Una nueva jornada de protestas volvió a afectar la movilidad entre Santander y el centro del país. Este lunes 16 de marzo comunidades y transportadores bloquearon varios puntos de la vía Bucaramanga–Bogotá para exigir al Gobierno nacional la intervención urgente del corredor vial.
Las manifestaciones se concentran principalmente en los peajes ubicados en la ruta San Alberto–Bucaramanga y San Gil–Barbosa. Uno de los puntos más visibles del bloqueo se registra en el peaje de Curití, donde los manifestantes instalaron el plantón.
De acuerdo con los voceros de la protesta, la movilización hace parte de las acciones que desde octubre de 2025 adelantan transportadores y habitantes de la región para reclamar mejoras en el estado de la carretera.
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Desde entonces, los manifestantes han levantado las talanqueras de varios peajes como forma de presión, argumentando que los recursos recaudados no se reflejan en obras de mantenimiento y mejoramiento del corredor.
Los manifestantes aseguran que el deterioro de la vía ha generado dificultades para el transporte de carga y pasajeros, además de aumentar los riesgos de accidentes en varios tramos del corredor.
El contrato vigente para el mantenimiento del corredor Zipaquirá–Barbosa–Bucaramanga–San Alberto fue adjudicado en agosto de 2025 y asciende a 26.679 millones de pesos.
Con estos recursos se debe realizar el mantenimiento de diferentes tramos de esta vía nacional que conecta a más de 500 kilómetros de carretera entre los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Santander y Cesar.
Sin embargo, para las comunidades esta inversión resulta insuficiente frente a las necesidades del corredor, que desde hace años presenta deterioro en varios sectores.
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Otro de los proyectos planteados para mejorar la infraestructura es el convenio denominado Vías de los Comuneros, firmado a finales de 2024 en Cúcuta entre las gobernaciones de Santander, Boyacá, Norte de Santander y Cesar, con el respaldo del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías (Invías).
La iniciativa busca captar durante 20 años los recursos de los peajes del corredor para financiar obras como variantes, terceros carriles y mantenimiento vial, con inversiones que podrían superar los 2 billones de pesos.
Paralelamente, también se han promovido acciones judiciales para presionar la intervención del corredor.
Mientras avanzan estas gestiones, las comunidades aseguran que continuarán con las jornadas de protesta hasta obtener compromisos concretos del Gobierno para la recuperación de una de las vías más importantes que conecta el nororiente colombiano con Bogotá.
