Procuraduría sacude el Congreso: suspende a Gloria Arizabaleta y a Agmeth Escaf en medio de dos fuertes controversias

La Procuraduría suspendió provisionalmente a Arizabaleta y Escaf por dos controversias que agitan el escenario político y electoral del país.

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La Procuraduría General de la Nación tomó este jueves una de las decisiones disciplinarias más contundentes de los últimos meses al suspender provisionalmente a dos congresistas involucrados en polémicas de alto impacto político: Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, y Agmeth Escaf, integrante del Pacto Histórico.

La primera medida recayó sobre Gloria Arizabaleta, quien fue separada de su cargo mientras avanza una investigación disciplinaria relacionada con el controvertido auto en el que pretendía solicitar la suspensión temporal del presidente Gustavo Petro por presunta participación indebida en política.

La decisión fue adoptada por la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría, con ponencia del procurador delegado Esiquio Sánchez, quien consideró necesario apartar a la congresista de sus funciones para evitar que su posición dentro de la Cámara pueda influir en el proceso disciplinario que se adelanta en su contra.

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La controversia se desató luego de que se conociera un documento en el que Arizabaleta planteaba apartar temporalmente del cargo al jefe de Estado. Horas más tarde trascendió que el texto correspondía a un borrador que aún no había sido presentado formalmente ante los demás integrantes de la comisión y, por tanto, carecía de efectos jurídicos.

Sin embargo, la explicación no logró frenar las críticas. Diversos expertos señalaron que la representante habría recurrido a un procedimiento sin competencia legal para adoptar una decisión de tal magnitud, lo que podría configurar una falta disciplinaria gravísima e incluso eventuales responsabilidades penales.

En el auto que sustenta la suspensión, la Procuraduría advirtió que una limitación impuesta al presidente sin las competencias y formalidades exigidas por la ley afecta derechos fundamentales relacionados con la participación democrática y la representación política de millones de ciudadanos.

La suspensión de Arizabaleta se extenderá hasta el próximo 20 de julio de 2026, fecha en la que culmina el actual periodo legislativo y se instala el nuevo Congreso de la República.

Mientras tanto, la Procuraduría también anunció una segunda decisión que generó repercusiones en el escenario político nacional: la suspensión provisional del congresista Agmeth Escaf por declaraciones realizadas contra el candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

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Abelardo De la Espriella, candidato presidencial.

Según el organismo de control, Escaf habría incurrido en expresiones irrespetuosas durante una entrevista concedida a Blu Radio el pasado 9 de junio, cuando afirmó que el aspirante presidencial “se comporta prácticamente como la perra de los Estados Unidos”. Para la Procuraduría, este tipo de manifestaciones podrían constituir una grave falta disciplinaria al afectar el debate democrático y vulnerar principios de respeto dentro de la contienda electoral que vive el país.

La entidad resolvió suspender al congresista desde la expedición de la providencia y hasta el 21 de junio de 2026, día en que se celebrarán las elecciones presidenciales de segunda vuelta. Además de la medida cautelar, el Ministerio Público ordenó la apertura formal de una investigación disciplinaria para determinar si las declaraciones de Escaf vulneraron los deberes que le corresponden como servidor público.

La actuación disciplinaria se produjo después de una queja presentada por Pablo Bustos Sánchez, presidente de la Red de Veedurías de Colombia y coordinador internacional de Veedores Sin Fronteras, quien solicitó investigar las expresiones del congresista.

Hasta el momento, Agmeth Escaf no se ha pronunciado públicamente sobre la decisión. No obstante, la suspensión no altera su condición de senador electo para el próximo periodo legislativo.

Las dos determinaciones adoptadas por la Procuraduría ocurren en un momento de alta tensión política y electoral en el país, y vuelven a poner en el centro del debate los límites de la actuación de los congresistas, el respeto por las instituciones y el alcance de las medidas disciplinarias en medio de la recta final hacia las elecciones presidenciales.

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