La Unidad para las Víctimas, entidad clave en la atención de más de 10 millones de colombianos afectados por la guerra, quedó en el ojo del huracán. La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación formal por presuntos malos manejos en su contratación, en un caso que salpica al senador santandereano Gustavo Moreno y al director de la entidad, Adith Romero, oriundo de Barrancabermeja.
El procurador general, Gregorio Eljach, ordenó a la Sala de Instrucción indagar de manera inmediata los hechos, la gravedad de los mismos y las posibles responsabilidades disciplinarias y penales. La decisión se conoció el 22 de septiembre, aunque las primeras actuaciones comenzaron días antes debido a la seriedad de las denuncias.
Según reveló la revista Semana, la Unidad se habría convertido en un fortín burocrático de un clan político de Santander que respalda al Gobierno Petro en el Congreso. En el centro de las sospechas está un inusual aumento en la contratación: entre julio y agosto se firmaron 530 contratos por más de 19.000 millones de pesos, con honorarios que en algunos casos superan los 15 millones mensuales.
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De ese total, 404 contratos se tramitaron desde la entidad principal por 14.287 millones de pesos y 126 a través del Fondo para la Reparación a las Víctimas por 4.921 millones. Expertos y exdirectivos advierten que este volumen de contratación solo se justifica a inicios de año o en casos de contingencia humanitaria, lo que genera sospechas sobre su verdadero propósito.
La lupa del Ministerio Público busca establecer si estos recursos fueron usados para pagar deudas políticas y preparar el terreno electoral de cara a 2026, cuando el senador Moreno aspiraría a reelegirse. Testimonios internos apuntan a presiones contra funcionarios que se oponen a la supuesta desviación de fondos.
El exdirector de la entidad, Ramón Alberto Rodríguez, calificó como irregular el comportamiento contractual del segundo semestre y pidió un escrutinio a los órganos de control. Por su parte, la Unidad de Víctimas aseguró en un comunicado que todas sus actuaciones están enmarcadas en la ley, aunque no respondió a cada señalamiento.
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En el Congreso, voces como la de la representante Marelen Castillo expresaron preocupación. “La Unidad de Víctimas, que debía proteger a millones de colombianos golpeados por la guerra, terminó convertida en un fortín político bajo el Gobierno de Gustavo Petro”, señaló.
Hasta el momento, ni el presidente Gustavo Petro ni el senador Gustavo Moreno se han pronunciado sobre el escándalo, que ya es considerado uno de los más graves dentro de la administración de recursos para las víctimas del conflicto armado.
