La iniciativa que busca erradicar la mutilación genital femenina en Colombia recibió un respaldo unánime en la Comisión Primera del Senado el pasado 25 de marzo, quedando a un solo debate en la plenaria de la Cámara alta para convertirse en ley de la República.
Este proyecto, que propone un abordaje preventivo e intercultural, busca sacar al país de la lista de naciones que aún permiten esta forma de violencia contra la salud y la vida de las niñas.
La propuesta legislativa, identificada como el proyecto 440 de 2025 en Senado, fue impulsada por las congresistas Jennifer Pedraza, Alexandra Vázquez, Clara López, Carolina Giraldo y Angélica Lozano. Pese al avance, el Congreso enfrenta un plazo crítico, ya que el trámite debe finalizar antes del 20 de junio para evitar que el proyecto se hunda por vencimiento de términos.
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La práctica, definida como la extirpación parcial o total de los genitales externos por razones no médicas, conlleva riesgos letales inmediatos como hemorragias e infecciones, además de secuelas permanentes que incluyen complicaciones obstétricas y trastornos psicológicos como el estrés postraumático.
Durante su discusión en el tercer debate, la senadora Clara López actuó como ponente de una iniciativa que ha sido construida en concertación directa con representantes del pueblo emberá para asegurar un enfoque de respeto y diálogo.
En el ámbito político, el debate ha contrastado diversas visiones sobre cómo abordar esta práctica: mientras las senadoras Aida Quilcué y María José Pizarro insistieron en la importancia de evitar la estigmatización de los pueblos indígenas, los senadores Carlos Fernando Motoa y Jota Pe Hernández manifestaron su preocupación por la falta de sanciones penales que incluyan penas de prisión.
A diferencia de otros intentos legislativos, este proyecto no contempla medidas punitivas, sino que se centra en la concientización, la educación sexual y la protección de la niñez desde una perspectiva integral. Juliana Domicó, representante de la Confederación Nacional de los Pueblos de la Gran Nación Emberá, ha confirmado que las organizaciones indígenas están articulando esfuerzos para respaldar este avance definitivo.
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El panorama estadístico refuerza la urgencia de esta ley, pues Colombia es el único país de América Latina donde se ha documentado la persistencia de esta práctica, afectando principalmente a niñas indígenas menores de un año en departamentos como Risaralda y Chocó.
Aunque las cifras muestran una tendencia a la baja —con 91 casos en 2023, 54 en 2024 y 39 en 2025—, el acumulado entre 2020 y 2025 asciende a 204 casos documentados. El año 2023 fue particularmente crítico, registrándose un caso cada cuatro días, con una concentración alarmante de 50 registros solo en el municipio de Pueblo Rico, Risaralda.
A nivel internacional, la situación se enmarca en una problemática global que afecta a más de 230 millones de mujeres y niñas, según datos de Unicef.
La senadora Aida Quilcué enfatizó que estas acciones no constituyen cultura, sino que representan el horror en la vida de las mujeres colombianas, reafirmando la necesidad de contar con esta herramienta legal para proteger los derechos humanos fundamentales.
