La construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, PTAR Río de Oro, la necesidad más urgente que tiene Bucaramanga en materia ambiental, no está en los planes del Gobierno nacional.
A pesar de que por fin cuenta con licencia ambiental, el proyecto, que busca descontaminar el río que lleva el mismo nombre, que ha recibido por décadas las aguas negras de Bucaramanga y Girón, sigue contracorriente debido a la falta de recursos para su ejecución.
El megaobra, que requiere una inversión de $1,3 billones de pesos, no fue incluida en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2026, lo que significa que terminará el gobierno Petro y será solo una ilusión para Santander, pues había sido incluida en el Plan Nacional de Desarrollo pero no obtuvo financiación.
Luego de cinco años de haber iniciado la fase precontractual, el pasado 27 de agosto la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, otorgó el permiso ambiental para que la Empresa Municipal de Alcantarillado de Santander, Empas, pueda poner en marcha la construcción de la PTAR, que deberá tratar el 92 % de las aguas sucias de Bucaramanga y el 95 % de Girón.
Si bien el licenciamiento ambiental es un paso importante, hacer realidad esta trascendental obra aún está muy lejos pues, aunque fue incluida en el Plan Plurianual de Inversiones del Gobierno nacional, no hay luz verde para los recursos.
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Apenas unas semanas después de que se anunciara con gran despliegue regional la consecución de la licencia ambiental, los bumangueses recibieron un golpe de realidad, la Ptar Río de Oro volvió a quedar por fuera del Presupuesto General de la Nación.
De hecho, para el próximo año, el Gobierno Petro solo invertirá $7.759 millones como apoyo financiero para facilitar el acceso a los servicios de agua potable y manejo de aguas residuales en Santander, una cifra ínfima frente a los $1,3 billones que se requieren para la megaobra de saneamiento básico.
Para tener una idea de lo insuficientes que resultan los recursos para Santander en esta materia solo hay que revisar el costo de los estudios y diseños para la construcción de la PTAR, que fueron contratados por Empas y la Corporación Autónoma para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb, para lo cual se invirtieron 11 mil millones de pesos, es decir, casi el doble de lo que pretende destinar el Gobierno nacional en este ítem el próximo año para todo el departamento.
Aunque las directivas de la empresa de alcantarillado afirman que los recursos sí se gestionarán, expertos y congresistas se mantienen escépticos en que el megraproyecto sea viabilizado financieramente antes del 2026, sin tener en cuenta el cambio de gobierno que deberá darse en agosto.
Todo esto se suma a la problemática social que vive el sector escogido para construir la planta, donde hay unas 280 familias ocupando ilegalmente los predios.
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Historia de una licencia truncada
Tras cerca de dos años de trámite (entre ellos quince meses suspendido), finalmente el pasado 27 de agosto la ANLA expidió la licencia ambiental para la ejecución del proyecto de la PTAR del Río de Oro.
Si bien el proyecto está previsto desarrollarse en dos predios ubicados en la vereda Bocas, zona rural Girón, razón por la cual la autoridad competente para expedir la licencia ambiental debía ser la Cdmb, Empas tuvo que recurrir a la ANLA toda vez que la Cdmb terminó teniendo un conflicto de intereses al ser accionista del proyecto, ya que firmó recientemente el convenio 173 a través del cual aportó más de 5 mil millones de pesos para los estudios y diseños.
Así las cosas, desde hace casi un año, el 19 de octubre del 2023, Empas radicó ante la ANLA el estudio de impacto ambiental para el proyecto de la planta de tratamiento de aguas residuales para Bucaramanga, sin embargo, no fue sino hasta mediados de marzo de 2024 que solicitó oficialmente el licenciamiento ambiental ante la autoridad nacional.
Aunque un mes después la Agencia Nacional de Licencias Ambientales dio inicio al trámite administrativo de evaluación de la licencia ambiental bajo el radicado LAV0018-00-2024, en agosto de 2024 el trámite fue suspendido indefinidamente por ANLA debido a la problemática social que se registraba en el sector de la Hacienda Río de Oro.
Según el reporte de la autoridad ambiental, justo cuando se intentaba llevar a cabo los trabajos de campo para realizar el Estudio de Impacto Ambiental, el proceso tuvo que ser suspendido ante la imposibilidad para poder ingresar al predio debido a una ocupación ilegal, desde 2022.
“Existe un problema relacionado al orden público, en el cual terceros impiden la entrada a la Hacienda, con lo cual se imposibilitan las actividades de toma de muestras y mediciones en el área de estudio del proyecto, adicionalmente genera sensación de inseguridad en los profesionales que realizarían los muestreos, al no existir medidas de seguridad suficientes que garanticen realizar las actividades”, se lee en el Auto 006433 del 12 agosto 2024.
