Una nueva controversia política se abrió en Colombia tras conocerse la contratación de la firma encuestadora AtlasIntel por parte de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella para realizar un tracking electoral, una herramienta estratégica utilizada en campañas para medir el comportamiento de los votantes y ajustar mensajes políticos.
La discusión tomó fuerza luego de que se cuestionara la legalidad y transparencia de este tipo de mediciones, especialmente por el papel de AtlasIntel, empresa que recientemente estuvo bajo la lupa del Consejo Nacional Electoral, CNE, por la publicación de encuestas en el país.
Aunque el término comenzó a sonar con fuerza en medio de la polémica, expertos aseguran que el tracking electoral es una práctica habitual en campañas políticas modernas y no constituye una actividad ilegal.
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Carlos Andrés Arias Orjuela, profesor universitario y doctor en psicología política, explicó que esta herramienta se utiliza principalmente en campañas uninominales como alcaldías, gobernaciones y presidencia, con el objetivo de monitorear permanentemente el estado de una candidatura.
“Es un examen frecuente y constante de cómo va la campaña”, señaló el académico al explicar que estos estudios permiten medir si los mensajes políticos están funcionando y si los ciudadanos están conectando con la narrativa del candidato.
Según Arias Orjuela, el tracking también sirve para identificar qué segmentos poblacionales responden mejor a una estrategia política y qué tan creíble resulta el aspirante ante el electorado.
La controversia aumentó luego de conocerse que, de acuerdo con Transparencia por Colombia, la campaña de Abelardo de la Espriella reportó en la plataforma Cuentas Claras un pago superior a 195 millones de pesos a AtlasIntel por servicios relacionados con medición y monitoreo electoral.
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Sin embargo, el experto aclaró que la Ley 1475 de 2011 no prohíbe este tipo de contrataciones. Explicó que la regulación del CNE se enfoca en la publicación de encuestas dirigidas al público y no en estudios internos usados por las campañas para diseñar estrategias.
Para el analista político, actualmente una campaña que no utilice herramientas de medición está en desventaja frente a sus competidores. “Las campañas que no hagan tracking navegan sin rumbo en la comunicación política moderna”, afirmó.
Otro de los puntos que generó debate fue la relación entre las empresas encuestadoras y algunos medios de comunicación. Sobre esto, Arias sostuvo que las compañías tienen autonomía para decidir con quién celebran contratos y prestar sus servicios.
El caso también volvió a poner en el centro de la discusión a AtlasIntel, firma brasileña que recientemente recibió una orden provisional del Consejo Nacional Electoral para abstenerse de publicar encuestas en Colombia mientras se investigaba una presunta vulneración a las normas electorales.
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La empresa ha ganado reconocimiento internacional por acertar en resultados electorales en países como Estados Unidos y Argentina, utilizando metodologías digitales y encuestas virtuales.
Aunque inicialmente el CNE frenó la difusión de sus mediciones, posteriormente autorizó nuevamente la publicación de encuestas mientras avanza la investigación administrativa.
La polémica deja abierto un debate sobre los límites entre las mediciones privadas de campaña y las encuestas de opinión pública, en un escenario político que empieza a calentarse de cara a las próximas elecciones presidenciales en Colombia.
