La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra Jorge Iván Uribe Parra, representante legal de la Unión Temporal Interventoría Barichara Alumbrado Público, por presuntas irregularidades relacionadas con la supervisión de un contrato para la modernización del sistema de alumbrado público en ese municipio santandereano.

La decisión fue adoptada por la Procuraduría Provincial de San Gil, que adelanta una investigación disciplinaria para establecer si el interventor incumplió sus obligaciones de vigilancia y control dentro de un contrato de consultoría suscrito para supervisar la ejecución de un proyecto de alumbrado público en Barichara.

Según el ente de control, el proceso se centra en el contrato de consultoría No. CM-005-2017, mediante el cual se debía realizar el seguimiento técnico a un contrato de concesión relacionado con la administración, operación, modernización, reposición, mantenimiento y expansión del servicio de alumbrado público en zonas urbanas y rurales del municipio.

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El proyecto contemplaba la implementación de tecnología LED como parte de una estrategia para modernizar la infraestructura de iluminación pública y mejorar la eficiencia del servicio en la localidad. La Procuraduría busca determinar si durante la ejecución contractual existieron omisiones por parte de la interventoría que habrían impedido ejercer una vigilancia adecuada sobre el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato de concesión.

De acuerdo con la investigación preliminar, el organismo de control analiza si el representante legal de la unión temporal dejó de cumplir con los deberes inherentes a su función, situación que podría comprometer la correcta ejecución de los recursos y objetivos del proyecto. El Ministerio Público indicó que una de las principales tareas de la interventoría era verificar que las actividades contratadas se desarrollaran conforme a las condiciones técnicas, financieras y administrativas establecidas en el acuerdo.

Por esta razón, la entidad considera necesario esclarecer si hubo incumplimientos que afectaran la supervisión integral del contrato y el control de las actividades relacionadas con la modernización del alumbrado público. Dentro del proceso disciplinario también se evaluará si la conducta investigada representó una posible vulneración de los principios de transparencia, responsabilidad y economía que rigen la contratación estatal en Colombia.

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La Procuraduría señaló que estos principios constituyen pilares fundamentales para garantizar la correcta administración de los recursos públicos y la adecuada ejecución de los proyectos financiados por las entidades territoriales.

Tras valorar los elementos recopilados durante la etapa preliminar, el organismo de control calificó provisionalmente la conducta atribuida a Uribe Parra como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima.

La formulación de cargos marca una nueva etapa dentro del proceso disciplinario, en la que el investigado tendrá la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y presentar las pruebas y argumentos que considere pertinentes antes de que la Procuraduría adopte una decisión de fondo sobre el caso.