La Procuraduría General de la Nación elevó una solicitud formal ante la Corte Constitucional para que se declaren nulos los decretos 131, 133, 135 y 137, expedidos bajo el estado de conmoción interior decretado por el Gobierno en el Catatumbo, región que atraviesa una crisis humanitaria sin precedentes por la guerra entre grupos armados ilegales.
Según el Ministerio Público, estas normativas no cumplirían con los requisitos legales establecidos, ya que dos de los funcionarios que las suscribieron no tenían la competencia para hacerlo en el momento de su firma. Se trata de Luis Carlos Reyes, quien ya no ejercía como ministro de Comercio por encontrarse en permiso remunerado, y Polivio Leandro Rosales, cuyo encargo como ministro de Agricultura había finalizado días antes de la expedición del decreto.
En los conceptos enviados a la Corte, la Procuraduría argumenta que las firmas de ambos funcionarios restan validez a los decretos. «Luis Carlos Reyes se hallaba en permiso y había sido reemplazado por Ana María Zambrano; en tanto, el encargo de Rosales culminó el 4 de febrero de 2025, conforme al Decreto 054«, detalló la entidad.
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Los decretos impugnados contenían medidas urgentes para atender la crisis en la región. El decreto 131, por ejemplo, definía el uso de recursos del Sistema General de Regalías para proyectos en zonas afectadas. El 133 abordaba temas de conectividad y comunicaciones, el 135 medidas fiscales para mitigar el impacto del conflicto en los territorios, y el 137 planteaba acciones extraordinarias para proteger a comunidades víctimas de violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
Esta intervención de la Procuraduría ocurre en un momento crítico, cuando la población civil del Catatumbo enfrenta desplazamientos masivos, confinamientos, crisis de abastecimiento y violaciones sistemáticas de sus derechos, como consecuencia de la disputa territorial entre las facciones de las Farc y el Eln.
Ahora, la Corte Constitucional deberá determinar si los decretos en cuestión permanecen vigentes o si, como solicita la Procuraduría, deben ser retirados del marco jurídico que soporta la respuesta estatal a esta grave situación.
