Una nueva alerta sobre el manejo de recursos públicos en Barrancabermeja encendió las alarmas de los entes de control, luego de que la Procuraduría General de la Nación iniciara una indagación por presuntas irregularidades en un contrato de videovigilancia que, pese a su alto costo, presentaría graves fallas en su funcionamiento.

La actuación disciplinaria, adelantada por la Provincial de Instrucción, busca establecer posibles responsabilidades de funcionarios de la Administración Distrital en la contratación, adquisición y operación del sistema de cámaras de seguridad (CCTV), cuyo valor asciende a cerca de $6.500 millones.

De acuerdo con la información recopilada, de las aproximadamente 125 cámaras instaladas en distintos puntos del distrito, solo unas 25 estarían en funcionamiento, mientras que el resto presenta fallas o se encuentra fuera de servicio, lo que compromete la cobertura y la efectividad del sistema.

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El Ministerio Público también indaga por presuntas deficiencias técnicas en la operatividad del sistema, entre ellas la falta de almacenamiento de video adecuado y la ausencia de software especializado para la administración y monitoreo de las imágenes.

Estas fallas, de confirmarse, podrían tener un impacto directo en la seguridad ciudadana, al limitar la capacidad de las autoridades para prevenir delitos y hacer seguimiento a situaciones de orden público en zonas estratégicas del municipio.

La Procuraduría precisó que la indagación se encuentra en etapa preliminar, por lo que aún no se ha establecido responsabilidad disciplinaria. No obstante, ya se ordenó la práctica de pruebas documentales y testimoniales para esclarecer los hechos y determinar si hubo irregularidades en la ejecución del contrato.