En tal sentido, la ANLA suspendió indefinidamente el trámite de licenciamiento y le ordenó a la Empas enviar informes quincenales con la información sobre la situación de riesgo extraordinario asociado al orden público en predio Hacienda Río de Oro, por ejemplo, las condiciones relacionadas con el acceso al área del proyecto.
Además, la Empas tenía que subsanar 54 requerimientos de la ANLA en menos de dos meses.
El conflicto social es tan complejo que el proceso de licenciamiento ambiental estuvo suspendido diez meses, solo hasta el pasado 4 de junio fue reanudado. Finalmente se subsanaron los requerimientos del Estudio de Impacto Ambiental y se aprobó la licencia.
El pasado 18 de septiembre, al explicar todo el proceso para lograr la licencia, el director de la Cdmb, Juan Carlos Reyes, recordó que el convenio con Empas se firmó en 2020 y varias dificultades en para lograr el concepto favorable del Ministerio de Vivienda.
«Aparte del concepto de del Ministerio de Vivienda, se necesitaba también la viabilidad por parte de la ANLA, la autoridad máxima, para entregarnos la licencia ambiental para poder realizar esa obra”, detalló.
Falta lo más importante: la financiación
Y es que tal y como lo explicó el director de la Cdmb, si bien la licencia ambiental es un paso trascendental, es apenas el comienzo, aún falta gestionar los $1,3 billones de pesos que según la Empas se necesitan para construir y poner en funcionamiento la PTAR.
Para su construcción Bucaramanga necesita del Gobierno nacional, el costo es tan alto que requiere una inversión cercana a todo el presupuesto general del municipio, la PTAR cuesta $1,3 billones y el presupuesto municipal vigente es de $1,6 billones.
Según informó Empas, el billonario proyecto se desarrollará en dos fases: la primera con una inversión cercana a los $600 mil millones y un horizonte de ejecución de 4 años; y la segunda, con una proyección total de diez años, para lograr el tratamiento del 100 % de las aguas residuales urbanas de Bucaramanga y Girón.
No obstante, a pesar de contar con la licencia y de haber sido incluido dentro del Plan de Desarrollo del gobierno Petro, el proyecto de construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Río de Oro quedó por fuera del Presupuesto General de la Nación para el próximo año.
Así lo advirtió el representante a la Cámara por Santander, Cristian Avendaño, quien reclamó que el Gobierno Nacional una vez más le dio la espalda a Santander en materia de saneamiento básico.
“Dimos una pelea gigantesca en el Plan de Desarrollo y logramos que quedara incluida en el Plan Plurianual de Inversiones. Eso está ahí, y esa Ptar no tiene un solo peso en este presupuesto. Entonces, yo le pregunto sinceramente al Ministerio de Hacienda si alguien va a responder o si simplemente descartan esto y no pasa absolutamente nada, y si le van a quitar esos recursos a Santander, que ya estaban destinados y que se tuvieron que haber liberado”, advirtió el congresista Avendaño.
Además, hay un escenario preocupante y es que al no haber ni intenciones de destinar recursos nacionales hay riesgo que se pierda el trabajo y presupuesto investido en los estudios y licencias.
“Habría que esperar al plan de desarrollo y al presupuesto del 27. las tecnologías van avanzando y es probable que cuando se tenga la plata el diseño pueda estar obsoleto. Eso puede llegar a ocurrir”, advirtió el ingeniero Rodrigo Fernández, experto en infraestructura y contratación pública.
Contrario a lo manifestado por Avendaño y Fernández, el gerente de la Empas, César Camilo Hernández, es optimista y asegura que el proyecto comenzará a ser financiado desde el próximo año por parte del Gobierno nacional.
“Tan pronto tengamos la viabilidad técnica del proyecto nos sentaremos con el Departamento Nacional de Planeación, DNP, y el Ministerio de Hacienda a definir el monto del aporte del gobierno nacional y el Conpes con vigencias a partir del 2026«, señala Hernández .
Entre tanto, el representante Avendaño presentó una proposición para modificar el Presupuesto General de la Nación y adicionar a la sección 0301 del DNP $300 mil millones para la construcción de la Fase I de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Río de Oro.
Terrenos invadidos
Aunque la Empas informó que se contemplaron tres alternativas para establecer el lote donde se construirá la Ptar, como lo fueron los sectores de El Conchal, La Marino o El Carrizal, todos en jurisdicción de Girón y Lebrija, finalmente la entidad se inclinó por la opción de los predios conocidos como Río de Oro y Los Mosquitos, ambos ubicados en la vereda Bocas, en zona rural del municipio de Girón, a un par de kilómetros del Barrio Bavaria II, en el Norte de Bucaramanga.
