Procuraduría da vía libre al Concejo de Bucaramanga para elegir contralor

El proceso para elegir contralor en Bucaramanga quedó habilitado tras el rechazo de recusaciones por la Procuraduría, que avaló a los concejales y despejó el bloqueo jurídico del concurso.

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El proceso para elegir al nuevo contralor de Bucaramanga quedó oficialmente habilitado luego de que la Procuraduría Provincial rechazó las recusaciones presentadas contra la mayoría de los concejales, una decisión que pone fin al bloqueo jurídico que mantenía en suspenso la designación del jefe del ente de control municipal.

El Ministerio Público concluyó que no existen fundamentos fácticos ni jurídicos para apartar a los cabildantes de la elección, pese a los argumentos presentados por ciudadanos que alegaban presuntos conflictos de interés. Tras el análisis, la Procuraduría consideró que las recusaciones no demostraron inhabilidades reales y, por tanto, autorizó a los concejales a retomar plenamente sus funciones en este proceso.

En su decisión, el ente de control recordó que la elección del contralor no es solo una facultad del Concejo, sino un deber legal que debe cumplirse, y señaló que no se evidenció que los votos de los concejales estuvieran comprometidos por intereses particulares, lo que permite garantizar la legalidad y continuidad del concurso de méritos.

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El pronunciamiento llega en medio de un escenario marcado por tensiones políticas y varios intentos de frenar la elección por la vía judicial, factores que habían prolongado la interinidad en la Contraloría Municipal y generado incertidumbre institucional en la ciudad.

Con el fallo de la Procuraduría, la mesa directiva del Concejo de Bucaramanga queda habilitada para convocar sesión plenaria, avanzar en las entrevistas a los candidatos de la terna final —quienes ya superaron las pruebas de conocimiento— y proceder con la votación definitiva para el periodo 2026-2029.

Se espera que en las próximas horas se anuncie la fecha y hora del debate final, con lo cual Bucaramanga podría cerrar un capítulo de retrasos y definir al funcionario que tendrá la responsabilidad de vigilar el manejo de los recursos públicos durante los próximos cuatro años.

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