La Procuraduría General de la Nación impuso una sanción disciplinaria al exalcalde de Curití, Ángel Miguel Triana Sánchez, tras concluir que durante su administración asumió funciones que no le correspondían en un procedimiento relacionado con la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) del municipio.

Según el fallo de primera instancia emitido por la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de San Gil, el exmandatario, quien estuvo al frente de la Alcaldía entre 2020 y 2023, adelantó de manera directa un proceso de restitución y protección de bienes inmuebles sobre el predio La Lajita, donde opera la PTAP administrada por la Corporación de Servicios de Acueducto y Alcantarillado (Corpacur).

El organismo de control estableció que Triana Sánchez omitió el trámite legal que debía surtirse ante la Inspección de Policía, autoridad competente para iniciar las actuaciones policivas en casos relacionados con presuntas afectaciones a bienes de uso público, de utilidad social o destinados a la prestación de servicios públicos.

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Para la Procuraduría, la actuación del entonces alcalde constituyó una extralimitación en el ejercicio de sus funciones y vulneró el principio de moralidad administrativa. Por esta razón, la conducta fue calificada como una falta grave cometida con culpa gravísima.

Como resultado de la decisión disciplinaria, el exfuncionario fue sancionado con suspensión por cuatro meses. Sin embargo, debido a que actualmente no ocupa el cargo, la medida fue convertida en el pago equivalente a los salarios que devengaba al momento de ocurrir los hechos.

La decisión hace parte de las acciones de vigilancia y control disciplinario que adelanta el Ministerio Público para garantizar el cumplimiento de las competencias legales por parte de los servidores públicos.