La Procuraduría General de la Nación inició una actuación preventiva para verificar si los medios públicos del país han sido utilizados con fines de proselitismo político, en medio de denuncias y cuestionamientos sobre el manejo de contenidos durante procesos electorales.

En el marco de esta revisión, el Ministerio Público solicitó información al sistema de medios públicos RTVC, al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y al Consejo Nacional Electoral (CNE), con el fin de evaluar el cumplimiento de los principios de pluralismo informativo, equilibrio y transparencia en la difusión de contenidos de interés público.

La actuación es adelantada por la Tercera Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, luego de diversos pronunciamientos y denuncias públicas que alertan sobre un posible uso de estos medios para promover determinadas posturas o actores políticos.

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Según explicó la Procuraduría, la decisión también responde a observaciones consignadas en informes de organismos internacionales, entre ellos la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, que han analizado el comportamiento de algunos medios durante procesos electorales en el país.

Dentro de las solicitudes realizadas por el ente de control se busca recopilar información sobre el funcionamiento del sistema de medios públicos, así como sus mecanismos de gobernanza, supervisión y financiación.

Igualmente, la Procuraduría pretende conocer cómo se garantiza la observancia de los principios que rigen la actividad electoral y el pluralismo informativo, aspectos considerados fundamentales para el adecuado desarrollo de la democracia.

El Ministerio Público aclaró que esta actuación preventiva no tiene como objetivo evaluar ni interferir en la línea editorial de los medios de comunicación, ni en el ejercicio de la actividad periodística.

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En ese sentido, el organismo recordó que el trabajo de los medios está protegido por los principios constitucionales de libertad de expresión, independencia periodística y autonomía editorial.

La información solicitada permitirá a la Procuraduría analizar si existen garantías suficientes para que los medios públicos mantengan un tratamiento equilibrado y plural en la difusión de contenidos de interés para la ciudadanía.

Este proceso de verificación se desarrolla en un contexto de creciente debate sobre el papel de los medios públicos en la difusión de información política y su impacto en los procesos democráticos del país.