La intención del presidente electo, Abelardo De La Espriella, de realizar su posesión en una guarnición militar de Popayán sigue generando controversia en distintos sectores del país. Aunque el mandatario ha reiterado que no dará marcha atrás a la decisión, la iniciativa abre un complejo debate sobre la legalidad del acto, la logística del evento y la necesidad de trasladar al Congreso de la República fuera de Bogotá.
La información fue revelada por el periodista Ricardo Ospina durante el programa Mañanas Blu, donde explicó que la ceremonia tendría lugar en una instalación militar de la capital caucana como un gesto simbólico de respaldo a las Fuerzas Militares y de Policía en una de las regiones más golpeadas por la violencia de los grupos armados ilegales.
La propuesta cobra especial significado para el nuevo mandatario debido a la situación de seguridad que atraviesa el Cauca, territorio donde continúan las acciones de estructuras armadas vinculadas a las disidencias de las Farc lideradas por alias ‘Iván Mordisco’.
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Sin embargo, el reloj avanza y la organización del evento enfrenta importantes desafíos. Uno de ellos corresponde al proceso que adelanta la Cancillería para contratar la empresa encargada de coordinar la logística internacional y la atención de delegaciones extranjeras invitadas a la ceremonia. Entre los asistentes que se espera convocar figura el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aunque su presencia aún no ha sido confirmada oficialmente.
De acuerdo con lo revelado en Blu Radio, la contratación se realiza mediante una licitación pública, mecanismo que garantiza mayores niveles de transparencia, pero que también extiende los tiempos de adjudicación frente a otros modelos de contratación utilizados en anteriores cambios de gobierno.
A esto se suma la intención de De La Espriella de realizar una ceremonia más austera y restringida que las acostumbradas en la Plaza de Bolívar. La idea del presidente electo sería limitar la asistencia a funcionarios, invitados esenciales y delegaciones oficiales, dejando por fuera buena parte de los eventos protocolarios tradicionales.
El principal reto: llevar el Congreso a Popayán
Más allá de la logística, el mayor obstáculo parece estar en el terreno jurídico. La Constitución establece que el presidente de la República debe prestar juramento ante el Congreso, una condición que obliga a que senadores y representantes participen de la ceremonia.
Durante el debate radial, el abogado y analista Héctor Riveros recordó que el acto de posesión tiene un profundo carácter civil y democrático, por lo que históricamente se ha realizado ante el poder legislativo y no ante una institución militar.
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La eventual ceremonia en Popayán implicaría movilizar a los 113 senadores, 166 representantes a la Cámara y a magistrados de las altas cortes hasta la capital del Cauca, un operativo sin precedentes para una posesión presidencial.
Según explicó Riveros, el traslado del Congreso no puede ser decidido de manera unilateral por las mesas directivas. La Ley Quinta exige que ambas cámaras aprueben formalmente una proposición para sesionar en un lugar distinto a su sede habitual.
Por esa razón, la discusión podría trasladarse al próximo 20 de julio, fecha en la que se instalará el nuevo Congreso y donde tendría que presentarse y votarse la propuesta para que el Legislativo sesione excepcionalmente en Popayán el 7 de agosto.
Aunque la iniciativa cuenta con el respaldo del presidente electo, analistas advierten que podría encontrar resistencia entre varios congresistas, lo que mantiene abierta la incertidumbre sobre dónde se realizará finalmente una de las posesiones presidenciales más atípicas de la historia reciente de Colombia.




