Por tercera vez la plenaria de la Asamblea de Santander niega la realización de una audiencia de control político a varios fallidos proyectos viales que se desarrollan en las provincias de Vélez y Guanentá, sur del departamento, en las cuales las inversiones ya superan los $144 mil millones pero no han sido terminados.
Aunque los debates descentralizados de control político estaban programados para este miércoles y jueves, 16 y 17 de julio, las sesiones fueron canceladas en las últimas horas por decisión de las mayorías en la duma.
El diputado Giovanni Leal, del partido Verde, opositor al gobierno departamental, reclamó a sus compañeros de corporación por no permitir el control político.
«Los debates, programados para los días 16 y 17 de julio en sesiones descentralizadas con participación de los Concejos municipales de Jesús María, Florián, La Belleza, Mogotes, Onzaga y San Joaquín, fueron cancelados sin justificación, por decisión de las mayorías de la Asamblea de Santander. Una decisión reprochable e inaceptable«, señaló.
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Jesús María – Florián, sin vía
Con la negativa a las sesiones de control político en los territorios la comunidad de los municipios de Jesús María y Florián continúan sin conocer la postura de la corporación con respecto al fallido proyecto de construcción y pavimentación de la vía que comunique a ambas poblaciones de la provincia de Vélez.
En febrero del 2023 la administración del entonces gobernador Mauricio Aguilar Hurtado suscribió el contrato con la Unión Temporal Mantenimiento Vial, representada por Jorge Humberto Argüello, controvertido contratista mencionado en varios escándalos de corrupción, y quien enfrenta varios procesos en la JEP por supuestos vínculos con grupos paramilitares.
El presupuesto asignado entonces para esas obras fue de $54 mil millones y un plazo de ejecución de 18 meses.
Sin embargo, aunque la vía debía estar lista en agosto del 2024, hoy 15 de julio del 2025, once meses después de cumplida la fecha límite, la obra no se ha terminado, por el contrario el contratista solo ha ejecutado el 32,7 % de avance físico.
«El contrato inició el 27 de febrero de 2023 y tiene como fecha límite de ejecución el 15 de agosto de 2025, es decir, en un mes. Sin embargo, al corte del 15 de julio, la obra solo alcanza un 32,37 % de avance físico, lo que implica que falta por ejecutar el 67,63 % en apenas 30 días. Es evidente que es imposible cumplir con el cronograma, y que el contrato está en grave riesgo de incumplimiento total«, agregó el diputado Leal.
De los 18 meses de plazo inicial, la obra permaneció suspendida durante 10 meses y 19 días (casi un año), y solo fue reiniciada formalmente el pasado 16 de junio de 2025.
A pesar del extenso periodo en suspensión, la administración departamental ya ha pagado $14.099 millones, y durante la ejecución las autoridades han identificado pagos por más de $6.380 millones en actividades no ejecutadas, como pedraplén compacto y subbase granular, sin evidencia técnica. Pagos que fueron aprobados por el Consorcio CGB-JET encargado de la interventoría del fallido proyecto.
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Retrasos en el Corredor vial de Onsamo
El otro de los proyectos que se quedó sin ser cuestionado por la plenaria de la Asamblea tiene que ver con el contrato 0763 de 2023 firmado por el exgobernador Mauricio Aguilar con el Consorcio Conexiones Viales Santander, para la construcción, mejoramiento y mantenimiento de las Carreteras San Gil – Onzaga – Santa Rosita – Transversal San Gil – Mogotes – La Rosita – Santander, Boyacá – Corredor San Gil – Mogotes – San Joaquín – Onzaga, por un valor inicial superior a los $88 mil millones con recursos de Invias.
Aunque el millonario contrato tiene plazo de ejecución hasta agosto de 2028, los reportes más recientes revelan que en la actualidad el megaproyecto presenta un atraso que supera el 15% de lo previsto.
El Consorcio Conexiones Viales Santander, representado por Iván Mauricio Briceño, está conformado por empresas estrechamente relacionadas con Emilio Tapia y los Nule.
Este contrato, que contempla la intervención de 31 kilómetros de vía, ha sido objeto
de procesos administrativos sancionatorios, modificaciones a los términos iniciales del contrato, así como de numerosas inconformidades entre la comunidad a causa de retrasos, no pagos a proveedores y trabajadores de la zona e inejecución de la
obra.
«Exigimos respeto por los territorios históricamente abandonados. Y, sobre todo, exigimos que la Asamblea Departamental de Santander cumpla su deber constitucional. Lo que hoy está en juego no son solo dos obras: es la dignidad de nuestras comunidades y la legitimidad de nuestras instituciones«, puntualizó Leal.
Al cierre de este artículo la mesa directiva de la Asamblea no ha anunciado nuevas fechas para el debate de control político descentralizado. El próximo 30 de julio se clausura el segundo periodo de sesiones ordinarias del 2025.