Según el informe de la empresa de alcantarillado, tras la evaluación de criterios de sostenibilidad social, ambiental y gestión del riesgo, entre otros ítems, la hacienda Río de Oro, de 306 hectáreas, y Los Mosquitos, de cuatro hectáreas de extensión, eran los más adecuados para la construcción de la planta.
Pero, a pesar de lo anterior, hay un gran problema social, ya que desde hace tres años buena parte del predio ha venido siendo objeto de invasiones ilegales que se han convertido en asentamientos humanos cuyos ocupantes se niegan a abandonarlo voluntariamente y, por el contrario, están exigiendo su legalización y el suministro de servicios públicos.
Incluso, el estudio previo radicado por Empas ante la ANLA revela que al 2022 por lo menos 18 hectáreas de la hacienda Río de Oro ya estaban invadidas por el asentamiento humano.
La invasión del terreno pone en riesgo la construcción de la PTAR si se tiene en cuenta que fueron los habitantes de dicho asentamiento humano los que impidieron por cerca de un año la entrada de los funcionarios de la ANLA para las tomas de las muestras de campo para el Estudio de Impacto Ambiental, retrasando el licenciamiento por diez meses.
Entonces, la Empas suscribió un convenio interadministrativo con la Alcaldía de Girón a través del cual el municipio se comprometió declarar la utilidad pública del predio donde se va a construir la PTAR además de adelantar los procesos de restitución de tierras.
“Como parte del proceso de restitución del inmueble, el municipio de Girón adelantó una caracterización de la población que se encuentra ahí, para generar unos planes de contingencia que permitan presentar la oferta institucional que la Alcaldía tiene”, explicó César Camilo Hernández, gerente de Empas.
No obstante, el asentamiento humano de la Hacienda Río de Oro continúa ocupando el predio donde se pretende construir la Ptar y por el contrario insisten en la legalización del barrio y la oposición al proyecto de construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el sector.
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Apoderados cuestionados
A pesar de la problemática social por cuenta de la invasión de gran parte de los predios donde se pretende construir la Planta de Tratamiento, la Empas ya compró los dos lotes.
Por el predio Hacienda Río de Oro la empresa de alcantarillado pagó $12.294 millones, por un área total de 34 hectáreas aproximadamente.
METROPOLITANO estableció que un exalcalde de un municipio de Norte de Santander con líos judiciales y cuestionados contratistas de Santander aparecen como propietarios de los terrenos escogidos para el desarrollo del megaproyecto.
En los registros documentales la hacienda Río de Oro, que es el predio más grande, consta de 306 hectáreas, y actualmente es propiedad de la Urbanizadora Hacienda Rio de Oro, Urabri SAS, una firma constituida en 2016 por Constructora Esmar SAS, Luis Carlos Monsalve Caballero, Hugo Andrés Pabón Mateus, y Soljimena Monsalve Caballero, con un capital de 840 millones.
Precisamente, la Constructora Esmar SAS, que es la socia mayoritaria de Urabri SAS, con 4.200 acciones de la compañía, es propiedad del exalcalde de Arboledas (Norte de Santander) Carlos Danilo Esteban Galvis, investigado por presuntamente direccionar contratos en 2019 cuando fungía como primera autoridad en ese municipio.
Sumado a esto, en 2018 la Fiscalía imputó cargos al exmandatario por los delitos de urbanización ilegal y estafa agravada por la cuantía y en la modalidad de masa, por el incumplimiento en la entrega de apartamentos de la Urbanización Miradores de San José, en Girón, proyecto que era liderado por la Constructora Esmar SAS, socia mayoritaria de la Urbanizadora Hacienda Rio de Oro, es decir, la propietaria del predio Hacienda Río de Oro, donde la Empas pretende construir la planta de tratamiento de aguas residuales.
El proceso actualmente se encuentra en juicio oral en contra de Carlos Danilo Esteban Galvis.
Aunque en 2021 la sociedad Hacienda Río de Oro fue disuelta debido a los problemas financieros de su principal accionista, Constructora Esmar SAS, que desde el 2018 se encuentra en proceso de liquidación judicial relacionado a la estafa en la Urbanización Miradores de San José, milagrosamente en marzo del 2022, mismo año en que el Consorcio Diseños Ptar Río de Oro, realizaba los estudios y diseños, donde estaría ubicada la Ptar de Río de Oro, la firma Hacienda Río de Oro reactivó su actividad comercial, a pesar de que Esmar SAS aún continúa en su proceso de liquidación.
En dichas actas mercantiles, las directivas de la Urbanizadora Hacienda Rio de Oro revelan que la empresa ha tenido dificultades financieras por cuenta de la invasión de gran parte del terreno.
Según los oficios, a mediados de 2022 justo después de conocerse la manifestación de intención de la Empas de construir la Planta de Tratamiento en sus predios, la Hacienda fue invadida por al menos 150 familias.
