Por posibles irregularidades en un contrato para chatarrizar un lote de 1.475 vehículos declarados en abandono y adquiridos en proceso de enajenación, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el supervisor del contrato y entonces profesional especializado adscrito a la dirección general de Tránsito de Bucaramanga, Édgar Mauricio Valbuena Gómez.

Al parecer, el investigado no habría informado el incumplimiento del bilateral y, pese a ello, habría expedido un informe en el que presuntamente señaló que solo quedaba un faltante de 10 % de las obligaciones por cumplir y que “únicamente lo pendiente era la entrega de certificados de desintegración, cuando al parecer tal registro no correspondía a la realidad”.   

De acuerdo con las pruebas recaudadas tenía la obligación de pagar el valor ofrecido por los bienes objeto de subasta, transportar los vehículos hasta donde se realizaría su desintegración, realizar el proceso de chatarrización, expedir y entregar a la dirección de Tránsito de Bucaramanga el certificado de desintegración física total y evitar que, con posterioridad a la desintegración, estos automotores y sus partes sean destinados a actividades ilícitas o ilegales.

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La Procuraduría Provincial de Instrucción de Bucaramanga calificó provisionalmente la conducta del investigado como falta gravísima a título de culpa gravísima.  

De confirmarse las irregularidades, el caso podría sentar un precedente en la vigilancia de procesos de chatarrización en el país, dado que estos procedimientos buscan no solo reducir el parque automotor en abandono, sino también prevenir que las piezas de los vehículos terminen en mercados ilegales.

El expediente continuará en etapa de juicio disciplinario, en el que la Procuraduría definirá si Valbuena es responsable de las irregularidades detectadas o si logra demostrar su correcta gestión frente al contrato en cuestión.