Aunque hasta hace unos años atrás la lucha contra la corrupción hacía parte fundamental en el debate público, en la actual campaña a la Presidencia de Colombia esta temática parece haber pasado a un segundo plano.

Al menos así lo concluye un análisis de Transparencia por Colombia que encontró falta de planes concretos en áreas críticas en las políticas anticorrupción que prometen los cinco candidatos presidenciales que lideran las encuestas en sus programas de gobierno.

Un informe de Transparencia por Colombia analiza las principales propuestas las estrategias anticorrupción de los cinco candidatos presidenciales con mayor intención de voto para el periodo 2026-2030.

El análisis evalúa cómo figuras como Iván Cepeda, Claudia López y Sergio Fajardo, entre otros, proponen enfrentar la impunidad, mejorar la transparencia presupuestaria y fortalecer la vigilancia ciudadana.

Aunque existen coincidencias en el uso de tecnologías como blockchain y la creación de organismos especializados para combatir la captura del Estado por redes criminales, por parte de los presidenciales, aún persiste la falta de planes concretos en áreas críticas como la protección a denunciantes y el financiamiento de las campañas políticas.

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Lucha contra la impunidad

Uno de los puntos en los que coinciden los cinco candidatos tiene que ver con la reducción en la impunidad en las sanciones por corrupción en el país, aunque difieren en los enfoques, proponiendo desde ajustes a los órganos de investigación y control actuales, hasta la creación de nuevas instancias de juzgamiento para evitar la impunidad en los delitos contra la administración pública.

El candidato de Salvación Nacional, Abelardo de la Espriella propone enfrentar la impunidad mediante la creación de un «bloque de búsqueda contra la corrupción» dirigido directamente por el presidente de la República. El objetivo es articular el Gobierno con los entes de control y la rama judicial para perseguir a los corruptos y desarrollar capacidades investigativas.

Por su parte, el aspirante del Pacto Histórico, Iván Cepeda plantea que el sistema judicial tradicional se queda corto ante la criminalidad estructurada. Por ello, propone crear una «instancia de juzgamiento especial» para casos de corrupción sistémica y establecer en la Fiscalía una «Unidad Nacional de Investigación de la Macrocorrupción» que aplique metodologías de macrocriminalidad.

La propuesta de la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, se basa en el principio de «Cero impunidades: el que la hace, la paga». Apunta al fortalecimiento del sistema de justicia penal para asegurar que la justicia sea rápida y el castigo cierto, evitando la reincidencia.

Del mismo modo, la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López sugiere una reorganización del sistema judicial en tres niveles (justicia contra las mafias, justicia ordinaria y justicia restaurativa) con el propósito de «ser implacables con las mafias». También propone crear una «Fiscalía Antimafia» enfocada en someter a las estructuras tanto de corrupción como de narcotráfico.

A su turno, el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo tiene un enfoque de fortalecimiento institucional, orientado a mejorar las superintendencias y a tener la capacidad de investigar y sancionar casos de corrupción de alto impacto. Promueve combatir la impunidad «con todo el peso de la ley».

Si bien son propuestas llamativas, Transparencia por Colombia advierte que que varias de estas medidas, especialmente aquellas relacionadas con modificar estructuras judiciales (como las de Cepeda y López) o acciones directas de juzgamiento (como las de Valencia y Fajardo), no corresponden a las competencias del Poder Ejecutivo.

La creación de nuevas instancias y los cambios a los órganos de investigación requerirían de trámites en el Congreso y reformas constitucionales, lo que reduce su nivel de factibilidad y podría representar riesgos de intromisión del Ejecutivo en la rama judicial.

«Es importante tener presente la incidencia que siguen teniendo los escándalos y hechos de corrupción que involucran a funcionarios de alto nivel del gobierno nacional. Es fundamental que quien llegue a la Presidencia tenga un compromiso claro con la transparencia, la integridad y la ética pública y que este compromiso se traduzca en acciones concretas, incluyendo la conformación de un equipo de gobierno idóneo para enfrentar estos retos», señala Transparencia por Colombia.

Transparencia con tecnología

El blockchain (o cadena de bloques) se plantea en las campañas presidenciales como una herramienta tecnológica clave para garantizar la transparencia, inmutabilidad y la trazabilidad en el uso de los recursos públicos, enfocándose específicamente en blindar la contratación estatal.

Al menos así lo contemplan tres de los cinco candidatos analizados quienes le otorgan un papel protagonista a esta tecnología dentro de sus estrategias anticorrupción.

Paloma Valencia propone la integración de herramientas como el blockchain, la inteligencia artificial y la analítica de datos para registrar la información de los contratos de forma segura y permanente. Su objetivo es lograr un modelo de trazabilidad total que genere alertas tempranas y permita que la ciudadanía, los medios y las veedurías hagan seguimiento en tiempo real de cada etapa del proceso.

