La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar para esclarecer presuntas irregularidades en el trámite de comparendos en la Dirección de Tránsito y Transporte de Girón, Santander, tras denuncias que apuntan a posibles procedimientos indebidos por parte de funcionarios de esa dependencia.
La actuación disciplinaria es adelantada por la Procuraduría Provincial de Bucaramanga, que busca verificar una queja en la que se señala que un servidor público habría indicado a ciudadanos un mecanismo presuntamente irregular para el pago de infracciones de tránsito, por fuera del procedimiento legal establecido.
Como parte de la indagación, el ente de control solicitó la práctica de pruebas con el fin de identificar a los funcionarios que habrían incurrido en estas conductas durante la vigencia 2025 y determinar si los hechos son constitutivos de falta disciplinaria.
Las denuncias se enmarcan en señalamientos más amplios sobre una supuesta corrupción sistemática al interior de la Dirección de Tránsito de Girón. De acuerdo con los denunciantes, existiría un esquema en el que agentes de tránsito imponen comparendos y luego remiten a los conductores a una empresa privada, donde podrían evitar el proceso ordinario de pago y cursos pedagógicos mediante el desembolso de una suma cercana a los 30.000 pesos.
RECOMENDAMOS: Únase aquí a la cuenta de X (Twitter) de Metropolitano
En medio de esta controversia, se han presentado episodios de tensión y confrontaciones públicas. Uno de los casos más recientes involucra a Carlos Parra, exconcejal de Bucaramanga y candidato a la Cámara de Representantes, y a Cristian Avendaño, representante a la Cámara y aspirante al Senado por el partido Alianza Verde, quienes denunciaron haber sido interceptados durante una actividad pública por personas que se identificaron como funcionarios de la entidad municipal.
Según las denuncias, uno de los agentes de tránsito señalados estaría vinculado de manera reiterada a estas presuntas maniobras, las cuales beneficiarían a una empresa privada encargada de dictar cursos pedagógicos a conductores sancionados, lo que ha despertado inconformidad entre la ciudadanía.
Parra y Avendaño aseguran que no se trataría de hechos aislados y que existirían numerosos ciudadanos afectados por la imposición irregular de comparendos, además de agresiones verbales y amenazas. Sin embargo, afirman que muchas de las víctimas prefieren no denunciar por temor a represalias.
La Procuraduría deberá ahora establecer la veracidad de las denuncias y definir si hay mérito para abrir una investigación disciplinaria formal contra los funcionarios involucrados.
