En una audiencia pública celebrada este miércoles en el Tribunal Administrativo de Santander, la Procuraduría General de la Nación solicitó que no se concedan más prórrogas al Ministerio de Ambiente para cumplir con la orden de delimitación del páramo de Santurbán, emitida hace siete años por la Corte Constitucional a través de la Sentencia T-361 de 2017.
Durante su intervención, Julio César Rodas Monsalve, delegado del Ministerio Público, pidió a la magistrada del caso adoptar medidas judiciales urgentes ante los reiterados incumplimientos del Gobierno nacional. «Se debe evaluar incluso la apertura de un incidente de desacato para garantizar la efectiva ejecución de la sentencia”, expresó.
Además, la Procuraduría solicitó que se imponga una medida cautelar sobre la polémica Resolución 0221 de 2025, expedida recientemente por el Ministerio de Ambiente, por considerar que podría interferir con el proceso de delimitación oficial y generar confusión jurídica. Dicha resolución declaró una zona de reserva natural en el macizo de Santurbán, pero ha sido fuertemente cuestionada por presuntas irregularidades.
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#Bucaramanga l En audiencia pública realizada en el Tribunal Administrativo de Santander, el Ministerio Público solicitó no conceder más prórrogas al Ministerio de Ambiente para la delimitación del páramo de Santurbán ordenado por la Corte Constitucional hace siete años. pic.twitter.com/3I2vYxJLD7
— Metropolitano Noticias (@metropolitano_X) July 3, 2025
La audiencia se llevó a cabo mientras un grupo de ambientalistas del Comité en Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán realizaba un plantón frente al Palacio de Justicia de Bucaramanga, exigiendo celeridad y transparencia en la protección de este ecosistema estratégico. «Han pasado siete años desde la sentencia y seguimos esperando una delimitación legítima«, denunciaron.
Los manifestantes también alertaron sobre la posibilidad de que resurja un acuerdo, impulsado durante el gobierno de Iván Duque, que pretendía excluir más de 800 hectáreas del área oficial del páramo, abriendo la puerta a la minería en zonas donde existen títulos mineros otorgados, incluso a multinacionales interesadas en la explotación aurífera.
«Dentro de ese territorio que se busca sacar del páramo hay al menos una decena de títulos mineros. Nos preocupa que, por la vía judicial, se pretenda revivir un acuerdo que vulnera principios ambientales y comunitarios«, señalaron voceros del Comité.
Por su parte, líderes de comunidades mineras como Ivonne González, presidenta de Asomineros Vetas, aseguraron que la Resolución 0221 fue emitida sin una consulta efectiva. «No escucharon a las comunidades, ignoraron más de mil observaciones. Esta imposición vulnera nuestros derechos y desconoce el Acuerdo de Escazú«, afirmó.
Hace dos meses, tanto la Procuraduría como la Defensoría del Pueblo habían advertido sobre las inconsistencias en dicha resolución, señalando que podría afectar a más de 35.000 personas en siete municipios, entre ellos Vetas, California, Suratá y la zona rural de Bucaramanga.
A pesar de los cuestionamientos, sectores ambientalistas han celebrado que el Ministerio de Ambiente haya blindado 75.000 hectáreas contra actividades extractivas. No obstante, insisten en que la delimitación definitiva debe realizarse con garantías de participación, transparencia y cumplimiento pleno de la sentencia constitucional.
La decisión final sobre el futuro del proceso recae ahora en el Tribunal Administrativo de Santander, que deberá analizar si adopta medidas cautelares, avanza en un incidente de desacato o exige una ruta clara al Gobierno para poner fin al prolongado incumplimiento.
