Por Daniel Santiago Castro
Especial para METROPOLITANO
El presidente del Senado, Efraín Cepeda Sarabia, lanzó una dura crítica al gasto estimado de 750.000 millones de pesos que implicaría la consulta popular impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro, buscando una reforma laboral, calificándola como un uso irresponsable de recursos en medio de una crisis fiscal y social.
La cifra fue revelada por el registrador nacional, Hernán Penagos, durante una comisión de vigilancia al organismo electoral celebrada en el Congreso. Según explicó, el costo corresponde al despliegue logístico necesario para garantizar el derecho al voto de los más de 40 millones de ciudadanos habilitados en el censo electoral; ya que esta es comparable al gasto de las consultas interpartidistas.
«Debemos preparar una infraestructura que responda al total del electorado, independientemente de cuántas personas participen efectivamente», detalló Penagos.
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Sin embargo, el presidente del Congreso no tardó en reaccionar. Cepeda Sarabia expresó su desacuerdo categórico con la destinación de tantos recursos en medio de una crisis financiera del Estado. «El sistema de salud está postrado. La gente se está enfermando. Realmente, estamos en un momento donde las arcas del Estado flaquean y hay deudas por todos lados. No estamos en el momento para dilapidar 750 mil millones de pesos», dijo.
A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro defendió la iniciativa, subrayando que el costo proyectado es inferior al de una elección nacional ordinaria y que los beneficios sociales y económicos de la consulta justifican plenamente la inversión.
«Comparado en una balanza costo-beneficio social, el costo de la consulta, que es menor que una elección, cualesquiera, nacional, es muy inferior a la ganancia social y económica de Colombia y de su pueblo”. agregó el mandatario.
El choque entre el Congreso y el Ejecutivo por este tema pone de relieve la creciente tensión entre las ramas del poder público y anticipa un pulso político que podría intensificarse en los próximos meses, especialmente si la consulta se convierte en un termómetro de respaldo popular al Gobierno.
