica que otorga la Ley 715” y negó irregularidades. Según dijo, los recursos comprometidos corresponden al Ministerio de Educación, no a fondos propios del Municipio. Incluso insinuó que las críticas del sindicato tendrían un trasfondo electoral: “Están en campaña y quieren mal informar”.
No obstante, el SES insiste en que el modelo adoptado constituye una “privatización disfrazada” y crea un riesgo financiero y jurídico para Girón al comprometer recursos del Sistema General de Participaciones durante más de una década. También alertan que la tercerización evita ampliar la planta oficial y podría derivar en condiciones laborales precarias para quienes presten el servicio.
Mientras el debate se intensifica, la continuidad de los contratos quedará en manos de los jueces, quienes deberán decidir si admiten las medidas cautelares solicitadas. Entre tanto, en Girón crece la tensión en torno al futuro de los colegios y de los más de 4.200 estudiantes que dependen de ellos.