Por su parte, Claudia López enfoca su propuesta en usar esta tecnología en la contratación pública para garantizar que cada contrato sea «inmutable, rastreable y auditable por cualquier ciudadano desde su casa«. Esta medida hace parte de su plan para fortalecer la plataforma de contratación SECOP y crear un nuevo estatuto de contratación.

A su turno, Abelardo de la Espriella fija una meta temporal específica, proponiendo que para el año 2030 «todos los procesos de contratación pública se llevarán a cabo a través de blockchain«. El propósito central de esta medida es establecer un control estatal digital que asegure que la información introducida en los procesos no pueda ser alterada o modificada por nadie.

A pesar de la disposición de los tres candidatos para implementar nuevas herramientas digitales para mejorar el acceso a la información y facilitan el control social, Transparencia por Colombia advierte que para que el blockchain sea verdaderamente transformador, la transparencia no debe limitarse a la firma de contratos, sino que debe abarcar todo el ciclo de los recursos públicos, desde su origen tributario y presupuestario hasta su ejecución final.

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Protección a los denunciantes

En cuanto a la protección de quienes denuncian actos de corrupción, el nivel de atención que las campañas presidenciales prestan a este tema varía de manera significativa. Mientras Sergio Fajardo, propone radicar ante el Congreso una «Ley de protección a denunciantes» y crear un «Sistema de Protección Integral al Denunciante» que garantice la seguridad de todas las personas que revelen irregularidades.

Paloma Valencia plantea ofrecer una «protección efectiva» mediante el fortalecimiento de los mecanismos de denuncia y la creación de canales directos, como la disposición de un correo personal de la presidencia para recibir reportes. Además, sugiere otorgar incentivos a los denunciantes que estén vinculados a la recuperación de los recursos públicos.

Aunque no detalla un esquema de protección integral, Iván Cepeda sí propone la creación de un equipo bajo su supervisión directa encargado de recibir denuncias sobre posibles casos de corrupción, con un enfoque particular en proyectos del Sistema General de Regalías.

Finalmente, los programas de gobierno de Claudia López y Abelardo de la Espriella se destacan por la ausencia de propuestas explícitas orientadas al desarrollo o fortalecimiento de sistemas de protección para quienes denuncian corrupción.

Falencias en las propuestas anticorrupción

De acuerdo con el análisis de Transparencia por Colombia, las propuestas anticorrupción de los candidatos presidenciales presentan varias falencias, vacíos y ausencias significativas, principalmente por la falta de concreción técnica y por proponer medidas que escapan al control del mandatario nacional.

Para la veeduría, muchas de las medidas planteadas, como la creación de nuevas instancias de juzgamiento judicial o modificaciones a los órganos de control, requieren de trámites legislativos o reformas constitucionales en el Congreso. Esto reduce su factibilidad a corto plazo y conlleva el riesgo de que las promesas se queden en el plano discursivo o representen intromisiones indebidas en la independencia de otras ramas del poder. El informe sugiere priorizar medidas que sí puedan implementarse directamente desde el nivel ejecutivo.

Además, Transparencia concluye que los planteamientos de las campañas suelen quedarse en enunciados generales y carecen de un nivel de detalle técnico. Faltan diseños de política pública con objetivos claros, instrumentos definidos, entidades responsables y recursos presupuestales asignados.

Aunque los candidatos proponen herramientas tecnológicas para vigilar la contratación estatal, la visión de transparencia no cubre todo el ciclo de los recursos públicos, desde su origen tributario hasta su ejecución final. Además, existe un gran vacío frente a los dineros manejados en fondos extra presupuestales o administrados bajo regímenes de derecho privado, donde actualmente hay gran opacidad.

Del mismo modo, si bien los candidatos hablan de recuperar el dinero robado, no existen propuestas que aborden sistemáticamente la reparación del daño causado por la corrupción desde una perspectiva de derechos. Faltan elementos clave como la identificación y caracterización de las víctimas, la tasación de los daños (individuales, colectivos y sociales), y el establecimiento de medidas de indemnización y garantías de no repetición.

Dentro de las propuestas de los presidenciales, el control al financiamiento de las campañas electorales y el acceso al poder es abordado de manera muy limitada. Hay una notoria ausencia de propuestas detalladas para establecer límites a los aportes privados, rastrear los recursos de campaña y fortalecer a la autoridad electoral.

Finalmente, el informe destaca que los candidatos abordan la lucha contra la corrupción de forma demasiado general, sin desarrollar estrategias anticorrupción que atiendan los riesgos, incentivos y vulnerabilidades particulares de cada sector de la gestión pública (por ejemplo, infraestructura, salud o minería).

Ante este panorama, Transparencia por Colombia hace un llamado a las campañas para que aborden el problema con mayor rigor técnico, viabilidad institucional y liderazgo estructural.

«Desde Transparencia por Colombia se hace un llamado a todas las candidaturas para abordar las propuestas de lucha contra la corrupción con seriedad, contundencia, rigor técnico, y el liderazgo desde el más alto nivel de las campañas que aspiran a llegar al poder ejecutivo», concluye el informe.