“Se estaban tomando las decisiones para citarlos a una asamblea extraordinaria he informar «sobre la firmar negocio con el Empas», pero desafortunadamente el día 21 de agosto de 2022, recibimos información por parte de las personas que están a cargo de la vigilancia, cuidado y custodia del terreno que en las horas de la noche aproximadamente 150 personas ingresaron de manera abrupta al predio para invadirlo con machetes y otras armas contundentes, amenazando al personal y sacándolo de la hacienda”, se lee en el documento oficial.
Aunque al día siguiente las directivas lograron desocupar el lote con ayuda de la Policía, esa misma noche el predio fue invadido otra vez, por 250 familias quienes continúan ocupando ilegalmente la hacienda.
“Hoy hay un contrato entre el Empas para diseño y demás, que costó millones de pesos sobre este predio, y, que si se deja invadir es un problema de todos, nosotros perdemos el predio y el Empas como le sustenta a la Contraloría y la Fiscalía sobre el predio que contrataron para hacer los estudios, en la actualidad no se puede porque está invadido. Para mí las bandas criminales se enteraron que para allá iba él. No es casualidad que por más de nueve años se haya podido proteger la posesión del predio y que preciso cuando empiezan los estudios del predio lo invaden” agregan los socios.
Ante la imposibilidad de recuperar el predio las directivas decidieron colocar la Urbanizadora en proceso de liquidación mientras la Alcaldía declaraba como utilidad pública y así recibían los cerca de $1,3 mil millones por parte de la Empas.
La Empresa Pública de Alcantarillado de Santander pagó $1.500 millones por 4 hectáreas del predio Los Mosquitos, que abarca cuatro hectáreas, es propiedad de la firma IRON Constructores SAS, empresa subordinada de Valco Holding SAS, compañía de los hermanos Valderrama Cordero, megacontratistas de la Gobernación de Santander durante la administración de Richard Aguilar Villa.
Durante ese gobierno Aguilar los Valco se quedaron con varios contratos para obras de infraestructura en el departamento como el Tercer Carril entre Bucaramanga y Floridablanca, que costó $90 mil millones, y el corredor vial San Gil – Charalá – Límites, por $185 mil millones, entre otras.
Valco Holding hace parte del controvertido Consorcio RCG, que con el guiño de Sneyder Pinilla (exdirectivo de la Ungrd investigado por el escándalo de corrupción en la entidad) recibió un contrato por $180 mil millones en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd, para realizar obras de mitigación del riesgo en el sector de La Mojana, Sucre.
El Consorcio está bajo la mira de las autoridades por presuntas irregularidades en la ejecución de dichas obras, ya que varias de ellas colapsaron solo un par de meses después de su construcción.
Hasta la fecha la Empas ya ha invertido más de $20 mil millones, solo en la fase precontractual de la PTAR: $6 mil millones para los estudios y diseños, (la Cdmb aportó los $5 mil millones adicionales); y $13.796 millones en la compra de los predios en la Hacienda Río de Oro y Mosquitos, donde se desarrollará el megaproyecto.
Riesgo de desactualización
Sumado a los continuos retrasos y la falta de financiación, expertos también cuestionan la viabilidad y funcionalidad de los estudios y diseños para la PTAR.
Desde la Sociedad Santandereana de Ingenieros, SSI, se han escuchado cuestionamientos a la decisión de la Empas y la Cdmb de organizar por su cuenta los estudios y diseños sin tener en cuenta al Gobierno nacional, departamental y municipal como ocurrió en su momento.
Además de la posible desactualización de los estudios por los reiterados retrasos en los trámites de licenciamiento y financiación, se suma la posibilidad de que los diseños no sean aceptados posteriormente por el contratista.
“Lo que puede ocurrir es que recogen la plata y salen a licitar con un contrato de obra pública, el que gane diga que con ese diseño no garantiza que tengamos un buen resultado y cambie el diseño. O sea que la plata del diseño se pierde, o puede que lo haga y toda la cosa y después digan que no funcionó porque el diseño no sirvió y tengamos un ‘elefante blanco’ después de gastar más de un billón de pesos”, explicó el expresidente de la SSI, Rodrigo Fernández.
El experto considera que la Empas debió convocar una alianza público privada, APP, en la que fuera el contratista el que asumiera los costos de los estudios, diseños y la ejecución de la obra, costos que serán asumidos por la Empas según la pureza del agua que se trate en la PTAR.
Así las cosas, luego de cinco años de trámites y más de $20 mil millones de inversión, aún no es claro el panorama financiero y social del billonario proyecto de la PTAR Río de Oro, todo esto, mientras la ciudad continúa contaminando las fuentes hídricas sin mayor tratamiento.
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